Acusan a ex directores del BHU de "blanquear corrupción" dictatorial

Se manifestó de acuerdo con que el Estado asuma la deuda que arrastra el Banco Hipotecario de la época de la dictadura, a cambio que se contemple a los sectores de más bajos ingresos.

«Si continúa realizando clientelismo político y se actúa en función de los votos, es inútil pretender el salvataje», afirmó el presidente de Fucvam, Víctor Fernández.

Consideró saludable que el propio Lausarot promueva un debate con la participación de AEBU, los deudores del BHU y la clase política, para determinar hacia dónde debe ir el Banco.

El pasado 12 de julio, el presidente del BHU, Ariel Lausarot, manifestó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que el BHU mantiene con el Banco Central una deuda de unos 671 millones de dólares contraída durante el gobierno de facto, a la que «hoy el banco debe hacer frente».

Estas expresiones tuvieron amplia repercusión en la clase política e inmediatamente surgieron voces de actores que se posicionaron sobre el tema.

El ex presidente del Banco Hipotecario Julio Kneit y el diputado nacionalista Gustavo Borsari propusieron que el propio Estado sea el que se haga cargo de esta deuda originada en tiempos dictatoriales. El modo de quitar este peso al Banco estatal es que Estado declare la deuda como propia, integrándola al pasivo general del país.

Incluso el legislador blanco solicitó condonar la deuda ya que, de mantenerse, la institución tendrá un grave problema económico, al igual que todo el sistema financiero del Uruguay.

Por su parte, el presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam), Víctor Fernández, en diálogo con LA REPUBLICA, se manifestó partidario de que le condonen la deuda del BHU si la institución contempla a sectores de menores recursos, con ingresos de entre 60 y 100 unidades reajustables.

Explicó que actualmente los préstamos están destinados a familias que perciben más de U$S 2000 y a las de menores recursos les es imposible cumplir con el pago.

También rechazó el «amiguismo y el clientelismo político y que se buscan los votos. Si no se cambia esto, el salvataje sería imposible», afimó Fernández.

Dijo que la intención de ayudar al Banco está bien, pero se debería ver qué tipo de institución se quiere salvar.

El presidente de Fucvam afirmó que el movimiento denunció la situación de la deuda de BHU ante la Concertación Nacional Programática (Conapro), en el período de transición hacia la reinstitucionalización democrática.

Fucvam presentó un dossier al Parlamento sobre las deudas contraídas por el Banco en las denominadas construcciones de «edificios en el pozo».

En este caso, promotores privados presentaban proyectos de construcción al BHU, que después éste financiaba, mientras que las empresas privadas comenzaban a vender los apartamentos antes de construir y muchas veces se quedaban con el dinero del Banco, de los deudores y se iban del país. Luego, el BHU tenía que hacerse cargo de las obras y las deudas.

También presentaron documentos sobre una serie de cooperativas «truchas», manejadas por la empresa Julián Pereira SRL, y de cooperativas que a través de amiguismo conseguían créditos bancarios.

Acusó a los anteriores directorios del BHU de «blanquear la situación de corrupción durante la dictadura», debido a que a todos les servía continuar con «el amiguismo» y no dar a conocer estos hechos irregulares.

Sentenció que los ex jerarcas son responsables de la continuidad de la deuda de la institución proveniente de la dictadura y de otras acciones que llevaron a la dilapidación de recursos.

«Hasta el momento, el único que se salva es Ariel Lausarot, que hizo público el tema. Por esto sería saludable que el propio presidente del BHU promoviera el debate del tema y ponga sobre la mesa qué tipo de Banco se pretende para el futuro», aclaró Fernández.

Incluso, propuso manifestarse sobre el funcionamiento de la institución a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), los propios deudores y la clase política.

Recordó que durante los años de la dictadura, el Banco contrajo una millonaria deuda por construir a un ritmo acelerado que pretendió instaurar el régimen militar, «para mejorar su imagen y hacer sus grandes negociados».

Añadió que por mucho tiempo cundió el acomodo y la construcción de viviendas «por tarjetas de políticos» que entregaban los interesados. Afirmó que en 1998 se aprobó una Ley de Deudores, que sirvió «para blanquear el endeudamiento del BHU, para mostrar a los organismos internacionales que se mejoró la situación del banco.»*