Hacinamiento, drogas, violencia y corrupción

El diputado herrerista y presidente de la agrupación parlamentaria, Raúl Argenzio, indicó que se trata de un informe al cual «se le realizaron algunas correcciones y que será expuesto ante una reunión de presidentes de comisiones de Derechos Humanos de Latinoamérica, que se realizá en el marco de los encuentros del Parlatino a desarrollarse los días 17 y 18 de mayo. Allí se analizarán las políticas carcelarias en el continente». La comisión parlamentaria contó con la colaboración del ministro del Interior, Guillermo Stirling, y diversas autoridades en el análisis de la situación carcelaria.

El legislador blanco anunció que «el informe será presentado el próximo 30 de abril ante la comisión del Parlatino o ante el propio presidente de la Comisión Especial de Políticas Carcelarias del mismo organismo, el diputado por Alianza Progresista, Daniel Díaz Maynard.

Hacinamiento

En la exposición que elaboró Chifflet y que la comisión aprobó por unanimidad de sus integrantes, se sostiene que en los establecimientos carcelarios de nuestro país «hay situaciones graves de claro incumplimiento de la Constitución y la Ley».

«Para que las normas dejen de ser progreso manuscrito importa analizar esa realidad sin ocultamientos, determinar sus causas y los caminos para resolver problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos», se subraya en la introducción del informe.

El legislador encuentrista sostiene que Uruguay debe sentirse comprendido en la afirmación genérica de la Comisión Espacial de Políticas Carcelarias del Parlatino, cuando expresa que «bajo el pretexto del legítimo derecho a la seguridad que reclaman los ciudadanos, en no pocos países de la región las cárceles se han transformado en depósitos de personas ante la ausencia de políticas carcelarias».

En ese sentido, la superpoblación carcelaria –uno de los problemas más graves que deben enfrentar en los establecimientos de nuestro país–«se ha multiplicado y las perspectivas son más sombrías, en razón de que se han agravado las penas para algunos delitos».

«La consecuencia es que el hacinamiento y la carencia absoluta de privacidad en las cárceles y el hecho de que muchos reclusos deben pasar la mayor parte de las horas del día en las celdas multiplican los problemas».

Asimismo, en la declaración se ejemplifica que en varios establecimientos penitenciarios, como los de Santiago Vázquez, Libertad o Canelones, se puede comprobar que «en las barracas con cuchetas para doce reclusos y sin el espacio ni la ventilación disponibles, deben cohabitar hasta dieciocho presos, lo que los obliga a permanecer sobre las cuchetas y en estrechos pasillos».

El Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar) que tiene una capacidad para 800 reclusos, aloja «a más de 2.100 presidiarios y la mayor parte de las cárceles departamentales están superpobladas «.

También se denuncia que no se destinan recursos para las construcciones y, a medida que pasan los años, al no contarse con una edificación adecuada, «las carencias agudizan los problemas».

Situación jurídica

Según se detalla en el informe, la principal demanda planteada por los reclusos a los legisladores integrantes de la agrupación parlamentaria, fue «el desamparo desde el punto de vista jurídico, ya que un porcentaje elevado de presos manifestó carecer de información sobre la marcha de sus respectivos procesos y se quejaba por la falta de comunicación con los abogados defensores».

Además, los presidiarios reclamaron en su oportunidad, «el reestablecimiento de la visita anual de cárceles, procedimiento que se había suspendido en los últimos años, porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se veían imposibilitados de cumplir esa tarea en razón del elevado número de reclusos». El conflicto pudo superarse algunos meses después, luego de la intervención de la comisión parlamentaria que aprobó un proyecto con el apoyo de la SCJ, que también fue aprobado por el Parlamento, logrando el restablecimiento de ese mecanismo que permite el análisis y dictamen sobre los delitos menos graves.

Atención sanitaria

Sobre este aspecto, se hace referencia al «Informe Tomasino», donde se expresa que en los establecimientos penitenciarios «no existe información epidemiológica, ni indicador alguno de morbimortalidad, ni historias clínicas, ni datos clínicos de ingreso y egreso, ni hay estructuras que permitan contener al interno por un lapso que permita su estudio psico-físco, y sobre la base de ellos determinar la conducta que se deberá seguir con el mismo».

Un capítulo especial «podría dedicarse a la falta de atención adecuada a los enfermos de sida, ya que con frecuencia se denuncia que no cuentan con medicamentos ni con atención adecuada y en algunos establecimientos ni siquiera se ha determinado el número de enfermos».

Trabajo y rehabilitación

El trabajo de los recluidos en prisión «resulta un instrumento esencial para alcanzar los objetivos del régimen penitenciario: la inserción social de la persona en el entorno familiar y social».

Sin embargo, es mínimo el número de presidiarios que realizan tareas, «para que puedan así superar los efectos perniciosos del ocio y aportar recursos a su familia o para sus propios gastos».

Según el informe, «no se trata de retornar a los trabajos forzados, sino como tratamiento profiláctico, educativo y no como castigo».

Por otra, se expresa que «sólo algunas experiencias aisladas, como la organización de un grupo de teatro, ha demostrado que hay un vasto campo no abordado sistemáticamente para tareas de rehabilitación».

En el texto de documento, se destaca que «si organizaciones de derechos humanos, maestros o profesores voluntarios se proponen respaldar la rehabilitación de algunos presos, no se les suelen abrir posibilidades».

Por otro lado, se indica que «no ha podido ser resuelta» la problemática de las drogas, corrupción y violencia interna carcelaria. Por otra parte, resulta «imprescindible tomar medidas para humanizar el trato a los familiares de los presos».

El informe subraya que nuestro país «no cuenta con planes permanentes de preparación del personal destinado a las cárceles», y que sería necesario comenzar a formar funcionarios para poder transformar la sombría realidad actual, cuando se cuente con la voluntad política y los reclusos para aprobar un proyecto de rehabilitación carcelaria, que saque a los establecimientos penitenciarios de la órbita del Ministerio del Interior».