COFE entregará más de 10.000 firmas en reclamo de que el gobierno cumpla la ley

Angel Batalla, presidente de COFE, le informó a LA REPUBLICA que a las 11.00 una delegación sindical le entregará al ministro Alejandro Atchugarry un petitorio con más de 10.000 firmas, en el cual se reclama un urgente ajuste salarial para los empleados públicos.

Explicó el dirigente que con la presentación de estas firmas se pone en marcha una serie de acciones en reclamo de que el gobierno cumpla con las normas legales.

Por esta razón, además, se llevará adelante una acción de amparo en los juzgados, entre otras medidas administrativas que determinan las normas vigentes.

El reclamo ante los juzgados debe ser en forma individual y previo a ello se deben seguir determinados pasos, informó Batalla. Agregó que estas gestiones irán acompañadas de medidas y movilizaciones que se van a fijar en cada ocasión por el conjunto de los gremios que integran COFE.

Ley 16.903

La Ley 16.903 del 31/12/97 establece la actualización de los salarios de los empleados públicos en función de los niveles de inflación anualizados. Si la inflación es menor al diez por ciento anual, se actualizará en períodos no menores de seis meses ni mayores de doce; si fuera inferior al 23 por ciento anual y superior al 10 por ciento, se actualizará en períodos de entre cuatro y seis meses; y si supera este último límite, el período sería igual al dispuesto en la Ley 15.809, en tres y cuatro meses.

En el mes de agosto debió funcionar la cláusula gatillo señalada en la referida norma, ya que se cumplen las dos condiciones que plantea la Ley: pasaron muchos meses del último ajuste y la inflación anualizada ya superó el 20 por ciento. Para que no hubiera más pérdida salarial este ajuste tiene que ser igual al IPC de este año.

COFE reclama que el gobierno cumpla con la ley y ajuste los salarios. Cosa que permitirá, además, el ajuste de las pasividades, pues ello implicará un aumento del Indice Medio de Salarios, variable por la cual se ajustan las jubilaciones.

MSC alerta

Los delegados de los gremios nucleados en la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSC) salieron defraudados de la reunión que el viernes mantuvieron en el Edificio Libertad con el ministro Alejandro Atchugarry y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ariel Davrieux. Esperaban los sindicalistas una respuesta concreta a la solicitud de ajustes salariales por partidas fijas y por franjas. También esperaban una contestación sobre el documento en el cual se establece un plan de reducción de gastos que permitiría que el aumento no generara un incremento de las tarifas y que se firmara un convenio colectivo.

La MSC le pide al gobierno un aumento de mil pesos líquidos para los salarios de hasta diez mil pesos (cifra que rondaría la media canasta familiar); de 500 pesos para sueldos de 10.000 a 20.000; y que no se toquen los mayores de 20.000.

Un estudio del Instituto Cuesta-Duarte que se le entregó a los miembros del Poder Ejecutivo indica que desde 1993 en los entes se firmó un convenio que les permitió a los trabajadores mantener el poder de compra al nivel de diciembre de ese año, fecha que se había tomado como base para llegar al acuerdo. Al mismo tiempo se establecieron mejoras en otros órdenes, como la incorporación de la partida de alimentación para quien no la tenía, se realizaron estudios de productividad, etcétera. En 2002 el gobierno decidió suspender el convenio y realizar los incrementos de los salarios por decreto. Ello significó en primer lugar que el ajuste que hubiera debido otorgarse en ese momento para llegar a la base de diciembre de 1993 (aproximadamente 1,5%) no se dio y ello determinó el comienzo de una constante pérdida del salario real. El ajuste de enero de 2002 de 1,5% apenas alcanzó para compensar esa cifra y por ende a partir del 1º de enero se comenzó la rebaja de salarios.

El ajuste fiscal de mayo, a través del cual se aumentó el Impuestos a las Retribuciones Personales (IRP), significó una nueva pérdida de salarios que fue variable y dependió de las franjas de ingresos. Ante esta situación, el conjunto de los trabajadores públicos no descartan el inicio de una campaña de acciones coordinadas que serán analizadas en los próximos días. *