Ecuatorianos pueden recibir penas de hasta 3 años de cárcel

Los ecuatorianos José Segundo Morales, (43), y su hija Elena Morales (22) deberán enfrentar una pena de cárcel, luego de que el juez William Corujo decretara su procesamiento con prisión por el delito de «Violencia privada», incluido en el artículo 288 del Código Penal.

Dicho artículo señala textualmente que «el que usare violencia o amenaza para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría».

La noticia publicada por LA REPUBLICA el viernes pasado puso sobre el tapete la cruel situación padecida por nueve ecuatorianos, ocho de ellos menores, que vivieron durante más de dos meses en condiciones de exclavitud.

Los jóvenes, que ingresaron a nuestro país con visa turística el 3 de marzo, fueron engañados con la promesa de «un buen trabajo» y «un futuro mejor».

Sin embargo, la situación distaba mucho de lo prometido. En nuestro país fueron obligados a trabajar más de 12 horas diarias en la venta puerta a puerta de prendas ecuatorianas, a cambio de 350 pesos mensuales y un plato de arroz diario.

El jueves en la noche, la Policía allanó la finca ubicada en Rondeau 2224, donde los jóvenes vivían hacinados en una pieza y detuvo a los responsables.

La Embajada de Ecuador en Uruguay anunció que facilitará la repatriación de los menores involucrados en este hecho.

Mientras tanto en Ecuador los principales diarios destinaron sus portadas a la información publicada por LA REPUBLICA:

El matutino La Hora dio cuenta de la noticia bajo el título «Niños esclavos exporta Ecuador». y El Universo, uno de los diarios de mayor tiraje en ese país, tituló «Esclavos de Ecuador».

 

Nuevas denuncias

Al menos dos nuevas denuncias recibió la Justicia en torno a la situación de menores extranjeros víctimas de explotación laboral en territorio uruguayo, según señalaron fuentes policiales a LA REPUBLICA.

Dos jóvenes brasileños, de 21 y 16 años, narraron a autoridades del Instituto Nacional del Menor (Iname) ser protagonistas de una situación de similares características, lo que motivó que el organismo informara del hecho a la Justicia.

También se investiga la situación de menores extranjeros en los departamentos de Colonia y Maldonado aunque, hasta el momento, no han surgido elementos que permitan detectar si se está frente a algún tipo de ilícito.