
El magistrado Gerardo Peduzzi, a cargo del Juzgado de 15º turno en lo penal, sentenció a seis meses de prisión a Silvia Rito y Silvyan Monúa, ex funcionarias de Aldeas de la Bondad, hogar para discapacitados mentales ubicado en Toledo, que en el mes de octubre denunciaron a los responsables de la institución de estar “incurriendo en maltratos fÃsicos y verbales” contra los internados del hogar.
Aldeas de la Bondad es una organización no gubernamental con sede establecida en el departamento de Salto y filiales en varios puntos del paÃs y que atiende a personas con alteraciones mentales y discapacidades mediante un convenio con el Instituto nacional del Menor (Iname).
Rito y Monúa denunciaron ante LA REPUBLICA (edición 15/10/99) que los jóvenes con alteraciones mentales, discapacidades intelectuales y fÃsicas internados en el hogar “eran constantemente maltratados por el personal a cargo, siendo atados de pies y manos e incluso medicados, por orden de una nurse, con fuertes sedantes sin la autorización de los médicos psiquiatras”.
Luego de la denuncia pública de las ex funcionarias, el Iname inició una investigación en Aldeas de la Bondad que “no arrojó pruebas de maltrato”. También se registraron actuaciones del Instituto Técnico Forenese y el Patronato del Psicópata, que tampoco encontraron pruebas de violencia o abusos contra los internados.
Por su parte, los responsables de la institución aludida desmintieron los hechos y denunciaron penalmente a LA REPUBLICA y a las funcionarias por difamación e injurias.
El juez Peduzzi desestimó la denuncia contra nuestro matutino y continuó adelante con la demanda a las enfermeras Rito y Monúa.
En la pasada jornada, Peduzzi condenó a las acusadas a seis meses de prisión por el delito de difamación, con el agravante de haberla realizado mediante un medio de comunicación. El dictamen fue apelado por la defensa, a cargo de los abogados Martà Dalgalarrondo y Diego Camaño, y la pena fue suspendida condicionlmente hasta la resolución final del caso.
Para el abogado Dalgalarrondo, el hecho de que la sentencia haya determinado la prisión para quienes denunciaron un caso de maltrato “tendrá un gran impacto social negativo” y pone en evidencia “lo difÃcil que resulta comprobar casos de maltrato o abuso fÃsico”.
Asimismo señaló que este caso significa un “retroceso, ya que por un lado existe un movimiento a nivel nacional para sensibilizar a la población en esta materia y por otro nos encontramos con las dificultades legales para probar los hechos”.
El abogado de las ex funcionarias concluyó que sus defendidas no tuvieron “intención de difamar, sino que quisieron defender a chicos que no pueden actuar por sà mismos por sus dificultades mentales y motrices”.
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