Barrios privados en Canelones

Canelones

 

Hasta hace algunos años, la zona conocida como Camino de Los Horneros, a pocos kilómetros de la Ruta Interbalnearia, estaba poblada por pequeños agricultores y trabajadores que se desplazaban hasta los centros poblados cercanos para cumplir con sus tareas diarias. Allí está ubicada la humilde «Villa El Tato», cuyos habitantes debieron enfrentar a un caudillo colorado que les vendía agua contaminada.

Actualmente, los alrededores de ese barrio –en el que predominan los ranchos de chapa– aparecen en los proyectos de varias empresas constructoras que edifican siete clubes de campo. Personas jugando al golf o al rugby, lagos artificiales y modernas viviendas construidas dentro de grandes predios alambrados, cuyos accesos cuentan con custodia privada las 24 horas del día, conforman la nueva imagen de esa zona canaria, que experimenta innovaciones en forma acelerada.

En la ordenanza municipal, aprobada por la Junta Departamental –con la oposición del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)– a fines de 1998, la Intendencia de Canelones define a los clubes de campo como «un complejo urbanístico, recreativo, residencial, de uso limitado, permanente o temporal a ubicarse en áreas de extensión suburbana o rural, integrada por unidades independientes entre sí, y dotado de espacios destinados a actividades deportivas, culturales y sociales, integradas en relación funcional y jurídica que lo convierta en un todo inseparable».

Establece que su objetivo es brindar a los distintos titulares «la posibilidad de desarrollar actividades sociales, culturales, recreativas y deportivas, contando para ello con una infraestructura de instalaciones comunes». Las autorizaciones para la instalación, construcción y posterior funcionamiento de los clubes serán otorgadas por la Intendencia Municipal, con la anuencia de la Junta Departamental y podrán extenderse «por treinta o más años, salvo que razones de interés general y público determinen la revocación pertinente».

Además, la comuna «será quien determine las áreas en que se pueden localizar y ubicar» dichas urbanizaciones, «fundando su decisión en razones discrecionales de carácter urbanísticos, de servicio, afectación de áreas protegidas, dimensiones del emprendimiento, interés de protección del medio rural o suburbano».

El titular del emprendimiento «realizará a su costo las obras de infraestructura (agua potable, energía eléctrica, saneamiento, vialidad, comunicaciones y demás servicios) de acuerdo a las normas que establezcan los organismos públicos competentes», «garantizará el funcionamiento y conservación de los mismos, quedando facultada la IMC para reglamentar y determinar las formas y conceptos en que se hará efectiva la garantía» y «verificará el equipamiento social, deportivo y cultural comprometido en el proyecto».

El municipio evitará la «aglomeración de emprendimientos, buscando el desarrollo de otras áreas, sin que se produzca una interrelación entre unos y otros, fruto de la proximidad física de emplazamiento. Asimismo, exige «una densidad mínima de especies arbóreas, equivalente a un árbol cada 50 metros cuadrados. Dichas especies deberán tener un porte mínimo de 1.50 metros de alto para su valoración como tal».

El arquitecto Augusto Figueroa Arteaga y el ingeniero Alberto Carracedo, directivos de la empresa Innova, la cual promueve y administra el proyecto de club de campo «Mirador de Carrasco», brindaron a LA REPUBLICA sus puntos de vista sobre este tipo de urbanizaciones. «Es como un barrio en el que se construyen casas, pero con una característica: está cerrado perimetralmente con una barrera, lo cual otorga una seguridad total», resaltaron.

Justamente, Figueroa entiende que la vigilancia es uno de los atractivos para los clientes. «Conozco personas de Solymar o Carrasco a las que le han robado dos o tres veces», indicó, resaltando que en los barrios privados «el personal de vigilancia sólo deja entrar a quienes viven y trabajan allí o a sus invitados». Asimismo, observaron que los compradores «buscan el contacto con la naturaleza», lo cual no encuentran en sus apartamentos de la capital.

El mercado, indicaron los empresarios, está compuesto principalmente por «jóvenes que recién comienzan sus carreras» y por personas mayores que optan por una vida más tranquila, en medio de la naturaleza y con distintos servicios recreativos. Carracedo admitió que en Uruguay predomina el concepto de que en los clubes de campo sólo pueden vivir personas de clase económica media-alta. «Es un gran error», afirmó, mientras que el arquitecto Figueroa sostuvo que estos proyectos «no son elitistas». «Hablamos de precios mucho más baratos que en Montevideo», señaló, y destacó que el valor del metro cuadrado oscila entre los 30 y 40 dólares, cuando en Malvín o Carrasco «ronda los 200 dólares». El profesional destacó que los siete emprendimientos afincados en Canelones generarán tres mil fuentes de trabajo. «Tratamos de hacerle entender a la Intendencia de Canelones para que nos dé una mano y acelere los procesos de aprobación, pero creo que no lo entendió. Nos tuvo tres años y medio para aprobar un permiso, lo que es insólito. Si lo hubieran aprobado hace dos años y medio, ya estaría terminado y tendríamos sesenta familias viviendo allí», dijo Figueroa.

Los técnicos explicaron que Mirador de Carrasco ofrecerá canchas de fútbol, rugby y tenis, piscina y gimnasio. «Tratamos de diferenciarnos de la cancha de golf que tenemos al lado», afirmó el ingeniero Carracedo, quien también criticó la lentitud de la comuna canaria para otorgar los habilitaciones correspondientes.

Al explicar el voto contrario del EP-FA cuando se trató la ordenanza de clubes de campo, la edila de Asamblea Uruguay, Cristina Castro, sostuvo que la coalición de izquierda «se opuso porque filosóficamente está en contra» de tales iniciativas privadas. A su criterio, «en las condiciones de Canelones, donde no hay planes de ordenamiento territorial, no podíamos concebir que comenzaran a realizarse estos clubes», los que, opinó, «agrandan las diferencias sociales y económicas entre la población».

«Desearía que todo lo que se brinda en un club de campo estuviera a disposición de la gente en una urbanización abierta», sostuvo la curul frenteamplista. Si bien consideró que «a cualquier ser humano le gustaría vivir en esas condiciones ambientales y edilicias», advirtió que los barrios privados instalados en Ciudad de la Costa «están ubicados a pocos metros de Villa El Tato, donde hay niños con hambre y aguas servidas en la calle». De todos modos, destacó que «entre Carrasco y El Cerro hay diferencias sociales, y allí no hay emprendimientos privados».

Mientras que la edila Castro declaró que «los clubes de campo son un negocio para las empresas que los promueven» y remarcó que marcan las diferencias sociales, el ingeniero Carracedo pronosticó que tendrán un próspero futuro en Uruguay. «Si lo tuvo en el resto del mundo, no vemos por qué no lo tendrá aquí», resumió.

Una pequeña zona rural de Canelones, rodeada de chacras y barrios carenciados, cambió radicalmente tras la instalación de varios barrios privados. Modernas casas, gimnasios y canchas de golf, tenis o rugby, vigiladas por personal privado, han sido levantadas en ese lugar. Mientras que el Encuentro Progresista rechaza estos proyectos por considerar que aumentan las diferencias sociales en el departamento, los empresarios sostienen que los denominados clubes de campo «no son elitistas» y aseguran que determinarán la creación de tres mil puestos de trabajo.