Acuerdo político para dar cobertura legal a víctimas de violencia familiar

El diputado por el Partido Socialista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la rama baja parlamentaria Guillermo Chifflet indicó que el proyecto de ley sobre violencia doméstica o intrafamiliar consta de unos 30 artículos, pero además se agregará –a solicitud de la diputada por la Vertiente Artiguista Margarita Percovich– la creación de un organismo coordinador, el cual se encargará de elaborar los planes para realizar una campaña de concienciación en la población sobre el tema.

El proyecto establece una serie de disposiciones que declaran de interés general y de orden público todas las actividades orientadas a la «prevención, detección temprana y a la atención de la violencia en el ámbito domestico».

Determina además que la Administración Central, los gobiernos departamentales y toda otra institución pública «deberá atender el abatimiento de ese tipo de violencia, fomentar el respeto a la dignidad humana, establecer mecanismos legales y eficaces para la adecuada atención y resolución de los casos de violencia doméstica y favorecer la especialización de todas aquellas personas, actores y operadores sociales cuya intervención sea necesaria para la atención del problema».

Asimismo, la iniciativa define que constituye violencia doméstica «toda acción u omisión que, por cualquier medio, menoscabe el libre ejercicio o goce de los derechos de una persona causada por otra con la cual se tenga o se haya tenido una relación afectiva de parentesco o cohabitación».

En el proyecto se señala que son manifestaciones de violencia intrafamiliar, «la violencia física, psicológica o emocional, sexual, e inclusive, patrimonial; es decir, toda acción u omisión que implique daño, pérdida, destrucción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos, o recursos económicos de otra persona a la cual se esté ligado afectivamente», detalló el legislador socialista.

Jurisdicción

A través de la propuesta se determina que los juzgados en competencia de familia «deberán entender también en cuestiones de violencia doméstica, en cuestiones personales o patrimoniales derivadas de una relación afectiva aunque no se haya constituido concubinato».

Asimismo se fija la competencia de los jueces que deben intervenir y delimita cómo deben hacerlo.

En ese sentido, Chifflet indicó que «los Juzgados de Paz en el interior de la República, cualquiera sea su categoría, van a tener competencia para entender en materia de violencia doméstica».

Agregó que el Ministerio Público y el fiscal intervendrán siempre, o sea, «desde el inicio de las actuaciones en todo proceso de violencia intrafamiliar». En la normativa se establece que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia doméstica «tendrá legitimación para informar al juez competente, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinente de acuerdo a las previsiones de la ley».

«Se trata, además, de una serie de medidas cautelares, porque a veces es imprescindible disponer el retiro del agresor de la residencia común, porque de lo contrario reincide en la agresión. En otros casos hay que disponer el reintegro al domicilio de la víctima, que hubiere dejado la misma o escapado de ella, y tomar una serie de medidas que atiendan a la seguridad personal, como por ejemplo, prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en la residencia, lugares de trabajo, o estudio que frecuente la víctima, para que el agresor no realice un seguimiento de la misma y no imponga un acoso, agresión o perturbación psíquica que suele terminar en crimen», señaló el legislador.

En consecuencia se trata de una serie de disposiciones que atienden «a un tema fundamental en el Uruguay y fuera de fronteras, porque la violencia doméstica se ha agravado por diversas circunstancias».

Añadió que «una importante cantidad de mujeres por año pierden sus vidas debido a agresiones, pero también se trata de amparar a víctimas de violencia familiar como pueden ser ancianos, niños y, eventualmente, algún hombre».

Penas y castigos

El juez cuenta con amplia latitud para establecer penas y castigos, y proceder a aplicar el Código del Proceso Penal debido a que se produce una agresión. Pero se busca que tanto el juez como la Policía tengan claro que «no se trata de revictimizar a la persona agredida y de no caer nuevamente sobre ella, sino de tomarle declaraciones y posteriormente todas las medidas de prevención para evitar muertes o agresiones».

«Se trata hasta de un cambio cultural en el sentido de que se busca apoyar a la víctima en la instancia judicial, en la promoción del apoyo integral, la prevención y formulación de un plan nacional que tienda a educar, y atender estos graves problemas», explicó Chifflet.

Según el legislador socialista es importante que nuestro país cuente con una ley de este alcance «porque se están produciendo agresiones, crímenes y sobre todo no se han establecido mecanismos para denunciar los hechos de tal modo que se eviten luego esas situaciones límite. Incluso, se tiende a tratar de que la víctima esté amparada cuando busca salir de esas situaciones de violencia, porque si no cuenta con medios, tampoco dónde denunciar los hechos, ni garantías de que el agresor será alejado o detenido, entonces vive permanentemente víctima de esa situación». El parlamentario ejemplificó que en ciertas circunstancias las mujeres agredidas «no cuentan con recursos para atender a sus hijos en forma adecuada y aceptan el castigo a cambio del mantenimiento o la alimentación de ella y sus hijos. Por ese motivo se trata de tomar todas las medidas de prevención, atención, y estimular las denuncias».

Antecedentes

En primera instancia existió un extenso proyecto de ley sobre violencia doméstica que presentó en su momento el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), ante la Cámara de Representantes, en cuya elaboración habían coparticipado diversas organizaciones de Derechos Humanos y de reivindicación de la mujer.

Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos, integrada con la Comisión Especial de Género y Equidad, lo comenzaron a analizar. Posteriormente, esta última agrupación parlamentaria sintetizó, junto con diversas organizaciones, una iniciativa que abrevió la propuesta original, recogiendo los aspectos sustanciales de las distintas propuestas.

En ese sentido se elaboró un proyecto de ley que tendrá un total de treinta artículos.

Por otra parte, se estima que el jueves próximo se culmine con la aprobación de la totalidad de su articulado y se designaría al legislador que deberá elaborar el informe ante el plenario de la Cámara. Luego quedará a consideración de los distintos coordinadores de bancada para ser analizado por el propio plenario.

«Es un proyecto que se analizará a la brevedad, porque se trata de un tema largamente reclamado por distintas organizaciones y hasta el momento los artículos aprobados han contado con el apoyo de legisladores de todos los sectores políticos presentes en la comisión», sostuvo Chifflet.

La agrupación parlamentaria «ha pulido al extremo cada uno de los artículos con la finalidad de que no se incorporen demasiadas enmiendas en el debate de la Cámara para no modificarlo, y además, porque no es la mejor manera legislar en sala», puntualizó. *