Demandan más recursos para asistir a niños discapacitados

Se reclamó la capacitación y especialización de todos los docentes y un apoyo en equipos técnicos e infraestructura. El Estado realizará en el año 2002 un relevamiento a nivel nacional, que tendrá como propósito conocer la cantidad de personas discapacitadas en nuestro país. Se estima que en Uruguay entre el 7 y 10% de la población sufre de alguna discapacidad.

El Instituto Nacional del Menor (Iname) tiene a su cargo 900 niños identificados con discapacidades diferentes, en diversos centros estatales y en organizaciones no gubernamentales en régimen de convenio. No obstante, entre los 42.000 menores asistidos por el organismo estatal, hay un número no determinado que también padece patologías de diversa naturaleza.

La representante del Iname seminario interinstitucional, Ema Baraibar, indicó que a pesar de registrarse avances en la integración social, el Estado no aplica una política pública definida que permita la inclusión educativa.

Durante cinco días, en la sede del Instituto Interamericano del Niño (INN), expertos en la temática de la niñez analizaron la situación de menores con capacidades diferentes y concluyeron en demandar la ejecución de políticas públicas focalizadas a esa población específica.

El seminario, que fue organizado por el INN, contó con la participación de las diversas ramas de la educación, el Iname y organismos no gubernamentales, como la Sociedad de Maestros Especializados del Uruguay (Someur) y de padres de niños con diferentes discapacidades.

El planteo del Instituto Interamericano del Menor es un proyecto que se viene desarrollando en América Latina, para la generación de políticas de infancia focalizadas hacia grupo de riesgo social o de vulnerabilidad. En este caso, decidieron trabajar con la niñez discapacitada a fin de capacitar a los participantes del seminario y transmitir una metodología para la planificación de políticas de infancia y planes de acción, dirigidas a la inclusión e integración a nivel educativo y social para esta población.

La presidenta de Someur, Alba Ortiz, reconoció que muchas veces la realidad uruguaya no ofrece las mejores condiciones para ejecutar la propuesta de inclusión e integración de los niños discapacitados.

Sin embargo, se pretende construir una política enfocada hacia una población con capacidades diferentes. «Se hace necesaria una discriminación positiva hacia estos grupos, para brindarles todas las condiciones que hagan posible el desarrollo pleno de sus capacidades».

Ortiz sugirió que para aplicar estos criterios se requieren recursos, ya que sin éstos no puede implementarse los proyectos. «Hay que invertir y se necesita presupuesto, mejor distribuido para llevarlo a cabo, suministrando incentivos a los docentes». *