El referéndum sobre la "Desintegración de Antel"

Ricardo J. Lombardo

 

La persistente intención de dividir al país en «familias ideológicas», ha incluido, como acto reflejo, el referéndum sobre Antel. Se agrega así un nuevo asunto al maniqueísmo en que el país ha ido cayendo en los últimos tiempos.

Pero la realidad ofrece un escenario bien distinto. La propuesta de derogar mediante consulta popular los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto, no representa necesariamente los antagonismos público-privado, monopolio-competencia, inversiones-no inversiones.

La disyuntiva aquí es de otra índole y me propongo demostrarlo.

 

Focalicemos la discusión

Los medios de difusión y a menudo los propios protagonistas políticos refieren al asunto como «el plebiscito sobre Ancel». En realidad aluden a uno de los temas de menos importancia y en el que, al final de cuentas, más rápidamente podríamos ponernos de acuerdo.

Hacen referencia al Art. 612 que habilita a hacer de Ancel una sociedad anónima y a vender hasta el 40 % del capital accionario a través de mecanismos que aseguren transparencia.

Si Ancel ingresa en el terreno de la competencia abierta, hecho que parece inexorable, y si queremos aceptar las reglas de juego del mundo de hoy, no puede seguirse manejando con el régimen jurídico profundamente limitativo de una División de un Servicio Descentralizado. Si queremos que Antel compita y tenga éxito, tenemos que darle los instrumentos para hacerlo: esto es, dotarla del régimen jurídico privado.

Hasta aquí no parece haber motivos de discusión. Ocurre que en el Presupuesto, como una concesión política al doctor Lacalle, se aprobó la posibilidad de vender hasta 40% de ese capital accionario, introduciendo así un elemento conceptualmente nuevo. Ya no es un cambio de régimen jurídico sino la venta a terceros de parte de ese capital accionario.

Si se asume una actitud dogmática por parte de quienes no están en condiciones de admitir ni un gajo del Estado para los privados, estamos frente a un problema. Pero si se es realista y se entiende que un 40% es un porcentaje minoritario que no otorga poder ni siquiera asegura un gran negocio, deberíamos ingresar en el camino del pragmatismo como lo hizo la coalición de gobierno.

Este asunto, que a menudo aparece como el titular de todo el temario, no tendría, a mi modo de ver, demasiado complicación, si no fuera porque es parte de otro capítulo mucho más grande y problemático: y es la desintegración de Antel como eje central del proceso de desarrollo tecnológico del Uruguay, tal como surge del Artículo 613.

 

La desintegración de Antel

El verdadero nombre del referéndum debería ser: la

Desintegración de Antel.

Antel ha sido en los últimos años el eje de la política de desarrollo tecnológico uruguayo en el ingreso a la era de la información. El desdibujado límite entre las telecomunicaciones y la informática, la pusieron en el centro de la nueva economía. Nosotros tuvimos la visión de que tenía que ser el gran impulso del país en el siglo XXI constituyéndose en la supercarretera por donde los privados transformaran su forma de comunicarse, de organizar sus empresas, de comerciar, sus formas de aprender y de trabajar. Eramos conscientes de que la sociedad uruguaya tenía un instrumento formidable para ello y no sólo había que cuidarlo sino impulsarlo al máximo, introduciendo espacio para la inversión privada y escenarios de competencia, pero siempre manteniendo su integralidad. La propia Torre de las Telecomunicaciones, que muchos creyeron encerraba un afán de trascendencia personal, no era otra cosa que el símbolo que debía marcar el camino de la nueva economía en el Uruguay del Tercer Milenio, con una empresa moderna, ambiciosa, integral y dinámica.

Sin embargo, esa visión, que aún hoy seguimos teniendo, está en las antípodas de la que se incluye en el artículo 613 del Presupuesto. Allí Antel deja de ser el eje del proceso de desarrollo tecnológico y termina siendo desguazada.

Veamos. El artículo 613 crea tres grandes áreas de negocios, cuyos características son bien diferentes.

Una primera área de negocios es la telefonía básica. Mantiene incambiado este rubro, con un monopolio en manos del Estado y define la telefonía básica como «fija, conmutada y referida al tráfico nacional, así como los servicios de telefonía fija que se prestan bajo la denominación comercial de ‘Ruralcel'».

A primera vista, alguien podría decir que aquí no hay motivo de cuestionamiento, ya que todo queda igual. Pero justamente allí está el problema.

