Gallo cuestionó fallo judicial sobre Aldeas de la Bondad

El diputado Luis José Gallo cuestionó el fallo del juez Gerardo Peduzzi, que condenó a dos ex funcionarias del hogar Aldeas de la Bondad a seis meses de prisión, por «difamación» a la institución en la que desempeñaron tareas. El representante afirmó que la decisión judicial «no da un mensaje positivo a la sociedad», añadiendo que «llama poderosamente la atención» que se haya procedido a la condena sin esperar el fallo del juez Pedro Hackenbruch en la denuncia presentada por el Instituto Nacional del Menor contra el citado establecimiento.

El diputado asambleísta dijo a LA REPUBLICA, que el fallo judicial en el caso Aldeas de la Bondad «crea la duda y desestimula a los ciudadanos al momento de denunciar hechos, de los que se tienen evidencias reales y graves», señalando que quienes dan a conocer la situación terminan siendo condenados por difamación.

El representante manifestó que en las instancias declaratorias «faltaron testimonios», agregando que de los testigos que acudieron, «algunos no testimoniaron toda la verdad por miedos o presiones».

Dijo, además, que «llama la atención» que estando pendiente la denuncia realizada por el Iname en el Juzgado Penal de 7º Turno, se haya procedido a la condena por difamación sin esperar el fallo.

Asimismo, manifestó su «absoluta solidaridad» las dos procesadas, señalando que ambas «demostraron la enorme valentía como mujeres y madres, de hacer conocer un hecho que hería su sensibilidad».

Gallo fue quien acompañó a las dos ex funcionarias de Aldeas de la Bondad, Silvia Rito y Sylvia Monua, cuando el 15 de octubre, a través de LA REPUBLICA, denunciaron al Hogar Aldeas de la Bondad, acusando a la institución de «maltratar, atar y medicar inadecuadamente» a los chicos con alteraciones mentales allí internados.

El legislador cursó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, solicitando información en torno a la habilitación y metodología de trabajo de Aldeas de la Bondad.

En el informe posteriormente enviado por el MSP, se señala que no se encontraron elementos directos o indirectos que pudieran demostrar la existencia de violaciones a los derechos de estos pacientes.

Por su parte, Luis José Gallo consideró que hay algunos elementos que «ponen en duda el normal funcionamiento de la clínica», resaltando la falta de habilitación del MSP, así como de controles inspectivos por parte de la Inspección Nacional del Psicópata.

El informe considera que debe «ser mejorada la periodicidad de visita del psiquiatra» a la institución radicado en Salto y a las instalaciones de Montevideo.