Otros cinco ecuatorianos pidieron protección al Iname

A raíz de llamadas realizadas por vecinos y la investigación efectuada por agentes de la Comisaría de Menores, veinte ecuatorianos, seis de ellos de entre 15 y 17 años de edad, declararon ayer para establecer en qué condiciones ingresaron a Uruguay y qué actividades desempeñan. También se procedió a inspeccionar las pensiones donde se encuentran alojados, así como cotejar las documentación personal de los extranjeros.

Fuentes policiales dijeron a LA REPUBLICA que estas personas no fueron llamadas a declarar en condición de detenidos sino para establecer cuál es su situación dentro de territorio uruguayo.

«De acuerdo a lo expresado por estas personas, si bien no reciben una gran paga por la venta ambulante, ellos apuestan a la cantidad en las ventas como forma de generar un ingreso. También expresaron que viajan en forma asidua a Ecuador a buscar mercadería. Hasta el momento no hemos podido detectar que existan situaciones de explotación laboral», afirmó la fuente.

Paralelamente, la jueza de menores, Cristina Berro, solicitó a la Policía un informe en torno a la situación de menores extranjeros alojados en pensiones, a fin de detectar posibles anomalías y, en ese caso, proceder al amparo por parte del Estado.

El director nacional de Migraciones, Roberto Cáceres, dijo a LA REPUBLICA que este organismo comenzó a extremar las medidas de contralor en los puestos ubicados en las fronteras, solicitando que se ponga «especial énfasis» en el control de grupos de menores que ingresen a Uruguay acompañados o no por personas que no mantengan vínculos de parentesco con ellos.

El jerarca se mostró partidario de aggiornar la normativa vigente de migración, que data de 1947, como forma de prevenir este tipo de situaciones.

Básicamente, el proyecto de ley que se encuentra en la órbita parlamentaria, establece nuevas categorías para el ingreso de personas a territorio nacional, como la subdivisión de la categoría turista en trabajo y/o estudio.

En el año 2000 ingresaron a Uruguay, según datos oficiales, más de 6.400 peruanos, unos 1.700 ecuatorianos y cerca de 2.000 bolivianos.

El embajador de Ecuador en Uruguay, Juan Carlos Faidutti, dijo a LA REPUBLICA que los menores se encuentran bien y aguardan regresar pronto a su país.

«Estuve con ellos y manifestaron estar tranquilos de que esta situación haya llegado a buen término. El trato que reciben por parte de los funcionarios del Iname es excelente, por lo que quiero agradecer a las autoridades de menores de Uruguay. Apenas finalizados los trámites judiciales, se procederá a la repatriación de los chicos», manifestó el diplomático.

 

Otra línea de investigación

Desde hacía un año, trece ciudadanos brasileños vendían manteles en Pando y vivían hacinados en un pequeño apartamento, donde dormían en el piso. Dos de ellos fueron internados en una dependencia del Iname, mientras que los demás abandonaron la localidad.

Fuentes policiales y judiciales señalaron que tras la publicación en la edición de LA REPUBLICA del pasado jueves sobre las condiciones infrahumanas padecidas por menores ecuatorianos, el juez Alvaro González, y personal de la Seccional 7ª, iniciaron una investigación respecto a varios brasileños que se enconraban en Pando.

De esa manera, los policías determinaron que 13 jóvenes de esa nacionalidad, uno de ellos menor de edad, estaban en esa ciudad desde hacía aproximadamente un año. Allí se dedicaban a la venta callejera de manteles de procedencia brasileña. Según señalaron los informantes, entre todos alquilaban un pequeño apartamento ubicado en la calle Independencia 1324. Vivían hacinados y la mayoría dormía en el piso.

Los policías pandenses interrogaron a uno de los jóvenes, que se mostró temeroso y evitó brindar detalles de su llegada al país. Luego de conocer el caso, el Iname dio amparo a dos de ellos. Ayer, cuando los agentes de la comisaría local retornaron a la vivienda, comprobaron que los demás brasileños habían abandonado la ciudad.