Hay 14.000 uruguayos que consumen drogas

Rosana Gómez

 

La urgencia de implementar en Uruguay una estrategia de reducción del daño para los drogadictos desde el sistema de salud quedó evidenciada durante un seminario sobre sida y drogas, que reunió en el Edificio Libertad a expertos de diferentes áreas públicas y organizaciones no gubernamentales.

El debate se originó a raíz de una investigación del IDES, que desnuda la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud en la asistencia a los consumidores de drogas inyectables, fallando en la prevención del VIH, hepatitis B y C y en los mínimos aspectos de riesgo por consumo de inyectables: infecciones, abscesos, sobredosis y endocarditis.

Los drogopedendientes que se asisten en centros de tratamiento, al ser entrevistados en el marco de la investigación, consideraron que la concurrencia a un centro de salud «es riesgosa», ya que temen ser derivados a la Policía, arrestados o interrogados. Esta es la causa principal que los aleja de la atención médica.

La investigación se desarrolló en el marco de un proyecto apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Sida, en forma conjunta con la ONG IDES, y el Programa de Salud del Ministerio de Salud Públicas, con el objetivo de conocer y estudiar el comportamiento de los usuarios de drogas. La pesquisa cubrió a 18 centros de tratamiento de Montevideo e Interior, a los que asisten 1.380 personas.

La socióloga María Luz Osimani, coordinadora de la publicación e integrante del IDES, subrayó que la investigación dejó entrever la existencia de un grupo de usuarios de drogas inyectables que nunca se acercó al sistema de salud, por temor a que puedan ser derivados a la Policía o la Justicia. La técnica opinó que desde el área de la salud «tendríamos que separar lo que es la atención a la salud de los registros policiales. Muchos de estos usuarios tienen información con respecto a que no se debe compartir agujas o jeringas, pero ignoran que no deben compartir otros elementos de material inyectable como filtros, cucharitas y diluyentes, ya que puede haber reinfección».

La técnica destacó que cerca del 30% de las personas enfermas de Sida son consumidores de drogas y se infectaron por jeringas compartidas.

En relación a la reducción de daños, consideró que es una estrategia desde el punto de vista de la salud. «Hay personas que se plantean llegar a un consumo por abstinencia, pero otras no pueden o no quieren dejar de consumir. De todos modos, es necesaria una atención a la salud, para evitar el contagio de hepatitis B o C y del VIH».

Para la socióloga, esto implica también un trabajo de la sociedad en su conjunto. Se debe trabajar con los jueces y con las farmacias, donde se adquieren preservativos y jeringas».

«A partir de la investigación planteamos caminos específicos, como la información focalizada, capacitación a profesionales de la salud, la posibilidad de repensar normativas penales que puedan estar inhibiendo el acercamiento al sistema de salud y ampliar las ofertas de tratamiento», añadió la jerarca.

El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Leonardo Costa, anunció que esa institución pública realizará este año una encuesta nacional, para tener datos actualizados sobre consumidores de drogas. Para el técnico, el problema «ha crecido sensiblemente».

Costa apoyó la implementación de una política de prevención de daños, a los efectos de evitar que quienes consumen drogas de manera crónica y aditiva, tengan el menor perjuicio posible a su salud».

«Nosotros estamos para brindar información, que dirigimos a aquellas personas o comunidades que se consideren como grupos de riesgo reconociendo la existencia de un problema.»

Para Costa, el consumo de drogas es claramente un problema sanitario, destacando que el miedo a la estigmatización, el evitar hablar del tema, conspira contra la elaboración de una política preventiva eficaz.

Reveló que se trabajará en áreas muy focalizadas y grupos concretos de adictos, en asociación con organizaciones no gubernamentales. Costa declinó hablar de los recursos que el gobierno destina a la atención y prevención de consumo de drogas. Sostuvo sí que es «menos caro de lo que se piensa. No implica grandes gastos sino apertura mental».

«Partiendo de la base de que el consumo no está penado en Uruguay tenemos que reducir los daños de aquellos consumidores que son crónicos», afirmó Costa.

En esta materia, Uruguay se rige por el Decreto-ley 14.294, aprobado en octubre de 1974 y por la Ley 17.016, donde se establece que no se castiga el consumo ni la tenencia de un mínimo de drogas para uso propio, pero se considera delito la producción, comercialización y suministro de sustancias ilícitas.

Sin embargo, la maestra Cristina Bethemcourt, integrante de la gerencia de Programas Especiales del Codicen, afirmó que los programas que se han apoyado «exclusivamente en la información» han fracasado.

En diálogo con LA REPUBLICA, la educadora sostuvo que estos programas han actuado sobre los conocimientos, pero no han modificado las conductas.

«Hay otro programa que se ha focalizado en la afectividad, porque el ser que consume es vulnerable. Nosotros ahora estamos pensando en una visión más integral y no en educar específicamente para el no uso de drogas, sino educar en estilos saludables de vida», dijo la educadora.

Informó que está en curso un proyecto denominado «La Aventura de la Vida», en coordinación con la organización social El Abrojo y Educación Primaria, en el que los niños trabajan con sus maestros en un álbum con figuritas y, a través de los juegos, se plantean situaciones de la vida cotidiana.

«Ello les da la oportunidad de visualizar los asuntos de su entorno específico, desde un marco afectivo y no encarando tanto por el lado del no, sino cómo se debe vivir para ser feliz y estar integrado con los demás».

Para la maestra, las campañas basadas en el miedo, a veces también fracasan.

A nivel de Educación Secundaria reconoció que no hay planes concretos. De todos modos, advirtió que si bien la educación tiene un papel importante, no se debe «delegar en la educación todo el tema de la droga. Es la sociedad entera la que debe asociarse al Estado y a la educación, para enviar mensajes que sean coherentes y claros, desde la publicidad hasta los ídolos que se promueven y estar cerca de los jóvenes».