Plazo perentorio

Mientras Impasa continúa analizando absorber a Gremca y al cierre de esta edición los funcionarios no médicos de la última mutualista consideraban rebajas salariales en torno al 23%, las autoridades de Oca-Larghero analizarán hoy con los trabajadores médicos y no médicos, la fórmula para alcanzar un acuerdo que permita continuar con el funcionamiento de la entidad.

Si bien en dos asambleas los trabajadores rechazaron los recortes salariales que consistían en rebajar la masa salarial de los médicos en $600 mil mensuales y a los no médicos $300 mil en el mismo período, hoy la directiva de Oca-Larghero plantearía que la rebaja de las retribuciones sea equitativa para ambos sectores.

MIDU y Comaec

Ante las dudas de la autoridades sanitarias del país, las mutualistas MIDU y Comaec resolvieron iniciar un proceso de unión asistencial para consolidarse como empresas prestadoras de servicios de salud, con el apoyo de Casmu y garantía asistencial de dicha institución extendida ante el MSP, que cubre tanto los servicios a sus afiliados como la venta de servicios a terceros efectuada por MIDU.

La asamblea del 23 de abril pasado realizada por el Sindicato Médico del Uruguay, resolvió en su punto cuarto «facultar al Casmu a continuar con la línea de trabajo que con un criterio esencialmente gremial, ha permitido que no se hayan producido aún cierres de instituciones. Esto no deberá significar afectación patrimonial o económica del Centro de Asistencia».

En torno a los seguros de paro rotativos cada dos meses que se registran en Casmu desde octubre pasado –que incluyen alrededor de 100 personas– LA REPUBLICA consultó al presidente de la Junta Directiva del Casmu, Jorge Basso, acerca de si la institución podrá garantizar la asistencia de MIDU y Comaec. Basso respondió que «para el Casmu el compromiso es con funcionarios y asociados», al tiempo que recordó que la institución ha logrado un equilibrio económico y sólo «tiene un déficit operativo mensual de 1,6%». También subrayó que es la única entidad mutual que desde hace 7 años realiza auditorías externas.

Por su parte, las autoridades sanitarias explicaron a LA REPUBLICA que las empresas deberán demostrar el 17 de mayo que existen garantías en la asistencia. «La pregunta es si Casmu se hará responsable de posibles casos de omisión de asistencia, el costoso tratamiento de enfermos de sida y cuentas negativas de las dos instituciones».

El acuerdo entre MIDU y Comaec se expresa en el suministro de medicamentos, material de uso médico, técnicas de diagnóstico y servicios de laboratorio del Casmu a ambas instituciones, como etapa intermedia a un acuerdo de complementación en el cual ambas serán empresas adheridas al Casmu, debiendo coordinar con éste las políticas asistenciales, comerciales y de administración.

Entre los objetivos del acuerdo se procura acceder a los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional. También se prevé mejorar y ampliar los servicios de salud y consolidar los puestos de trabajo médicos y no médicos.

En su Plan para el Fortalecimiento del Mutualismo, el MSP manifestó que las empresas deberán demostrar viabilidad para continuar funcionando y para obtener el préstamo del BID, que consiste en U$S 75 millones y corresponderá a una cuota y media por afiliado para cada institución. «La viabilidad se ha asentado en la disminución de los costos salariales por la vía de rebajas transitorias aceptadas por médicos y funcionarios y la consolidación de las deudas salariales, especialmente con el sector médico, en acuerdo de pago a largo plazo. Tanto médicos como funcionarios de ambas instituciones han reafirmado su compromiso de agotar los esfuerzos por alcanzar el objetivo de consolidar las entidades», informaron voceros de las dos entidades en conferencia de prensa celebrada en sede del SMU.

La propuesta concursal aceptada por la Justicia es del pago del 10% de los montos adeudados por MIDU con una quita de 90%, mientras Comaec se encuentra negociando con sus acreedores comerciales un acuerdo compatible con su capacidad de pago.