Profesionales renuncian a ejercer por no poder pagar los aportes

Como se recordará, hace aproximadamente un mes y medio, LA REPUBLICA informó que el 35% de los afiliados a la Caja de Profesionales Universitarios –unos 18.500 aproximadamente– firmó una declaración de no ejercicio de la profesión, para no aportar a ese organismo previsional, dado que la aguda crisis que afronta el país también ha castigado a ese sector. La Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) manifestó su desacuerdo por la ampliación del Fondo de Solidaridad dispuesta en la actual ley presupuestal. Según la norma, los profesionales con diez años de egreso deben aportar cuatro salarios mínimos anuales: dos salarios para becas de estudiantes universitarios del Interior y de UTU y otros dos para otorgarle recursos a la Universidad. Este último punto constituye la ampliación aprobada en la reciente Ley Presupuestal. Nelma Benia, secretaria del gremio, dijo a LA REPUBLICA que un alto índice de profesionales no paga el impuesto debido a que declaran el no ejercicio de la profesión. «La realidad es que no pueden pagar y por lo tanto no cobran el sueldo», afirmó. Explicó que este nuevo impuesto es solidario con la Caja de Profesionales Universitarios. Por lo tanto, el profesional debe tener un certificado de que está al día con la caja, para luego cobrar el sueldo.

Sin sueldo

«El Estado puede exigir el pago del tributo bajo pena de retención del cobro de salarios. Por lo tanto, ante la imposibilidad del pago del impuesto muchos profesionales se ven impedidos del cobro de su salario, que es retenido por la institución», dijo la profesional.

Benia aclaró que que la Agrupación comparte el aporte de dos sueldos para el financiamiento de las becas, como se hizo tradicionalmente. Sin embargo, los profesionales cuestionan los salarios destinados a generar recursos para la Universidad.

Según AUDU, los recursos de la casa de estudios superiores deben provenir de rentas generales y ser financiados con el aporte de toda la sociedad.

Aunque el impuesto puede abonarse al contado, generalmente se realiza mediante un descuento en tres cuotas. Por otra parte Benia, señaló que el período de aporte de los profesionales es demasiado extenso, ya que abarca un promedio de 25 años y –por lo tanto– los profesionales solicitan que se acorte.

La Agrupación Universitaria ha iniciado una campaña a nivel de todo el país, con el propósito de informar a los representantes departamentales acerca de la situación.

Por su parte, la Caja de Profesionales Universitarios conformó una comisión que se encargará de elaborar un nuevo proyecto de ley, que unifique y haga más equitativo el aporte de los profesionales al Fondo de Solidaridad y al universitario.

Liliana Ferragús, integrante del Directorio de dicho organismo, manifestó que mediante un nuevo proyecto de ley se intentará que más profesionales aporten a la Caja. Asimismo, también se procura que se otorgue más facilidades a los que los actualmente contribuyen.

Por otra parte, Ferragús destacó que hay muchos profesionales en el exterior y el proyecto podría incorporar un mecanismo para que éstos aporten a la caja.

La nueva comisión está integrada por un delegado del directorio, otros dos por la Federación Médica del Interior (FEMI) y de la Federación Odontológica del Interior (FODI) respectivamente, dos delegados de la comisión de becas de la Caja de Profesionales y un delegado de la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) Ferragús dijo: «Todos estamos de acuerdo en que debemos aportar pero hay que buscar la manera de que la contribución sea más equitativa y más amplia». «La comisión estudiará dos proyectos, tomando –de uno y otro– los elementos que más beneficien a los profesionales y a la Universidad», dijo Ferragús.

Por otra parte, aclaró que la Caja de Profesionales Universitarios es un mero organismo recaudador establecido por ley. «Muchas veces los profesionales responsabilizan a la Caja por los aportes, cuando en realidad lo único que tiene como responsabilidad es la recaudación». *