La Justicia procesó con prisión a dos ecuatorianos que explotaban a menores

El gobierno ecuatoriano, enterado a través de la edición digital de LA REPUBLICA, solicitó ayer información a Interpol sobre la situación de los menores que, a cambio de trabajar 12 horas por día, recibían como remuneración un plato de arroz diario y 350 pesos mensuales.

Medios escritos y radiales de Ecuador se hicieron eco de la denuncia, comunicándose ayer con la redacción de LA REPUBLICA para conocer más detalles sobre la referida investigación que conmocionó a nuestro país.

El juez William Corujo determinó anoche el procesamiento con prisión por el delito de violencia privada de los ciudadanos ecuatorianos José Segundo Morales (43) y su hija Elena Morales (22), dejando en libertad a otra ecuatoriana de iniciales RAC.

Los menores ecuatorianos, a cargo del Iname por estas horas, serán repatriados, de acuerdo a lo expresado por el embajador Juan Carlos Faidutti. (Ver nota)

Fuentes policiales dijeron anoche a LA REPUBLICA que la importación de la mercadería vendida por los menores ecuatorianos se realiza a través de una empresa legalmente establecida en nuestro país. Esta firma el año pasado importó mercadería por U$S 400 mil y en lo que va del presente año movilizó U$S 150 mil.

De acuerdo con la Policía, la mercadería (telares, camperas, parcas y cerámicas) son elaboradas por comunidades indígenas de Ecuador que las venden a un mayorista que se encarga de exportarlas y comercializarla en otros países de la región. Todo el proceso involucra a ciudadanos ecuatorianos.

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, dijo que a partir de la denuncia realizada por el ciudadano ecuatoriano a LA REPUBLICA comenzaron las indagatorias en otros puntos de Montevideo.

«Ellos ingresaron al país como turistas. Evidentemente que en primer lugar están infringiendo la ley de migración (por trabajar sin autorización) y después está el sometimiento a la explotación a menores de edad por parte de inescrupulosos, lo que nos hace recordar las tristes y dramáticas noticias que vemos que están pasando en otras partes del mundo», manifestó el jerarca.

El secretario de Estado señaló que se reunió con el diputado encuentrista Víctor Rossi, con dos integrantes del Movimiento Tacurú y con José, el ecuatoriano contactado por LA REPUBLICA y denunciante de la situación, informando de inmediato a las autoridades del Instituto Nacional del Menor (Iname).

«Estos temas de problemática social realmente son preocupantes», comentó el ministro.

La Policía y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia comenzaron a investigar el caso de otros extranjeros residentes en Uruguay, para establecer en qué situación se encuentran y si el hecho podría estar relacionado con casos de emigrantes latinoamericanos en Argentina o, por el contrario, se trata de un hecho aislado. Además del caso de los ecuatorianos se investigan otros que involucran a ciudadanos peruanos y uno concreto en Pando, donde la explotación se daría con trabajadores provenientes de Brasil.

Paralelamente el diputado Rossi adelantó a este matutino que la semana entrante comenzará los contactos pertinentes para la adopción de controles tendientes a evitar este tipo de situaciones.

Rossi, quien calificó la situación como «inhumana», advirtió del riesgo de insensibilidad en que puede caer la sociedad uruguaya al tomar como algo cotidiano este tipo de penurias.