Podría aplazarse el inicio de la vacunación contra la gripe

El Ministerio de Salud Pública y el Laboratorio Calmette –el cual almacena las 360.000 dosis y su entrega a los puestos pertenecientes a la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa– procuran comenzar la campaña antigripal el próximo lunes 30 de abril.

Los funcionarios perciben, precisamente, sus salarios el último día hábil de cada mes y por ello resolvieron en asamblea realizada a comienzos de abril, que «si no nos paga en fecha, no se vacuna contra la gripe», dijo a LA REPUBLICA Gustavo Zabala, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa.

La campaña está especialmente recomendada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), para las personas de más de 60 años y de cualquier edad con patologías cardiovasculares o respiratorias de tipo crónico, incluyendo niños con asma. Además, se apunta a personas que requieren un cuidado médico y han tenido internación en los años previos por diabetes y otras afecciones metabólicas crónicas, disfunción renal, hemoglobinopatías o inmunodepresión. El MSP también exhorta a vacunarse a todo el personal de la salud. La División de Epidemiología subraya que la vacunación contra la gripe está contraindicada en las personas con alergia comprobada a las proteínas del huevo o con infección aguda en curso.

Las dosis serán distribuidas por parte de la Comisión Honoraria en todos sus puestos de vacunación en forma gratuita. «En caso que no se nos pague, pues las autoridades nos comunicaron que podría existir atrasos, sólo se vacunará a los recién nacidos con la dosis de la BCG».

Los funcionarios también reclaman contra las modificaciones al destino de los aportes jubilatorios, que pasarían de la Caja Civil a la de Industria y Comercio. El representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, dijo a LA REPUBLICA que el tema de los aportes «es absolutamente complejo en este caso», porque hay funcionarios que tienen otro empleo en el área privada y aportando a la Caja de Industria y Comercio se jubilarían en una sola Caja. Para ello Murro propuso al Directorio la conformación de un grupo de trabajo para redactar un proyecto de ley «que resuelva el tema de la mejor manera posible».