Se reinicia en Argentina el juicio por el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz

as viudas e hijos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los dos legisladores uruguayos asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976, presentaron ayer, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una querella penal ante el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, para que continúe la investigación que determine la responsabilidad de los militares y civiles, argentinos y uruguayos, implicados en el crimen.

El documento, integrado a la causa en que se indagan los crímenes cometidos por la dictadura en la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército argentino, solicita se diligencie una serie pruebas y reclama que se cite a prestar declaración indagatoria «a quienes resulten autores, cómplices o partícipes necesarios de los delitos que se denuncian», para que oportunamente «se dicte el procesamiento de quienes resulten responsables de los hechos denunciados, así como de todos aquellos que surgiesen con el correr de la investigación».

El extenso relato de los hechos presentado ante la Justicia argentina, que LA REPUBLICA publica textualmente, concluye con la afirmación de que «resulta claro que el asesinato del senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz consistió en una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad e inteligencia de Argentina y de Uruguay».

La denuncia coloca como autores uruguayos del homicidio al ex presidente Juan María Bordaberry, al ex canciller Juan Carlos Blanco, al ex ministro del Interior, general Hugo Linares Brum, al ex ministro de Defensa, Walter Ravena, y a los entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, general José D. Cardozo, y Comandante de la División Ejercito IV, general Gregorio Alvarez, así como a los comandantes en jefe del Ejército, general Julio César Vadora, de la Marina, vicealmirante Víctor González Ibargoyen y de la Aviación, brigadier general Dante Paladini.

En el listado de responsables uruguayos también se incluye a los militares Ernesto Rama, Jorge Silveira, Guillermo Ramírez, José Arab, Juan Rodríguez Buratti, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Enrique Martínez, Pedro Matto y el granadero Ricardo Medina, integrantes de los servicios de Inteligencia que participaron de operativos represivos en Buenos Aires.

También se denuncia la complicidad de los mandos represivos que entonces tenía la dictadura argentina: el Ministro del Interior, general Eduardo Harguindeguy, y los militares o miembros de servicios de Inteligencia: Carlos Suárez Mason (con prisión preventiva por estos crímenes), Jorge Olivera Rovere, Roberto Terrile, Carlos Tepedino, Carlos Michel, Eduardo Cabanillas, Eduardo Ruffo, Miguel Angel Furci, Raúl Guglielminetti y Cesar Enciso, entre otros.

«Señor Juez, estos hechos de desaparición forzada, tortura y homicidio agravado en el marco del terrorismo de Estado de las dictaduras militares bajo la coordinación represiva del Plan Cóndor, constituyen inequívocamente delitos de lesa humanidad que adquieren especial relevancia por ser las víctimas representantes legítimos del pueblo uruguayo. Impone un mayor compromiso en la búsqueda de la verdad y la justicia; que el sólo transcurrir del tiempo no mitigará», concluye el escrito.

La querella esta firmada por Elisa Dellepiane de Michelini y sus hijos Elisa, Margarita, Luis Pedro, Isabel, Zelmar, Cecilia, Rafael, Felipe y Graciela, y por Matilde Rodríguez de Guitérrez Ruiz y sus hijos, Juan Pablo, Facundo, Magdalena y Mateo.