Este sector parcial de una empresa de telecomunicaciones es el de menos futuro. Sus ingresos tienden a disminuir radicalmente. Incluso la larga distancia nacional, que es uno de los principales rubros de recaudación de Antel, tiende a igualarse con la local, ya que no está lejano el día en que exista un solo valor de cómputo en todo el territorio nacional.

Además, lo más probable es que la mayor parte de los casi 6.000 funcionarios que tiene Antel permanezcan en este sector, con lo cual estaremos creando una empresa deficitaria e ineficiente. Sin herir ninguna susceptibilidad, recuérdese AFE, con 11.000 funcionarios y muy pocos trenes.

¿Por qué se mantiene esta área monopólica? En la actualidad, resulta difícil de entenderlo. Hacerlo es el mayor desestímulo a la inversión privada y el mayor problema con que puede quedarse el Estado. Acaso el aumento de tarifas aprobado en febrero –que casi triplicaba el valor de las llamadas en ciertos horarios– y que fue frenado a tiempo, sea un anuncio de lo que puede pasar con esta área de negocios monopólica y aislada.

La segunda área de negocios propuesta en el artículo 613 es mucho más promisoria. Allí se incluyen todos los servicios que no sean telefonía básica ni celular. Esto es todo ese potencial de la nueva economía: Internet, transporte de datos, contenidos, telefonía internacional, están incluidos en este renglón.

Aquí se prevé crear sociedades anónimas por parte de Antel o conjuntamente con privados, cuyo destino final puede ser totalmente privado. Es decir las acciones de las sociedades anónimas que se creen para explotar estos promisorios negocios pueden ir a parar íntegramente a manos privadas.

Lo peor del caso es que si Antel, con el poderío que tiene, con la red que tiene, con los controles de interconexión que tiene, crea una sociedad anónima para explotar cierto rubro, inmediatamente deja afuera a los competidores y se transforma en un monopolio de hecho, por más organismo regulador que se cree. Así que de esta forma estamos perdiendo una de las ventajas de la nueva economía que es la competencia, promoviendo la formación de diversos monopolios que, para colmo de males, y una vez vendidas las acciones, se convertirán en privados y por lo tanto serán mucho más difíciles de controlar.

Además, esos monopolios privados serán de imposible convivencia si se siguen las reglas del mundo de hoy. Supongamos que crea un portal y se lo vende a El Sitio; una empresa de LMDS (ancho de banda inalámbrico) y se la vende a Telefónica; el ancho de banda alámbrico, se lo vende de Bell South y así sucesivamente. Yo me pregunto «¿Quién coordinará estos desarrollos y orientará la política nacional?». Es cierto que se ha creado un organismo regulador, pero que es eso: regulador y no ejecutor de políticas empresariales.

La tercera área de negocios surge del artículo 612 y es Ancel. Es una empresa en régimen de economía mixta con mayoría del capital accionario de Ancel, cuyo análisis ya hicimos.

 

Una colcha de
retazos

Según hemos visto, aquella visión de una Antel eje del proceso de desarrollo tecnológico, se ha desvanecido en el nuevo articulado presupuestal. Hoy tenemos una colcha de retazos que no promueve la competencia, sino formas de monopolios privados, que no promueve la inversión privada, sino que alienta la incertidumbre del destino de las telecomunicaciones en el Uruguay y que no promueve ubicar a Antel en el centro de la nueva economía, sino que la desintegra.

Las empresas de telecomunicaciones abren justamente diversas áreas de negocios para compensar unas con otras, para potenciarlas entre sí, para maximizar la utilización de sus recursos, para saber moverse si ciertos rubros dejan de ser rentables y otros aparecen como altamente beneficiosos. Pero nunca pierden su integralidad, su convergencia. Al contrario, si algo nos ha mostrado esta nueva economía es un proceso de fusiones y absorciones que tienden a ejercer mecanismos de control y consolidación empresarial.

Que nadie se engañe. Aquí lo que está en juego es algo mucho más importante que el dilema público vs privado o monopolio vs competencia. Aquí lo que está en juego es una visión desintegradora de Antel, de su rol como orientador del proceso de desarrollo tecnológico del Uruguay y de un patrimonio invalorable que tenemos todos los uruguayos.

No quiero juzgar intenciones, ni prever, como en un juego de ajedrez, que estas movidas se hacen con otros planes preconcebidos. Sólo juzgo la visión que puede desentrañarse del derecho positivo con que contamos. Y a ella me opongo.

*Dirigente político, ex presidente de Antel