Relacionan a Marsicano con la muerte de cinco ex presas

La directora técnica del Hospital Central de las Fuerzas Armadas fue la sexta profesional médica expulsada por sus colegas debido a su participación, complicidad u omisión de sus deberes asistenciales, en la muerte, tortura o malos tratos recibidos por los presos políticos durante el período dictatorial.

El primero de la lista, que sus pares consideraron que violó todos los principios de la ética médica, fue el doctor Saiz Pedrini, quien efectuó la primera autopsia de Vladimir Roslik, concluyendo que su fallecimiento en el cuartel de Fray Bentos no se debió a las torturas recibidas en el establecimiento militar.

La expulsión de Pedrini fue resuelta por la Federación Médica del Interior (FEMI) el 27 de octubre de 1984.

Los otros facultativos borrados de los registros gremiales del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y FEMI son: Nelson Marabotto (al igual que Marsicano, médico del penal de presas políticas de Punta de Rieles), Salomón Cizin, Fornos Vera y Vladimir Bracco, todos vinculados a torturas con los detenidos políticos durante la dictadura.

Detalles violentos

Las ex presas políticas que efectuaron las denuncias sobre Marsicano ante el SMU señalaron distintos grados de participación de la cuestionada profesional en la muerte de cinco detenidas, en el período que va desde 1974 al fin de la dictadura. La responsabilidad que le cupo fue tanto por omisión de asistencia como por el hostigamiento explícito en aquellas mujeres que se suicidaron a consecuencia de la presión recibida en el penal.

La ex detenida política Irma Leites señaló que es responsabilidad de la actual directora técnica del Hospital Militar la muerte de Ana González Pieri en 1979 a consecuencia de una septicemia. En ese caso Marsicano le diagnóstico gripe a la presa, no le suministró medicamentos, la aisló en un calabozo individual y cuando ya era tarde fue internada en el Militar, donde pereció poco después.

El Consejo Arbitral del SMU indicó, además, la responsabilidad de la profesional expulsada en las muertes de Norma Cedrés (1978) y Mabel Araújo. La primera, en tratamiento psiquiátrico y con medicación esporádica, fue recluida por indicación de Marsicano en una celda de aislamiento, donde luego se ahorcó. Araújo se suicidó al poco tiempo de ser liberada.

También se le responsabiliza por la muerte de Clarisa Bonilla en 1976 , Hilda Delacroix también falleció en ese año, y de Gladys Yáñez, quien murió en 1980 a consecuencia de una infección renal crónica contra la cual, durante años, no recibió medicación alguna.

Distintas ex presas consultadas por LA REPUBLICA narraron que en las consultas con Marsicano, ellas debían permanecer de pie y que nunca se les hacía un examen físico, independientemente de la patología que padecieran.

Otras de las acusaciones presentadas al Consejo Arbitral indican que la profesional daba el visto bueno para que las presas fueran retiradas del penal hacia otras dependencias militares o casas clandestinas de tortura; también era ella la que efectuaba el chequeo correspondiente cuando aquellas volvían de los «interrogatorios». Asimismo, la directora técnica del Hospital Mililtar «blanqueó» las historias clínicas de las detenidas, cuando las visitas de la Cruz Roja Internacional en los años 1980-81.

Opiniones dispares

El presidente del Consejo Arbitral del SMU, Eduardo Navarrete, dijo a LA REPUBLICA que la decisión del sindicato tiene la aspiración de establecer un precedente aleccionante para el ejercicio de la profesión, que redunde en un mantenimiento de los principios éticos que deben guiarla. También, la esperanza de que estas conductas no se repitan nunca más.

Por el contrario, el diputado Daniel García Pintos, de Nueva Fuerza Colorada e integrado a la bancada de la Lista 15, consideró que el fallo del SMU expulsando a Marsicano es «verdaderamente lamentable» y de «un manejo político improcedente» y desafió a la gremial galena a considerar la situación del hoy médico que en 1972 dio muerte al peón rural Pascasio Báez.

García Pintos señaló que se comunicó con Marsicano para solidarizarse ya que es «una profesional de la medicina, un excelente ser humano, que ha sido sometida en las últimas horas a un tratamiento cruel, degradante y torturante.»

Seguidamente agregó: «Nunca vi, salvo que esté muy mal informado, ninguna decisión de esos consejos arbitrales del SMU, sobre aquel asesinato, reñido con la ética médica. Me parece que en todo esto hay un manejo político improcedente. Esto es un nuevo estilo de escrache, como se hizo con el capitán Trocoli y otras personas. Ahora se ensañan con esta doctora», expresó el diputado colorado.