Control ideológico y clientelismo

En un trabajo realizado junto a otros investigadores de la Universidad de la República, Faraone destacó la estrecha y decisiva relación del poder político en la reforma educativa impulsada por el Codicen, formulando un diagnóstico de situación que, a su juicio, oculta de forma consciente la historia reciente de la enseñanza en el Uruguay.

«Reforma Educativa», libro publicado recientemente por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es un intento de comenzar a discutir desde ámbitos académicos la transformación de la enseñanza que viene llevando a cabo en nuestro país desde 1996 el Consejo Directivo Central de la ANEP.

Un artículo de la publicación, a cargo del investigador Roque Faraone, analiza la relación entre el poder político y la reforma. El autor indica que las acciones que llevan adelante las autoridades de la enseñanza «se fundamentan en un diagnóstico que denuncia, con justicia, que el sistema educativo es extremadamente ineficiente, que está deteriorado en sus bases materiales (edilicias, equipamientos), en la competencia de los alumnos, en los salarios y en varios otros aspectos, como la obsolescencia de sus contenidos».

Faraone explica que el déficit del diagnóstico oficial sobre el sistema educativo es no haber tenido en cuenta el devenir del mismo, que en nuestro país alcanzó un determinado nivel de eficiencia y luego comenzó a declinar. La mención de los mismos se vuelve imprescindible para comprender el estado de la educación.

El autor indica que la inversión en educación se redujo y con ello los salarios, por lo que los docentes debieron trabajar paulatinamente más, por ejemplo, en dos escuelas o en varios liceos. Sostiene Faraone que al no resultar ya atractiva la profesión de maestro, las autoridades de la enseñanza decidieron reducir el tiempo de formación de cuatro a tres años.

«El diagnóstico invocado para impulsar esta reforma menciona los bajos salarios como factores de ineficiencia, pero no menciona que fue el Estado el que practicó una política educativa de menosprecio de la función educativa mientras aumentaba los salarios de las Fuerzas Armadas, por ejemplo», sostiene Faraone.

Luego, el autor marca tres hitos que denuncian claramente el control ideológico sobre la enseñanza, que comienza con el período de gobierno de Pacheco Areco, en 1968. Los mismos fueron la negativa a cumplir las disposiciones legales de designar a Arturo Rodríguez Zorrilla como director de la Enseñanza Secundaria, la intervención de Secundaria, la destitución de más de 150 profesores y la aprobación en 1972 de la ley de educación, impulsada por el ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, que tuvo el efecto de centralizar las decisiones. «Los tres acontecimientos apuntaban al control ideológico, además de asegurar la recuperación del clientelismo político», asegura Faraone.

«Luego, con el régimen militar, se destituyó a centenares de docentes y se designó a otros tantos que no acreditaban las competencias necesarias, que en muchos casos permanecieron en el sistema». Para el investigador, «omitir estos dos factores en un diagnóstico no es un error, es una opción deliberada. Las fuerzas políticas patrocinadoras de la reforma no podían aceptar que se las denunciara».

Posteriormente, Faraone se aboca a detallar la relación entre la educación y el poder político, hecho que, a su juicio, no hay que ocultar, sino que cabe hacer explícito.

En cuanto a la posición del Frente Amplio, el investigador explica que era lógico que la fuerza política «señalara su reserva u oposición a la ausencia de autonomía en el gobierno de la enseñanza, con sus consecuencias de control ideológico y de clientelismo político, crónicos en el sistema educativo no universitario».

Para Faraone, el clientelismo fue reimpuesto por la ley de educación y sigue fuertemente instalado a pesar del retorno al sistema de muchos docentes destituidos y el ingreso de profesores titulados.

Explica que «una fuerza opositora progresista naturalmente debía prevenir a la opinión que, aunque hubiera iniciativas saludables en las propuestas de reformas, no debía esperarse un cambio sustancial benéfico si no se ataca la forma de gobierno de la enseñanza, que es la que perpetúa el control y la clientela».

Docentes, capital educativo

Faraone resalta el apoyo preeminente que recibió la reforma de la ANEP a través del presupuesto, frente al menguado aporte que obtuvo desde el Parlamento la Universidad de la República. «Invertir sólo en el sistema no universitario o invertir tan desproporcionadamente es una evidencia más de esos propósitos de control ideológico y de clientelismo político», afirma el ensayista.

Tras señalar este aspecto, Faraone marca la fuerte presión que un país pequeño como el Uruguay tiene del exterior y su destino político de adecuación a ella. «Parecería utópico aspirar a transformaciones más coherentes, profundas y sistemáticas que las que han sido presenciadas. Esta es la actitud implícita de muchos ‘pragmáticos’ que consideran que es una ocasión de movimiento del sistema que debe ser aprovechada e impulsada para lograr los mejores resultados», censura el investigador.

En cuanto al aporte que pueden realizar los actores universitarios a este proceso de reforma, consideró que se debe contribuir a la reflexión sobre las posibilidades de mejorar el sistema educativo desde un contexto sociopolítico determinado.

Respecto al poder, debería postularse «la autonomía real del gobierno de la enseñanza, con la participación de los trabajadores de la enseñanza; coordinación institucional entre los tres niveles de la educación; habilitación y contralor de la enseñanza superior privada por la pública, dada la influencia que estos egresados tendrán en el sistema educativo público en primaria y secundaria; garantías de autonomía financiera mediante mecanismos que la liberen de las contingencias políticas».

Por último, Faraone explica que los elementos esenciales que deben tomar en cuenta en un sistema de educación son el capital de educación, personal docente, planes de estudio y administración.

Culmina expresando que cada uno de estos factores, para ser mejorados, «reclaman un esfuerzo sostenido, colectivo y tiempo. El factor que reclama más tiempo es el de personal docente, que además es el factor decisivo de la calidad del sistema».