Mutualistas reclaman al Estado que las financie parcialmente

Agotamiento del modo de financiamiento del mutualismo, necesidad de reformar todo el sistema de salud e involucramiento del Estado en esos cambios, son los planteos que el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) presentó en un documento, la semana anterior, al subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Luis Fraschini.

El texto, al que tuvo acceso LA REPUBLICA, repasa la crítica situación de las 12 instituciones del Plenario y abre dos perspectivas de análisis para el sector mutual: una estructural y otra coyuntural.

Con respecto a la primera dice: “La discusión pública suscitada a partir de la denuncia de la crisis del sector puso en evidencia las carencias del marco regulatorio y el agotamiento del modelo de financiamiento”.

Estado y equidad

“A partir de la realidad social, demográfica, epidemiológica y económica del país, el documento concluye que en el mediano plazo deberá plantearse la discusión de la reforma de nuestro sistema de salud. Ella será necesaria –por lo menos en las áreas de financiamiento, rol de la asistencia pública y privada y estándares de calidad– para lograr una mejor respuesta del sistema en materia de equidad, calidad y eficiencia de los servicios que presta”.

Más adelante, el texto señala la tendencia mundial a que el Estado intervenga en el sector salud y en los seguros en él existentes. “La literatura especializada reconoce la existencia de distintas fallas en el mercado sanitario: información asimétrica médico-paciente, incertidumbre en cuanto a la incidencia de la enfermedad, externalidades y bienes públicos, la equidad, los bienes tutelares, etcétera. De estas fallas debe encargarse la regulación. Regular es ajustar el funcionamiento del sistema con el propósito de mejorar la eficiencia con que el mercado asigna los recursos o de aumentar el bienestar de dicha asignación. Promover una regulación adecuada, no es promover una política de defensa de la competencia. El paradigma del mercado en salud podrá asegurar la eficiencia, pero en ningún caso garantizará la equidad. Los ideales de justicia que predominan en cada sociedad –que varían de una a otra y en el tiempo– llevan a que los estados intervengan para garantizar un nivel de cobertura mínimo a todos los ciudadanos más allá de su capacidad económica o situación de enfermedad”, sostiene el documento.

Para el Plenario, los distintos niveles de riesgo de la población –mayores para los enfermos crónicos y las personas de edad avanzada y que implican mayor costo asistencial– determinan la necesidad de regular el funcionamiento de los seguros de salud. “En un mercado desregulado los seguros desarrollan políticas para captar las personas sanas y jóvenes, y rechazar o desestimular la afiliación de personas con patologías previas o de edad avanzada. Como respuesta a este problema, la experiencia internacional, particularmente en Europa, ha sido la estatización del seguro de salud; produciendo un fuerte agrupamiento de riesgos que hace más eficiente su administración. En otros países, para evitar que las personas más necesitadas de atención médica queden sin cobertura, existen fuertes regulaciones que impiden la selección de riesgos por los seguros. En Uruguay, hay disposiciones legales y decretos que dificultan la selección de riesgos en las IAMC. Esto no ocurre así en el caso de los seguros parciales, que pueden promover la afiliación de personas jóvenes y sanas. De esta manera “descreman” el mercado, en perjuicio de las IAMC que progresivamente ven aumentado su costo promedio, a causa del envejecimiento relativo de sus afiliados. Así tenemos que entre los años 1991 y 1998, en la población afiliada a las IAMC de Montevideo, el peso relativo de los mayores de 65 años subió del 13% a más del 18%; perdiéndose más de 40 mil jóvenes”.

A su vez advierten que si no se corrigen las actuales distorsiones del marco regulatorio, en el largo plazo el costo en el área de salud para el Estado será mucho mayor, “y las empresas privadas que subsistan lo harán a través de hacerse ‘eficientes’, trasladando costos de los altos riesgos en salud hacia el Estado, como ocurre en países como Brasil y Chile en la región”. Incluso, el texto remarca que en Estados Unidos, donde predominan los seguros privados, “igual existe una acción importante del Estado que ha desarrollado seguros con fondos públicos para los mayores de 65 años y para los enfermos crónicos y personas de bajos recursos (Medicare y Medicaid), que sumados representan casi el 40% del gasto de salud. Por tanto, se desprende que debe cumplir el Estado con todos los fines sociales que todas las sociedades modernas actuales de una manera u otra están obligadas a atender. De lo contrario, se deberá establecer mecanismos para que el Estado subsidie a las empresas que tienen afiliados con altos riesgos”.

La coyuntura

Fuerte desfinanciamiento y pérdidas patrimoniales, sobreendeudamiento, altos costos financieros, incorrecta aplicación y vigilancia del marco normativo por parte del Estado, creciente riesgo de cierre de instituciones, son –según el documento– las variables inmediatas de la crisis del sector mutual.

Según fuentes de LA REPUBLICA, días atrás se produjo el concordato de Centro Médico Cooperativo (Cemeco) por lo cual se llamará a junta de acreedores, quedando suspendidos todos los créditos, debiendo manejarse la institución con el dinero de caja.

Esa realidad no es ajena al documento, que señala que “el Ministerio de Salud Pública hasta ahora ha sido prescindente de los problemas del sector privado.

En nuestra opinión, esta situación llevó a un decaimiento de la función rectora y de control del Estado sobre un sector con connotaciones sociales muy importantes”.

De ahí, agrega el Plenario, que “el buen funcionamiento del sector exige una entidad reguladora y supervisora fuerte y creíble. La coordinación de las acciones de los distintos ministerios, en el marco de un plan estratégico para el sector y bajo el liderazgo del MSP, es una posibilidad” . Asimismo y concordante con las conclusiones de la comisión que funcionó desde enero a marzo pasado en el MSP, el texto se pronuncia por la creación de una “Agencia de Regulación (Superintendencia) que concentre las distintas funciones, como existe en varios países de la región”.

Un aspecto novedoso en el planteo del Plenario es la modificación del actual estatus de las cooperativas médicas que conforman la organización (de las 12, sólo una es mutualista: Midu). En esa dirección plantean una reformulación –con el agregado de un cambio legal– que involucre a los médicos integrantes de las mismas. Hoy los cooperativistas médicos mantienen con su institución una relación laboral regida por el laudo del sector y no comparten ni las pérdidas ni las ganancias que la cooperativa tenga.

“Parece necesario modernizar y adaptar nuestras organizaciones a las nuevas demandas de los usuarios y los profesionales.

Una alternativa es promover cambios estatutarios que aseguren el funcionamiento de los principios cooperativos de: integración de capital social por parte de los cooperativistas; retiro de la parte social cuando el cooperativista cesa; distribución de excedentes; asunción de responsabilidades por los resultados; exclusividad”, indica el texto.

Finalmente subraya que “el Poder Ejecutivo no tiene posibilidades de resolver en el corto y mediano plazo la situación de los servicios médicos de Montevideo a partir de la liquidación o cierre de las cooperativas médicas de Montevideo”, ya que ello produciría una crisis generalizada en el sector con costos sociales y políticos demasiado altos. Por tanto, “un requisito imprescindible sería la constitución de un ámbito de trabajo al más alto nivel entre el Poder Ejecutivo y la Coordinadora de IAMC, integrado por interlocutores con capacidad de resolver políticamente”.