BPS perderá U$S 90 millones por quita de aportes patronales

Murro consideró que de aplicarse las medidas anunciadas por el presidente Batlle, se modificará los principios de financiamiento de la seguridad social, que ha tenido históricamente una aporte tripartito a través de las contribuciones de las empresas, los trabajadores y el Estado.

Agregó que la privatización total o parcial de la seguridad social en algunos países latinoamericanos, coincide con la eliminación de los aportes patronales, como ocurre en Chile, a diferencia de los países desarrollados.

Dijo que si se rebajan los aportes patronales el sistema previsional se debería financiar con un incremento en el aporte de los trabajadores y de las contribuciones del Estado, «ya que de alguna forma se debe cubrir el presupuesto de la seguridad social».

Indicó que a partir de la nueva ley previsional, aumentó tanto la contribución personal de los trabajadores como la asistencia financiera del Estado que, según se pronostica, continuará en aumento hasta el 2050.

Murro dijo que si se aumentan los aportes personales, «se comente una barbaridad, ya que en Uruguay es a los trabajadores a quienes se les realiza el mayor descuento en su sueldo en el mundo por concepto de aportes. No así los patronales, que son de los más bajos de la región y del mundo».

Actualmente, la sociedad uruguaya está pagando a través del IVA y la asistencia estatal financiera unos U$S 1.400 millones destinados a la seguridad social. «De este monto, el Estado aporta unos U$S 900 millones, pero de eliminarse los aportes patronales, la prestación debería cubrir unos U$S 90 millones, que sería el dinero faltante para equilibrar el sistema previsional».

Explicó que el Estado es financiado con un 70% de impuestos al consumo, que son pagados por los trabajadores, los jubilados y los consumidores. Añadió que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) significa el 57% de lo que recauda la Dirección General de Impositiva (DGI).

Estimó que de aumentar la asistencia financiera del Estado para sustentar el sistema previsional, también crecerán los impuestos a la población y añadió que este 3% de carga impositiva planificado por el gobierno ya representa un IVA indirecto que pagará la población, «de los menguados bolsillos de sus trabajadores».

En los países desarrollados, la gran mayoría de la recaudación estatal proviene de los impuestos que gravan la riqueza, como es el caso de las rentas a las personas físicas.

De acuerdo a estudios realizados por el gobierno y el propio BPS, se prevé que en el año 2040, para mantener el equilibrio financiero, los aportes patronales deberían alcanzar el 43% de los recursos, contra un 28% de la asistencia estatal y el resto de los aportes personales.

Murro emplazó al gobierno a no dejar al BPS de rehén en las decisiones que pudieran tomar el Ministerio de Economía y la Dirección General Impositiva. De consumarse la medida promovida por Batlle, el BPS va a «tener que estar rogando mes a mes por la entrega de plata que permita pagar las jubilaciones, seguros de paro y asignaciones familiares, ya que se le sigue quitando recursos genuinos».

Propuso también que se garantice por ley, aquellos recursos que son quitados por la eliminación del aporte patronal, para no depender de las urgencias del Poder Ejecutivo.

Pronosticó que los uruguayos pueden experimentar lo sucedido en Argentina donde hay 50.000 jubilaciones demoradas por la caída de la asistencia financiera al sistema previsional.

«Sería gravísimo que ocurriera en nuestro país una demora en los trámites jubilatorios, de seguro de paro y asignaciones familiares», enfatizó.

Manifestó su desagrado porque no se amplió el seguro de paro a los trabajadores rurales. «Si ahora se le pide a la sociedad uruguaya que aporte U$S 130 millones en impuestos, pudo introducir esta medida que es una necesidad y evita la emigración del campo».

Se preguntó que si el gobierno argumenta que no otorga el seguro de paro a los trabajadores rurales por el costo financiero, «¿por qué el Estado sostiene el sistema previsional de las AFAPs?».

Aclaró que el sistema previsional privado desde su implementación, le costará al país a fin de año, U$S 170 millones de intereses por el endeudamiento que ocasionan las transferencias a las administradoras privadas.