Vivían hacinados

Nuevos datos surgieron ayer sobre las condiciones en que vivían los ocho menores ecuatorianos en un local ubicado en Rondeau 2224.

De acuerdo a los testimonios de vecinos, recogidos por LA REPUBLICA, estos menores padecían una situación deplorable, a la que se agregaba «el mal trato que recibían diariamente».

Según la línea de investigación que siguió este matutino, los ecuatorianos estaban bajo el control de, por lo menos, cinco personas: Segundo Morales, su señora, una hija de ambos, Renné Chizá y un yerno de éste.

El local en cuestión había sido arrendado como depósito de mercaderías.

Los menores se levantaban a las 7 de la mañana, se les daba un plato de arroz y diez pesos para el boleto. A las 8 de la mañana salían rumbo a los barrios asignados donde ofrecían sus mercaderías casa por casa.

Estas zonas eran generalmente alejadas del centro, como Paso de la Arena, Nuevo París, Cerrito de la Victoria y Piedras Blancas.

Llegados al barrio comenzaban un largo peregrinaje intentando vender sacos, camisas, sombreros, ponchos y chalinas a un costo de 200, 250 y hasta 400 pesos.

Quien compraba podía pagar en forma semanal, lo que implicaba que los vendedores tuvieran que volver otra vez a la vivienda del comprador para cobrar la cuota, lo que los llevaba a realizar posteriormente una nueva y extensa caminata.

Las mochilas en que cargaban la mercadería podían llegar a pesar unos 40 quilos o más.

La forma de regresar al «hogar» dependía de la venta. Si lograban colocar mercadería se podían volver en ómnibus, de lo contrario lo debían hacer caminando.

Generalmente regresaban a su «hogar» sobre las 20 horas y allí comenzaba otra pesadilla.

Las posibilidades de comer eran escasas. Muchas veces los residentes de una pensión contigua al local donde habitaban los ecuatorianos les daban un plato de comida caliente.

«Los vigilaban hasta cuando iban al baño», relató una vecina » y varias veces los pobres comían el plato que les dábamos en el propio baño para que los patrones no los vieran».

«Dormían tirados sobre cartones y nosotros les proproporcionamos algunos colchones para que pasaran mejor».

Los hechos se precipitaron a partir de que María Cristina, una del las menores, se seccionó un dedo cuando bajaba de una escalera. Este quedó prácticamente prendido de la baranda y los residentes de la pensión tuvieron que recuperarlo para que se le pudiera nuevamente injertar quirúrgicamente.

La negativa de parte de los mayores de prestar asistencia a la menor provocó que el denunciante del caso, José Manuel, reaccionara y desde ese momento quedaría al descubierto una vergonzante explotación laboral de menores.

La denuncia a Tacurú del caso, y la que ésta presentó ante el Instituto Nacional del Menor dio paso a la intervención de la Policía y la Justicia.

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