Sin negociación

Inestabilidad laboral, violaciones de los laudos acordados y el desconocimiento del aumento del Indice de Precios al Consumo (IPC), son algunas de las situaciones que miles de trabajadores uruguayos padecen en sectores donde no se registran convenios colectivos.

Un informe, elaborado por el Instituto Cuesta-Duarte de la Central de Trabajadores da cuenta que, de seguir la tendencia, la negociación colectiva que es uno de los ejes principales en la plataforma reivindicativa de los gremios a lo largo de su historia, corre serio riesgo de desaparecer.

La proyección está basada fundamentalmente en el sostenido incremento de trabajadores en sectores no tradicionales hasta el momento, como el caso de los fast food (comida rápida), locales de pago (Abitat), el comercio en sus nuevas variantes (shopping center) y las tercerizaciones producidas, principalmente en el sector de la vestimenta, rubro que tradicionalmente tuvo una fuerte presencia a nivel sindical. El documento señala que los casos de «Abitab, McDonald’s o Ediner son ilustrativos de la violación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo», firmado el 18 de julio de 1951 y ratificado por Uruguay y que, por lo tanto, posee «valor de ley, relativo a la libertad de sindicalizarse y el derecho a la negociación colectiva».

Fuente sindicales, consultadas por LA REPUBLICA, expresaron que la pérdida del convenio colectivo es «una de las principales preocupaciones del PIT-CNT», en el entendido de que el trabajador «va camino a la precarización», en tanto los gremios «pierden uno de sus principales referentes» integrada a la plataforma reivindicativa.

En Uruguay, la negociación colectiva tiene ya casi un siglo de vigencia. Hacia 1895 se habían celebrado negociaciones que limitaban la jornada de trabajo en industrias como la construcción, marmolera y tipográfica.

Es cierto que no se instrumentaban en documentos que reunían los requisitos formales de un convenio colectivo en el sentido jurídico del término. Sin embargo reflejaban una nueva forma de regular las condiciones de trabajo por medio de compromisos autónomos entre empleadores y grupos de obreros, con perfiles diferentes del contrato individual, tanto como de la regulación heterónoma.

En ese sentido, la negociación colectiva conoció grandes progresos después de largos años de virtual parálisis durante el régimen militar (1973-1985). Al restablecerse la democracia, el nuevo gobierno reabrió la negociación en el seno de consejos de salarios tripartitos, que existían desde 1944 pero no se convocaban desde 1968. Esta práctica tuvo varios años de vigencia, mientras que paralelamente comenzaba a fortalecerse la negociación bilateral entre organizaciones de trabajadores y de empleadores. Hacia 1991, el 86% de los trabajadores de empresas de más de 50 empleados estaban cubiertos por algún convenio colectivo de trabajo y el 79% estaban comprendidos en algún convenio por rama de actividad. Fue durante la administración del presidente Luis Alberto Lacalle, en 1992, que se dejó de convocar a los consejos de salarios.

La negociación colectiva es un proceso de creación de normas que rigen las relaciones de trabajo. En este proceso participan, por un lado, los empresarios o sus organizaciones y, por otro, los representantes de los trabajadores, normalmente sindicatos. En ocasiones, también se suma el gobierno como tercer actor. La negociación entre un empresario y sus empleados de forma individual no se considera negociación colectiva. El proceso normalmente resulta en la conclusión de un acuerdo, llamado «convenio colectivo», aunque puede recibir también otras denominaciones.

El documento expresa que en la actualidad, la simple negociación limitada al salario tiene «pocas posibilidades de dar resultados positivos» en términos del ingreso de los trabajadores y que, en cambio, esos resultados positivos sí pueden venir si se integra a la negociación otros temas donde el salario podría ser parte de un cambio en la gestión más eficiente.

«Esto implica discutir temas como la calidad, la productividad y, básicamente, todos los sistemas de gestión participativa», expresa el informe del instituto Cuesta-Duarte.