Proponen pagar asignaciones a más de 360.000 niños pobres

La propuesta fue presentada en la pasada jornada, en el marco de un foro de debate sobre políticas para la infancia y la pobreza, cuya organización corrió por cuenta de los representantes de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y Fesur.

La iniciativa se originó en un informe redactado por los economistas Gabriel Lagomarsino, Andrés Vigorito y Rodrigo Arim, conjuntamente con la socióloga Leticia Pugliese, mediante el cual se intenta explicar la situación de la niñez uruguaya en el marco del sistema de seguridad social.

En base a datos extraídos de la encuestra continua de hogares preparada por el Instituto Nacional de Estadística, se concluyó que en nuestro país hay actualmente 360.900 niños en situación de pobreza.

Asimismo, el informe destaca la importancia que la prestación de asignaciones familiares podría tener en el eventual mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de estos menores en situación de riesgo social.

Cabe destacar que la actual cobertura del sistema de asignaciones familiares alcanza al 43% de la totalidad de los menores que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza, es decir 155.400 niños.

La iniciativa, que parte del convencimiento de que la extención de este beneficio sería vital para el desarrollo educativo y la salud de los menores, propone ampliar esta prestación a los 205.500 menores pobres restantes. Plantea, además, que el monto de esta prestación, que en la actualidad asciende a U$S 14,40 aproximadamente –un 16% del salario mínimo nacional– sea duplicada en el caso de los hogares pobres.

De aceptarse la propuesta, cada niño que vive en un hogar con ingresos por debajo de la línea de pobreza, tendría una prestación de US$ 28,80.

Los autores del proyecto plantean la posibilidad de que esta medida se aplique en forma paulatina, extendiendo en primer término el monto de la prestación actual a los 205.500 menores que no lo reciben y duplicándola en una segunda instancia.

Teniendo en cuenta los costos de esta política para el Estado, Lagomarsino planteó la posibilidad de que la medida sea financiada con las comisiones que el Banco de Previsión Social debe cobrar a las las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), por la transferencia de los montos de los trabajadores cotizantes. Esta comisión, que rondaría los 200 millones de dólares, es una suma que el BPS debería cobrar por ley a las administradoras privadas y que hasta el momento no ha efectivizado.

Marco Social

En otro orden, se señala que la concurrencia a centros educativos y de salud no debería ser un requerimiento excluyente para el acceso al sistema de Asignaciones Familiares.

Los autores del proyecto señalan que en estos casos sería una «buena medida» brindar de igual modo la prestación monetaria y trabajar con la colaboración de los asistentes sociales, para que los menores sean posteriormente integrados a los sistemas de salud y educativo.

Este nuevo sistema de asignaciones familiares podría estar coordinado por el conjunto de organismos estatales vinculados al tema de la infancia: Banco de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional del Menor, Administración Nacional de Educación Pública, así como las intendencias municipales de todo el país. El informe sobre infancia y seguridad social y la propuesta de extensión del beneficio de asignaciones familiares, serán discutidos en la presente jornada, durante los talleres organizados por el foro.

Los trabajos comenzarán a las 9 horas en las Instalaciones del Centro de Vendedores y Viajantes y se extenderán hasta mañana.