La doctrina del olvido

El coordinador general del Servicio de Paz y Justicia Uruguay, Raúl Martínez, acusó al gobierno presidido por Julio María Sanguinetti de aplicar el "mecanismo mágico del olvido" en el tema de los desaparecidos durante la dictadura, afirmando que si la administración anterior hubiera tenido voluntad, en 15 días localizaba a la nieta del poeta argentino Juan Gelman. Reclamó una solución para los familiares de desaparecidos, que a su juicio necesitan un lugar donde llorar a sus muertos.

En la apertura de las jornadas de reflexión sobre Jubileo y Derechos Humanos organizadas por el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Sedhu), donde sacerdotes, pastores y un rabino estarán aportando sus conocimientos bíblicos en el análisis de la sociedad, Raúl Martínez, integrante de Serpaj, presentó un diagnóstico sobre la situación de las personas detenidas desaparecidas y del sistema carcelario en nuestro país.

Con respecto a los desaparecidos, explicó que después del plebiscito de la denominada Ley de Caducidad, la demanda por esclarecer el tema tuvo un momento de decaimiento, que fue recuperándose hace cinco años.

Recordó que esta norma tiene dos polos centrales: el perdón de los militares y policías que violaron los derechos humanos al renunciar el Estado a ejercer su pretensión punitiva, y la investigación sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. “La primera parte se cumplió maravillosamente y en forma inmediata. Sin embargo, poco se hizo por resolver el artículo 4º, quedando la investigación a fojas cero”, indicó Martínez. Enfatizó que el tema permaneció presente en la sociedad, recordando las multitudinarias Marchas del Silencio de los 20 de mayo.

El coordinador de Serpaj afirmó que en Uruguay no existe militar alguno acusado de violar los derechos humanos, mientras que, aún con dificultades, en Argentina y Chile se procesó a oficiales de las fuerzas armadas. Incluso en Paraguay se denunció públicamente el comportamiento genocida de las dictaduras. Criticó al gobierno encabezado por Julio María Sanguinetti, acusándolo de “utilizar el olvido como forma de alcanzar la paz” y renunciar a la justicia. “Con el manto de silencio se pretende la muerte de una generación de militares y civiles para que queden en el olvido”, acotó Martínez. Comparó la actitud del presidente Jorge Batlle con la de Sanguinetti, afirmando que el actual mandatario manifestó, antes de asumir, su disposición a buscar una solución al tema, mientras que su antecesor si quería en 15 días encontraba a la nieta de Juan Gelman. Consideró que por las reducidas dimensiones geográficas del país y la fluidez en las comunicaciones, no sería difícil tener información que permitiera esclarecer el tema. Más allá de las propuestas de declarar muertos a los desaparecidos y de una reparación económica a sus familiares, el representante de Serpaj consideró prioritario saber la verdad de lo ocurrido, ya que, según opinó, desde el punto de vista humanitario, los familiares necesitan tener un lugar donde llorar los restos de sus seres queridos. Abogó por no apostar al olvido como forma de evitar que se repitan las tragedias del pasado, recordando que tal cual sucedió luego de la dictadura de Gabriel Terra, se quiso hacer pensar “que en los regímenes militares en Uruguay no hubo desaparecidos ni muertos y que lo mejor era aplicar el mecanismo mágico de olvidar”.

Concepción represiva

Con relación a la situación del sistema carcelario, Raúl Martínez desarrolló un breve análisis, recordando una sucesión cíclica de motines, represión, intentos de fuga y toma de rehenes. Concluyó que “a pesar de abundar en diagnósticos del aparato estatal sobre los presos en Uruguay, todavía no se tomaron las medidas pertinentes para la rehabilitación de la persona”.

Señaló que más allá de las buenas intenciones de un ministro, dentro del sistema se instaló una concepción represiva que fomenta el maltrato al recluso, partiendo de la hipótesis de que si un infractor entra en prisión seguramente la va a pasar mal.

Informó que, en el último año, se produjo un aumento de 1.000 personas en la población carcelaria, denunciando superpoblación y hacinamiento de los presos que, a su juicio, están sometidos a un ocio compulsivo.

Rechazó la presencia policial en las cárceles, porque entiende que dicho personal no está apto para desarrollar el trabajo de regeneración de los confinados.

Asimismo, Martínez criticó la lentitud del sistema judicial y su falta de recursos, estimando que estos factores conspiran contra el buen funcionamiento del sistema carcelario.