El asesor legal de la Junta afirmó que exoneración al Conrad es ilegal

Carlos Peláez

Obviamente, como ese trámite no se cumplió, el decreto municipal 1311 del 9 de marzo, se mantiene al margen de las normas legales.

El escándalo político desatado en Maldonado después que LA REPUBLICA divulgó un decreto municipal que exonera del 90 por ciento de sus tributos al Hotel Conrad, adquirió mayores proporciones y tendrá repercusiones en la Junta Departamental.

Aunque el legislativo no logró el número necesario para reunirse ni en la sesión ordinaria del martes ni en la extraordinaria del miércoles, en fuentes políticas no se descartó que la escasa presencia de ediles blancos en la reunión del martes tuviera como motivo impedir otro llamado a sala del jefe comunal, ya que algunos podrían estar en pleno conocimiento de la irregularidad. Pero a la noche siguiente, los ausentes fueron los integrantes de la bancada colorada además de varios nacionalistas.

Como lo había anunciado el lunes el edil Nelson Guerra, la bancada del Encuentro Progresista se proponía llevar el decreto municipal a consideración del plenario y varios curules anunciaron su disposición de llamar a sala al intendente Camilo Tortorella, para que explicara el eventual sustento legal del cuestionado acto administrativo.

La nacionalista Pérez apoya el llamado y, a su vez, contaría con el visto bueno de los ediles que acompañan la candidatura municipal de Ricardo Alcorta (PN).

En las primeras horas de la mañana del mismo lunes, dos altas fuentes municipales aseguraron que se había decidido «dejar sin efecto al decreto». Sin embargo y sin que se sepan las razones, poco después del mediodía se modificó el criterio y todo siguió como antes.

El martes, el presidente de la Junta, Francisco Mesa, reclamó el expediente que recién fue enviado por la comuna poco después de las 21 horas del miércoles.

El documento revela dos circunstancias que abonan la teoría de quienes sospechan su ilegalidad. La exoneración fue solicitada en enero pasado por Baluma S.A., empresa propietaria del Hotel Conrad. El director de Auditoría municipal, Oscar Torielli, informa con exactitud que sí correspondía exonerar de acuerdo a las normas en vigencia.

Por su parte el asesor jurídico de Hacienda, Gabriel Adriasola, si bien coincidió con lo expresado por su colega, recordó que el decreto 3.714 de la Junta Departamental permite al jefe comunal extender las exoneraciones mediante una «resolución fundada». Tortorella firmó el decreto el viernes 9 de marzo.

También el lunes, el secretario general, José Luis Real, reclamó el expediente «ante las versiones de prensa que sostienen la existencia de errores en el decreto», reclamando además una nueva consulta a Adriasola. El mismo día y en tres páginas, Adriasola redactó la fundamentación de una exoneración otorgada once días antes.

Un vocero de la bancada frentista señaló que «la rebaja impositiva es para el año 2000 y eso no lo puede hacer el intendente, actual porque en tres meses cambia la administración municipal».

La edila Cristina Pérez anunció a LA REPUBLICA que «el martes, si hay número, insistiré ante el plenario del legislativo».

Mientras tanto, fuentes vinculadas a la hotelería puntaesteña, que reclamaron permanecer en el anonimato, confirmaron que estaban esperando los resultados de una entrevista solicitada al intendente y que hasta el momento les ha sido negada.

No obstante, no ocultaron el malestar que les produjo la exoneración, ya que, a su juicio, «se continúa favoreciendo los intereses más poderosos en detrimento de las pequeñas y medianas empresas. Al Conrad lo exoneran del 90 por ciento de sus tributos y al resto nos quieren imponer una doble tasa de habilitación higiénica: la que cobra la Intendencia y la que pretende cobrar Salud Pública. De esa manera están generando una competencia absolutamente desleal».

Otro casino privado

Antes de abandonar el sillón presidencial, Julio María Sanguinetti autorizó el funcionamiento de otro casino privado que, de acuerdo a las fuentes que informaron a LA REPUBLICA, «estaría bajo control de la cadena Conrad».

Los informantes, de primer nivel dentro del coloradismo, señalaron, a su vez, que el Presidente Jorge Batlle estaría dispuesto a reabrir el tradicional casino del Estado que funcionó en el Hotel San Rafael hasta principios de 1998.

Como se recordará, por desacuerdos en torno a una deuda con la empresa Fosara S.A., propietaria de la sala, la Dirección Nacional de Casinos decidió cerrar abruptamente el establecimiento después de la temporada 97-98.

No fue posible confirmar si el nuevo casino del Conrad funcionará en forma mixta, tal cual ocurre en Montevideo con el Radisson Victoria Plaza o quedará enteramente bajo la órbita privada. En cambio, trascendió que estará ubicado en la zona de La Barra, donde la empresa Baluma –que es propietaria del Conrad– realizó importantes inversiones.

Recientemente, el grupo inversor adquirió el edificio Esturión Montoya, ubicado sobre ruta 10 frente a la costa, que hasta el momento funcionaba bajo el régimen de tiempo compartido.

Esa propiedad, inaugurada hace cinco años, formaba parte del patrimonio del Banco de Mayo de la República Argentina, que el año pasado quebró. Se desconocen los planes edilicios y operativos de Baluma, así como el monto de la inversión.

Las mismas fuentes señalaron que «esta empresa habría invertido en el hotel Del Virrey», que está ubicado en la zona de Montoya a unas cuatro cuadras de la ruta. La construcción está abandonada desde hace varios años. La obra fue iniciada por Enrique Anchordoqui, actual cónsul uruguayo en la India, pero al no cumplir con las deudas contraídas se procedió al remate judicial a fines de 1998.

Todo parece indicar que para la próxima temporada, el departamento sumará dos nuevas salas de juego a las tres existentes: las del Estado en Punta del Este y en Piriápolis y la privada en el Conrad, además de la multiplicidad de salas de maquinitas que la Dirección Nacional de Casinos mantiene en toda la zona balnearia.