El costo de los tiques hizo disminuir fuertemente las consultas médicas

El número de consultas médicas bajó más del 60% a partir de 1993, cuando se incrementaron los precios de las órdenes y tiques para financiar el convenio que instauró el pago por «acto médico», con aranceles multiplicados varias veces para anestesistas y cirujanos, según cifras manejadas en el sistema mutual.

En ese año, las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) fueron autorizadas a aumentar los tiques y órdenes, al entender el Poder Ejecutivo de la época que los fondos para pagar el nuevo convenio salarial con los médicos no podían surgir del incremento de la cuota mutual.

Por esa razón, dicho mecanismo de copago pasó de ser «moderador» a «recaudador». La intención original de cobrar tiques y órdenes era eliminar el exceso de consultas de los usuarios en el sistema mutual.

Si bien la recaudación fue mayor en estos años –el peso de tiques y órdenes en el presupuesto general de las mutualistas pasó del 10 al 20% aproximadamente– el número de consultas disminuyó, es decir que los asociados requieren cada vez menos de los servicios asistenciales.

En la actualidad se cobran órdenes para médicos, medicamentos y estudios paraclínicos. Las cifras promedio se ubican alrededor de los 100 pesos y los estudios especializados, como las tomografías computadas, rondan los 500 pesos.

La consecuencia de la disminución de la concurrencia de los usuarios se reflejó en la incapacidad de tiques y órdenes para financiar el convenio de 1993, que significó un incremento del 5% de la masa salarial, pasando los honorarios médicos a constituir el 25,5% de los gastos operativos de las instituciones.

Lo que generó, advirtieron las fuentes, un déficit incremental y constante de las mutualistas, particularmente en las grandes.

El convenio con la Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ) se revisará este año, cuando en agosto comience el estudio de todos los existentes en el sector mutual.

Según información hecha llegar a LA REPUBLICA, la consultora internacional Price Waterhouse (que representó y representará a la SAQ en la negociación con las cámaras empresariales del mutualismo) estudia un convenio que sin modificar la filosofía del anterior tenga en cuenta la situación de crisis del sector.

La desfinanciación de las IAMC, de acuerdo a los números del Sistema Nacional de Información (Sinadi) dependiente del MSP, pone en riesgo de funcionamiento a la mayoría de las instituciones, que sobrepasan el 6% de déficit mensual, con varias que rozan el 10%. Sólo 5 de las 18 mutualistas de Montevideo con menos de 200 mil afiliados (el total de la capital es de 1 millón) tienen un nivel de desfinanciamiento (menos del 4%) que no afecta la operativa, ni obliga al atraso en el pago de los salarios a sus funcionarios técnicos y no técnicos, como tampoco a sus proveedores.

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