En peligro de desalojo

Tras 11 años de trabajo, «con miles de sacrificios y con el poco dinero que alcanzó para levantar nuestras viviendas, ahora se nos está citando a declarar para intentar sacarnos del lugar como sea», denunciaron a LA REPUBLICA Johana Verlo y Jonny Suárez, presidenta y secretario de la Comisión Pro Barrio Riacho que nuclea a los integrantes de dicho núcleo poblacional.

La grave situación económica y la falta de recursos para acceder a la propiedad de un terreno, han determinado que más de cincuenta familias se radicaran en forma precaria en las márgenes del arroyo Tropa Vieja, en el balneario Neptunia. Incluso algunos de los vecinos llegaron a realizar los trámites correspondientes ante UTE, para obtener el servicio de energía eléctrica.

Nuestros interlocutores señalaron que el 8 de febrero de este año se hicieron presente en el lugar funcionarios policiales de la Seccional 22ª de Salinas, quienes cursaron las citaciones correspondientes. «Nos mostraron documentos probatorios de que el terreno en el que estábamos viviendo es de propiedad de la firma Neptunia SA, que iniciaría el trámite judicial para sacarnos».

Denunciaron que «a algunos de los vecinos les hicieron firmar una notificación bajo amenaza de quedar detenidos durante 48 horas si no abandonaban el lugar».

Esta situación determinó que muchas de las familias –al menos aquellas que tenían un lugar adonde ir– abandonaran el lugar. «Los que que nos quedamos decidimos aguantar lo que viniera. No podíamos dejar tirado tanto tiempo de trabajo y un lugar que nadie reclamó hasta que decidimos ocuparlo», señalaron.

Según relataron, se contrató un servicio de vigilancia 222, que no permitía ingresar el material para seguir construyendo. Posteriormente, la vigilancia fue retirada.

Los vecinos siguieron luchando por su derecho a un espacio en el que vivir.

«Continuamos con nuestras gestiones hasta lograr que nos recibiera el propio ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ingeniero Carlos Cat. El ministro tomó conocimiento de la situación, se quedó con algún documento que le dejamos y se comprometió a estudiar el tema a fondo, para encontrale una solución definitiva», destacaron nuestros interlocutores.

Sin embargo, en las últimas horas y luego del encuentro con el jerarca ministerial, los vecinos fueron citados en tandas a declarar al Juzgado de la Costa.

«Se nos quiere intimar a que desalojemos el terreno o ser procesados por usurpación, cosa que ni se nos pasó nunca por la cabeza, porque siempre tuvimos la voluntad de comprar los terrenos, pero con un sistema acorde a lo que son nuestros ingresos» precisaron.

Johana Verlo y Jonny Suárez coincidieron en la necesidad de que la situación tenga una solución definitiva. «Hoy viven 45 niños que, por una decisión judicial, pueden quedar en la calle, cuando se ha mostrado la voluntad por parte de los vecinos de comprar esos terrenos».