Luis Romero, dirigente de la Federación del Caucho y del PIT-CNT, junto a los miembros del Sindicato de Funsa Julio Yarza y Enrique Romero manifestaron a LA REPUBLICA que iniciarán acciones jurÃdicas a nivel laboral y penal en procura de recuperar la importante deuda que Funsa-Titán tiene con los trabajadores. Estas instancias se intensifican debido a que en plena negociación sobre la reapertura de la planta industrial, la cual estaba acordada en el MTSS para el pasado jueves 5, según información que tiene el gremio, el propietario de la empresa se fue del paÃs.
Para los sindicalistas, la resolución judicial de prohibir que se retiraran los bienes que se encuentran en la planta industrial de Funsa y las gestiones ante la Dirección General de Aduanas para que inmovilizara los contenedores y su contenido que se pretendÃa retirar del paÃs, llevaron a que se continuara con el vaciamiento. Pero lo insólito es que “el control de que nada se saque de la empresa, más allá de las resoluciones judiciales, la debemos realizar los trabajadores. En la planta industrial existe hoy una guardia de seguridad privada que en pocos dÃas dejará de custodiar el lugar y que, además, no evita que las autoridades de la empresa puedan retirar mercaderÃa o maquinaria”, indicaron con preocupación.
Uno de los problemas que hoy tienen los trabajadores es que el principal responsable de Funsa-Titán no aparece y se encuentran con que la responsabilidad ha quedado en manos del estudio jurÃdico Mesera, Bado y Echeverry, que está ubicado en la Plaza Independencia.
Este estudio fue contratado por la empresa Titán desde Estados Unidos para llevar adelante las gestiones de Funsa.
Ante esta realidad, el gremio ha resuelto solicitar una entrevista con el MTSS, gestión que se realizó en la vÃspera, e iniciará una campaña de denuncia a todo nivel, nacional e internacional, por la situación en la que han quedado cerca de 500 familias que de forma directa dependen de la planta industrial de productos de caucho.
Los dirigentes sindicales recordaron que “la acción de vaciamiento de Funsa comenzó cuando la vicepresidencia del Directorio estaba en manos de De Posadas, ex ministro de EconomÃa y Finanzas.
En actas parlamentarias consta que la mala administración llevada adelante durante la gestión del ex secretario de Estado se perdieron cerca de dos millones y medio de dólares”.
“Posteriormente, luego de que la empresa quedara en manos de Russell Ash, la operación de vaciamiento se intensificó en Fanaesa, empresa de baterÃas ubicada en Rosario (Colonia). De este lugar desaparecieron bienes por un monto superior al medio millón de dólares”.
Sobre este tema existe un importante cuestionamiento de los trabajadores hacia la Justicia.
Explicaron que tanto la jueza de Primera Instancia de Segundo Turno como el Tribunal de Apelaciones rechazaron el pedido que presentaron los trabajadores de que se procediera a un embargo preventivo. En las dos instancias judiciales se falló en contra de los trabajadores porque se estaba ante “temores infundados”.
Lo cierto es que la planta se vació; al personal se le deben salarios y despidos, a pesar de que se habÃa acortado ante el MTSS el pago de esta deuda; se vendió el nombre de baterÃa Funsa (ahora vienen del exterior y se les pone el nombre acá); y desaparecieron las historias laborales del personal.
“No conforme con esto, se le dejó a la ciudad de Rosario un muy serio problema. Donde estaba la planta industrial quedaron más de 400 mil baterÃas enterradas, con lo que se ha contaminado toda esta zona e incluso se ha probado que el rÃo del lugar también sufre las consecuencias de contaminación con plomo”, denunciaron los sindicalistas.
En la planta de Funsa-Titán siguió el vaciamiento. “Lo peor de todo es que el gremio ha venido advirtiendo al Parlamento y a los organismos de gobierno, asà como a los distintos ministerios, sobre cómo se estaban llevando los bienes de la empresa en medio de un concordato.
Desde 1998 se han realizado todo tipo de reuniones anunciando el vaciamiento. Se trajeron trabajadores de EEUU para entrevistarse con parlamentarios y representantes de los ministerios para que supieran de primera mano quién era el propietario de Funsa-Titán, al cual el gobierno le habÃa dado ciertos privilegios”.
“Lamentablemente fue como hablarle a la pared. En todo este tiempo sólo hemos tenido el respaldo de algunos legisladores: Juan José Bentancor, Daisy Tourné, Guillermo Chifflet y Rafael Michelini. Nos encontramos con que el MTSS no tiene posibilidades legales de hacer cumplir determinadas cosas.
Pero, los que estuvieron ‘pintados’ en el vaciamiento de Funsa-Titán han sido el Ministerio de Industria, EnergÃa y MinerÃa (MIEM), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el propio gobierno en su conjunto”, afirmaron los militantes del gremio del caucho. *
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