Un presidente resistido
El candidato del peronismo encontró resistencias, sobre todo entre los partidos de centro izquierda, pero la traba se planteó al oponerse la Unión Cívica Radical a que se violentara la ley de acefalía para designar provisoriamente a un mandatario y como el resto de lo que hoy es la oposición a que se reformara la ley electoral para introducir la ley de lemas, y que constitucionalmente requiere un procedimiento especial, que será resuelto hoy por medio de una mayoría simple.
Ya se sabe que el peronismo necesita resolver sus contradicciones internas y que al no tener tiempo de designar dentro de sus estructuras al candidato presidencial, llevó sus diferencias a la elección nacional que debe hacerse el 3 de marzo. En caso de segunda vuelta entre el peronista más votado y otro candidato, habría segunda vuelta el 31 de marzo.
Metodológicamente debían ser tres asuntos tratados en forma separada, comenzando por la ley de acefalía reformada. Pero el peronismo, que tiene mayoría en las dos cámaras, pudo imponer una resolución por la cual se llama a elecciones, se reforma la ley electoral y se designa a Rodríguez Saá como presidente provisional. Para alcanzar su objetivo, pudo imponer un reglamento del año 1868 por el cual todo esto se votará hoy por mayoría simple. A la hora prevista, es probable que legisladores convencidos de la necesidad de resolverle al peronismo sus problemas, huyan puntillosamente del recinto para desbrozar la resolución comentada.
¿Qué había pasado antes del demorado comienzo de la sesión? El acuerdo alcanzado dentro del justicialismo para definir la sucesión presidencial se complicó imprevistamente, cuando el flamante oficialismo descubrió que no contaba con el número suficiente como para instrumentar la ley de lemas en la Asamblea Legislativa convocada para ayer a la tarde.
La explícita negativa del radicalismo, sumada a la del Frepaso, el ARI y los partidos provinciales, hizo reconsiderar al justicialismo, que necesita mayoría absoluta para modificar la ley electoral y la ley de acefalía, donde no está previsto el sistema de lemas para la elección presidencial.
Problemas
La dificultad de alterar la ley de lemas, que era funcional al PJ porque le permitía evitar las internas, estancó también la designación de Rodríguez Saá, porque el resto de los posibles postulantes vio en riesgo la posibilidad de participar en comicios generales.
Sin ley de lemas, el justicialismo debía resolver primero internamente cuál sería su candidato, decisión en la que debería empezar a tallar el Congreso Nacional, encabezado por Eduardo Duhalde. Esto generó mucha preocupación, especialmente en el sector cercano al gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, que teme quedar a merced de un órgano que no controla.
La otra alternativa, que sería llamar a internas partidarias en 30 días, tampoco era bien vista por el delasotismo y por el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, ya que supuestamente correrían en desventaja por falta de aparato partidario.
Ya se sabe que en la Argentina muchas cosas se resuelven charlando. Es lo que hizo el titular del Senado a cargo del Poder Ejecutivo, Ramón Puerta, sobre todo con los partidos provinciales. Sin una seguridad de que el cronograma justicialista iba a ser votado positivamente, la sesión no hubiera comenzado.
Lo irregular del procedimiento fue reconocido por la bancada justicialista. Habló el senador José Luis Gioja, pero lo justificó en razones de necesidad, para legitimar por medio de elecciones al futuro presidente, que está seguro será uno de los suyos, para «ponerse el overol» y comenzar a resolver con urgencia los problemas de la gente que salió a las calles para echar a Fernando de la Rúa, aunque se cuidó de molestar a los radicales en cuanto al origen de las culpas.
La bancada radical en la voz del senador Carlos Maestro reclamó como prioridad fijar un programa de concertación, ese que no pudo impulsar el presidente que resignó, y que la plataforma la debía llevar a cabo un presidente elegido por la Asamblea Legislativa como marca la ley de acefalía. «La gente salió a las calles espontáneamente a que se le solucionen sus problemas, no a pedir elecciones».
«Muere un régimen»
Elisa Carrió, del ARI, anticipó que su bloque, al igual que todos los de centro izquierda, no votará la ley de lemas ni al gobernador de San Luis como mandatario provisorio, porque su perfil subrayó, es muy cuestionable. En cambio avaló la necesidad de que el futuro presidente que debe completar el mandato, surja de elecciones con la actual legislación electoral. En esta línea de reflexión indicó que el peronismo lleva sus contradicciones al seno de la sociedad. «Tomemos tres meses para que resuelvan democráticamente sus problemas», aconsejó.
Carrió alertó sobre la voz de la sociedad: «Hemos sido todos cuestionados, hay que fundar una nueva República». A su entender, lo nuevo ya comenzó dolorosamente a parir, para dar final ominoso al régimen de acumulación y distribución vigentes hace mucho tiempo y pidió cambios profundos en el sistema económico y en las instituciones, especialmente de la Corte Suprema que avaló persistentemente la impunidad.
Reclamó prioridades, como un urgente plan alimentario, subsidios para desocupados y que ninguna casa, campo o vivienda pueda ser rematada por deudas como buscan los «bancos que saquearon al país».
En tanto Rodríguez Saá decidió designar un gabinete peronista y ejecutivo con menos ministerios que el que utilizó el presidente anterior. Su jefe de gabinete será el ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, que en su juventud fue dirigente peronista de izquierda y es ahora diputado nacional.
El inminente presidente provisional se cuidó de darle un lugar al menemismo, la secretaría de Turismo, Deporte y Cultura a Daniel Solí. Además, el ex gobernador de Santa Fe, José Maria Vernet sería titular del Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores unificados; el duhaldista Rodolfo Frigeri (Hacienda); el también ex gobernador, el mendocino Rodolfo Gabrieli (Interior); Juan José Alvarez, hombre de Ruckauf (secretario de Seguridad); el abogado del movimiento judío Memoria Activa, Alberto Zuppi (Justicia).
De esta manera se disolverían las carteras de Salud, Educación y Acción Social, que pasarían a ser organismos coordinadores, y los recursos serían manejados directamente por las provincias.
Se espera que una delegación sea enviada a Washington para negociar con el gobierno norteamericano y el FMI. *
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