España dará papeles a familiares y víctimas de atentados

El gobierno conservador español, que en los últimos años endureció la legislación sobre inmigración, anunció ayer viernes que dará papeles a familiares y víctimas de la matanza de Madrid que están en situación irregular en España, cuando faltaban dos días para las elecciones generales.

«He dado instrucciones al ministerio del Interior para que con carácter extraordinario proceda a la regularización de la situación de todas las víctimas de los atentados de ayer (jueves) y de sus familias, que pudieran encontrarse en situación irregular», anunció a la prensa el presidente del gobierno español, José María Aznar.

«Ningún factor añadido debe agravar las consecuencias de este atentado para quienes lo han sufrido», afirmó Aznar ayer viernes, antes de anunciar que su gobierno otorgará la nacionalidad española a las víctimas y familiares directos. «El consejo de ministros ha acordado conceder a solicitud de los afectados la nacionalidad española a las víctimas y los familiares directos» de quienes se vieron involucrados en la cadena de atentados que golpearon a la capital española en una hora punta, cuando la gente va a trabajar.

Tras el anuncio de Aznar, el ministerio de Justicia puso en marcha un equipo de trabajo que se coordinará con la oficina de atención a las víctimas, del ministerio del Interior, indicaron fuentes oficiales.

«Podemos y debemos evitar que nadie tenga cualquier sensación de desamparo, cualquiera que sea su situación, su nacionalidad y sus circunstancias familiares o sociales», afirmó el presidente del gobierno español que agradeció las muestras de solidaridad de todo el mundo tras el peor atentado nunca antes cometido en España.

Paradójicamente, a fines de diciembre pasado en España entró en vigor una nueva Ley de Extranjería, cuya tercera reforma había anunciado el propio Aznar siete meses antes, en plena campaña electoral para las regionales del 25 de mayo de 2003.

Entre otras medidas para luchar contra la inmigración irregular, esa nueva norma exige a las compañías aéreas que comuniquen la lista de pasajeros antes de su partida para que el gobierno verifique su regreso una vez cumplido el plazo legal del visado de turista.

Sindicatos y asociaciones de inmigrantes fustigaron dicha ley porque «amenaza» los derechos fundamentales, «condena a la invisibilidad a los inmigrantes irregulares» y es un «ataque al Estado de derecho».

En España viven 2,5 millones de extranjeros, de los cuales 600.000 son latinoamericanos en situación legal. *