Informe técnico de OSE es contrario a modificación del contrato con Uragua

Con informes técnicos contrarios y el pedido de renuncia de la mayoría del Directorio de OSE, que impulsa el gremio de este organismo, se aprobaron las condiciones económicas del nuevo contrato que suscribieron el ente y la empresa Uragua. El sindicato tampoco descarta el inicio de acciones civiles y penales.

La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) en una declaración de once puntos sostiene que las condiciones del nuevo contrato “no son producto de una negociación, sino de una imposición de la empresa, pues todos los nuevos compromisos asumidos van en detrimento de OSE y de los uruguayos. (…) Sólo se asegura la rentabilidad de Uragua. Rentabilidad que pasará por los menguados bolsillos de todos los uruguayos, incluso por la posibilidad de quiebre del organismo y que se registren nuevos aumentos tarifarios”.

En el quinto punto el gremio señala que “una vez más el Poder Ejecutivo y la mayoría del Directorio demuestran su insensibilidad a los problemas reales de los usuarios. Ya que, sólo se modifican las condiciones económicas a favor de Uragua.

Sin embargo nada se dice de lo que pasará con el suministro y la potabilización del agua, retrasándose, además, las obras de saneamiento y condenando a la sociedad fernandina, una vez más, a quedar a expensas de quienes vinieron a lucrar a nuestra patria, aun a costas de la salud de los vecinos, ya que ni uno solo de los problemas de la temporada anterior ha sido solucionado ni mejorado. El único saneamiento que tendrá Maldonado es el de las arcas de Uragua, ya que los vecinos, para tener el suyo, deberán esperar que la empresa y sus cómplices uruguayos lo decidan”.

En noveno lugar la Ffose exige la renuncia de Juan Justo Amaro y Hugo Granucci. Y, reclaman que tanto el presidente como el vicepresidente del organismo “expliquen públicamente cómo se financiará OSE y qué garantías existen de que la empresa privada dará agua potable y en condiciones aptas para el consumo humano”.

Finalmente el Secretariado Ejecutivo del sindicato anuncia que se reserva el derecho de interponer todas las medidas y denuncias, civiles y penales, que estime convenientes ante este contrato suscripto por OSE y Urugua.

Posición jurídica

El gremio del ente tomó conocimiento del informe jurídico de OSE sobre el nuevo contrato. Recuerda en primer lugar que actualmente existe un aval bancario de 20 millones de dólares, “que se afecta al fiel cumplimiento del contrato de concesión e implica que la institución bancaria debe pagar al organismo cuando éste le comunique el importe que corresponda. El cambio propuesto (aceptado por el Directorio de OSE) permite en definitiva al avalista entregar a OSE títulos de deuda pública con un vencimiento de hasta cinco años a partir de la fecha en que se presenta el reclamo. (Lo) que implica que la Administración no puede hacerse del dinero por la totalidad del importe, sino por el precio de mercado del título en cuestión”.

En segundo lugar se refiere al pago de canon mediante entrega de bonos uruguayos. Se señala que “la propuesta modifica el pago de canon actualmente vigente ­en dólares y al contado­ por la de pagar con títulos a seis meses. En igual sentido que el anterior, implica una reducción contractual importante al cancelar Uragua SA sus obligaciones por menor cantidad de dólares en efectivo, y la Administración, si necesita dinero, debe comercializar los bonos percibiendo el precio del mercado que rija en el momento de su comercialización. Dicha cláusula está propuesta para el pago del canon del ejercicio 2003 y 2004″.

El otro punto en discordia es la tasa regulatoria, la que era del 2% de la facturación del concesionario. La propuesta aceptada la ubica ahora en un 0,2%, diferencia que “ni beneficia a OSE ni beneficia a los usuarios, en la medida que esa diferencia no se vuelca en reducir las tarifas. Se trata, además, de una modificación contractual importante”.

Finalmente se afirma que “se observan tres modificaciones contractuales que se realizan en beneficio del concesionario, sin que la Administración perciba a cambio nada. Y (por el contrario) asume el costo de las reducciones que se operen”. *