Contrataque magisterial

La FUM, en respuesta a los dichos del presidente Jorge Batlle en el sentido de encarar una revisión del tema de los valores en los contendidos de los programas educación, el ministro Antonio Mercader y la propia Iglesia Católica, elaboró una declaración en defensa de la laicidad en la escuela, que a su entender, muestra un invalorable aporte a la formación del ser humano y permite la convivencia de diferentes creencias sin llegar a inhibir las opciones personales.

En el tercer párrafo, se recuerda que la legislación nacional recoge el carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación estatal, cuando sanciona la Ley 15.739.

La concepción laica aparece consignada en el artículo 2º cuando obliga a «exponer integral, imparcial y críticamente las diversas posiciones y tendencias», y cuando prohibe «hacer proselitismo de cualquier especie» (artículo 3º).

El gremio de los maestros señala que la laicidad no significa dejar de educar en valores ni abandonar la ética, y acota que la escuela laica persigue un fin social y moral. Afirmaron que actualmente sigue vigente una escuela abierta a los niños de todas las creencias, transmitiendo valores que ayudan a insertarlo en una sociedad globalizada y conviviendo con personas diferentes.

Citaron «La Educación del Pueblo», de José Pedro Varela, donde el reformador de la enseñanza afirma que la educación estatal «no tiene por fin afiliar al niño en esta o en aquella comunión religiosa, sino prepararlo para la vida del ciudadano. Para esto, necesita conocer, los principios morales que sirven de fundamento a la sociedad, pero no los dogmas de una religión determinada».

La FUM explicó que en la historia del magisterio aplicó diversas iniciativas para difundir una educación en valores, y puso como ejemplo la experiencia en educación sexual, atención a la diversidad, educación para la paz, y cooperativismo, entre otros.

En relación al presunto derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, sustentada principalmente por la Iglesia Católica, los maestros enfatizaron que la apelación a la subvención estatal «derivada de eventuales dificultades económicas de los colegios, no puede ni debe excusarse en la demanda de los padres de que sus hijos reciban una educación religiosa gratuita». Agregaron que este derecho de elección tiene como correlato asumir los costos de la misma.

Argumentaron que todo subsidio demanda un aumento del gasto público o la reasignación de partidas, lo que supondría, una fuente de financiamiento o recortes presupuestales.

Finalmente, el documento establece que el sentido integrador que cumple la escuela pública y la función distributiva del ingreso, ya que el 52% del Presupuesto Escolar se destina al 20% del alumnado que proviene de los hogares más pobres, «sólo es posible en una institución que se sustenta en el principio de laicidad y en el compromiso de padres y maestros».