Salteños pobres a la calle

Diego Fernández – Salto

La Justicia competente de Salto realizó en la pasada jornada el lanzamiento de cuatro familias asentadas precariamente en barrio Bello Horizonte, mientras se cumple con notificar en otros diez hogares del juicio de desalojo que han iniciado los hermanos Silva y Rosas, propietarios del predio ocupado, empadronado con el número 16.378.

La medida, que se ejecutó la pasada tarde por orden judicial ya había sido prorrogada en una anterior oportunidad. Estuvieron presentes el alguacil en representación del magistrado y el doctor Darío Menoni, en su calidad de asesor legal de los propietarios. La situación vivida tuvo ribetes de honda emotividad, puesto que cuatro familias, dos de ellas con niños de corta edad, quedaron en la calle con sus pertenencias. Los desalojados exhibieron carteles alusivos a su dramática situación, reclamando una solución.

En lo que podría calificarse como un acto desesperado, los vecinos afectados por la medida dirigieron una carta al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Cat, en la cual le ruegan por una alternativa viable al grave problema que les afecta. Los damnificados acusan a dirigentes políticos del oficialismo de haber sido alentados a ocupar los predios.

En la referida nota, que transcribimos a continuación, expresan al secretario de Estado que aceptaron instalarse allí «alentados por personas que irresponsablemente dijeron estar vinculados con el gobierno».

La carta dirigida al secretario de Estado establece lo siguiente: «los firmantes somos padres de familia que ocupamos una parcela en el asentamiento Bello Horizonte en el sur de la ciudad de Salto, entre las avenidas Patulé y Pascual Harriague. Desesperados por no tener vivienda, aceptamos instalarnos allí alentados por personas que irresponsablemente dijeron estar vinculados con el gobierno. Nos aseguraron que nos proporcionarían vivienda y nadie nos echaría». «Pasado el tiempo –agregan– esas personas no vinieron más y fuimos haciendo nuestras casitas. Ahora, la Justicia nos ha dado el lanzamiento. Hemos rogado una solución al señor intendente, quien nos aseguró que se lo plantearía a usted.

Como no hemos tenido respuesta y mañana comienzan a sacarnos a la calle, le rogamos por una solución. Nosotros seremos los primeros, pero luego seguirán los demás.

Todos somos gente de trabajo, aunque muchos estemos desocupados involuntariamente».

«Sr. Ministro, sabemos que usted no puede hacer milagros, pero intente algo por nosotros. Su oficina en Salto seguramente conoce el tema, y sabemos que usted ha sido informado por un diputado. Es mucho lo que dependemos de una acción solidaria. Se la rogamos. Sin más le saludamos, pidiéndole sepa disculpar esta acción casi desesperada».

Acompañan la carta, las firmas de Jhon Rosa, Carlos Daniel Correa, Emy Vargas, Alejandra Fagúndez, Judith Rosa, Washington Jaime, Patricia E. Pintos, Ventura Correa, Andrea Ferreira, Sonia Beatriz, Juan Manuel Fagúndez, Fernando Leone Correa, Eva María Correa, Miguel Suárez, Ambrosina Pintos, Célica Rossi.

Ayer, sin que se suscitara ningún incidente se produjo el desalojo. En la oportunidad, se hicieron presentes otros vecinos del barrio, portando pancartas y banderas uruguayas.

El intendente no cumplió

El dirigente del Encuentro Progresista, Felipe Carballo (26M), segundo suplente del diputado Ramón Fonticiella, dijo a LA REPUBLICA que la semana pasada mantuvo una entrevista con el intendente Manuel Barreiro, quien se habría comprometido a asegurar la permanencia de los pobladores y a ofrecer una solución.

«Sin embargo –dijo Carballo– hoy nos encontramos con el desalojo y el asesor de Comisiones Vecinales, Daniel Sosa, dijo que el municipio no puede dar una solución porque no dispone de tierras fiscales».

El dirigente reveló que se propuso que la comuna adquiriera la propiedad a la familia Silva y Rosas, que reclama unos 100 mil dólares por ella. «Tenemos conocimiento que a la menor señal de posibilidad de compra por parte de la comuna, los propietarios estaban dispuestos a parar el juicio de desalojo hasta concluir las negociaciones.

El diputado Ramón Fonticiella estuvo con el ministro Carlos Cat, a quien informó de la situación. «Eso quiere decir que Barreiro no se contactó con él para hallar una solución», destacó Carballo.

Hasta ahora la única solución que les ofreció la Intendencia es darles un corte de rancho, para que se fueran al terreno de algún familiar o amigo. Concluyó asegurando que «ante la urgencia del desalojo, el diputado Fonticiella le pidió una entrevista al intendente Barreiro, quien se la concedió recién para el viernes 31 (hoy), cuando ya los desalojos se habían producido».