Impulsan que superintendencia regule el sistema de salud

Las ideas fueron plasmadas en un documento, al que tuvo acceso LA REPUBLICA, que propone la reorientación del modelo asistencial del país, hacia la atención primaria de salud, así como medidas concretas para las instituciones asistenciales desfinanciadas.

Consensuado entre los integrantes no estatales (Plenario de Instituciones Médicas de Asistencia Colectiva, Unión de la Mutualidad del Uruguay, Federación Médica del Interior, Sindicato Médico del Uruguay, Federación Uruguaya de la Salud y Asociación de Usuarios de Servicios de Salud), no cuenta aún con el aval de los tres ministerios participantes (MSP, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Economía y Finanzas). Los representantes oficiales han preferido esperar el pronunciamiento de las nuevas autoridades.

El texto realiza un diagnóstico de la situación en donde destaca la existencia de una «política de salud no explicitada; falta de continuidad en la aplicación de políticas, con debilidad del rol rector del MSP; sistema de salud fragmentado; superposición de servicios; falta sistema de evaluación e incorporación de alta tecnología; problemas de ineficacia, ineficiencia y calidad de los servicios; cambios demográficos de la población y avance en la tecnología que plantean nuevas necesidades de salud; importancia de ASSE, IAMC, FNR en la cobertura y prestación de servicios de salud a la población del país; inexistencia de una política de recursos humanos, oferta de recursos humanos que no se adecua a las demandas y necesidades de salud de la población». Según el documento esos factores «llevan a problemas de insatisfacción en los usuarios».

En cuanto a las mutualistas, el trabajo de la comisión destacó «problemas de generenciamiento; desequilibrios económico-financieros; descapitalización creciente; riesgo de pérdida de los principios de solidaridad, equidad, integralidad y universalidad; calidad heterogénea de los servicios; disparidad de regulación y problemas de aplicación de la misma; heterogeneidad en derechos y obligaciones de prestadores similares».

Ayuda condicionada

Las medidas para el sistema general son encabezadas por el fortalecimiento del «rol rector del MSP en lo normativo (procesos asistenciales y administrativos), de supervisión y control. A estos efectos se sugiere la creación de una Superintendencia, coordinada por el MSP e integrada por todos los prestadores (públicos y privados)».

Asimismo «reorientar el modelo asistencial, dando fuerte impulso al nivel primario» y la promoción de cambios que aseguren la cobertura universal y la buena calidad de atención, «a todos los habitantes del país».

En cuanto al sistema mutual, el documento reclama el desarrollo «de una política sanitaria nacional de fortalecimiento de la medicina colectiva». También la asistencia financiera a «aquellas instituciones que a través de proyectos de racionalización garanticen su viabilidad técnica y económica financiera futura, podrían acceder a un fondo, tendiente al reperfilamiento de sus deudas. Deberían existir los controles necesarios que aseguren el correcto uso de dichos fondos con la intervención de todos los actores, tratando de atender en primera instancia a las instituciones críticamente desfinanciadas y en peligro de cierre».

Otros aspectos remarcados son la compensación de créditos entre el Estado y las mutualistas, la adecuación de la paramétrica de ajuste de las cuotas, el aumento al 90% el valor de las cuotas pagas por Disse, extensión de cobertura de Disse a familiares de trabajadores públicos y privados.

La discrepancia entre los delegados no estatales se centró en la negociación de los convenios salariales. En este punto, la posición de las cámaras empresariales del mutualismo es diferente a la sostenida por la FUS; la gremial de funcionarios plantea la presencia del Estado como garante en la negociación de los salarios, presencia que los empleadores consideran innecesaria.