Otro triste récord

Desde el año 1999 viene produciéndose un agudo deterioro de las fuentes laborales, como consecuencia de la crisis que afecta al aparato productivo nacional.

Desde ese año han comenzado a batirse récords en materia de envío al Seguro por Desempleo, a consecuencia del cierre de industrias y empresas.

Un ejemplo fue el caso de Motociclo, que debió dar de baja a centenares de empleados al no poder colocar su producción en Argentina.

El representante de los trabajadores ante el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, indicó que en el mes de marzo 29.993 fueron los beneficiarios del subsidio por desempleo. Advirtió que esta es una información provisoria, teniendo en cuenta algunos errores informáticos acontecidos en el BPS, lo que podría modificar la cifra. Dijo que en caso de confirmarse este guarismo, será un récord histórico sólo comparable con el registrado en 1983, cuando el país sufrió los efectos de la ruptura de la «tablita».

Consideró que se deberá aguardar el impacto derivado de la epidemia de la aftosa. «No quiero dar pronósticos para no agravar más la situación, pero vivimos una realidad cruda», enfatizó Murro, acotando que los datos de marzo superan a los de febrero, cuando se llegó a 29.443 trabajadores amparados.

 

Aplazan aportes

En otro orden, teniendo en cuenta la crítica situación que afrontan los productores rurales, el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) resolvió ayer, en principio, aplazar el pago de los aportes patronales y obreros de los empresarios rurales para fin del mes de mayo.

Esta medida, impulsada por el representante de los empresarios ante el Directorio del BPS, contador Roberto Acle, que contó con el respaldo del propio Murro, tiene el propósito de dar tiempo al Poder Ejecutivo para decretar la suspensión de la recaudación rural correspondiente al primer cuatrimestre del año, ya que el Directorio sólo tiene potestades para diferir el pago.

El director social propuso extender la cobertura del subsidio por desempleo al sector rural, lo que significará una erogación para el Banco de unos U$S 3.000.000, por estar afiliados al BPS unos 73.000 trabajadores rurales.

Consideró injusto que estos trabajadores no puedan acceder a este derecho laboral, más si se tiene en cuenta que los trabajadores rurales «aportan lo mismo que los empleados del sector de Industria y Comercio: el 15% para la seguridad social, y el 3% para el seguro de enfermedad».

Asimismo, Murro pretende la aplicación de una flexibilización al acceso al seguro de paro para todos los trabajadores de curtiembres, frigoríficos y otros sectores afectados por la crisis derivada de la epidemia de aftosa, otorgándose prioridad a las personas mayores de 50 años y trabajadores con carga familiar. Según el director social, deberían contemplarse aquellos casos afectados por la aftosa y que no alcancen los 150 jornales requeridos o que no puedan acceder al mismo. Murro dijo que estas iniciativas fueron planteadas recientemente al subsecretario de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, Federico Bosh, en una mesa redonda donde se abordó la problemática del asalariado rural.

 

El neoliberalismo

Los días 25 y 26 de abril se realizó en la ciudad de Washington, Estados Unidos el 15º Congreso de la Organización Regional Interamericana (ORIT) sobre Seguridad Social. El encuentro contó con la participación del secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Eduardo Fernández, y el director representante de los jubilados y pensionistas en el BPS, Luis Colotuzzo, a quien se le realizó un homenaje al conmemorarse los 50 años de la ORIT, fundada el 9 de enero de 1951.

Durante el encuentro, se acusó al neoliberalismo de provocar la crisis de los sistemas de la seguridad social para justificar los proyectos privatizadores y el desmantelamiento de los mismos.

La declaración considera que «se ataca al principio fundamental de la solidaridad, desligando al Estado de la protección de los riesgos sociales». Se consigna, además, que América Latina es el principal escenario de dichos ataques, donde se proyectan reformas con promesas de resultados económicos y financieros espectaculares, presentadas como indiscutibles, pues se afirma que tienen naturaleza científica.