Pulseada diplomática por recalentamiento global

El jefe de la Casa Blanca anunció el mes pasado que no ratificará este acuerdo internacional, que impone cuotas de reducción a los países desarrollados en sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otras emisiones gaseosas.

El acuerdo relativo a la reducción de emisiones firmado en 1997, fue ratificado sólo por Rumania y 32 países en desarrollo exonerados de adoptar la medida. Su entrada en vigencia está condicionada a un acuerdo complementario sobre las modalidades de aplicación, que es objeto de negociaciones desde hace tres años.

Dos ministros de la Unión Europea, Kjell Larsson (Suecia) y Dominique Voynet (Francia), admitieron públicamente tener pocas esperanzas de lograr que Washington cambie su posición, confirmando la intención de los Quince de continuar las negociaciones para permitir la entrada en vigencia del acuerdo en 2002, «si es necesario» sin los estadounidenses.

Técnicamente ese objetivo es alcanzable, si la UE logra atraer a su campo a Rusia y Japón, que hasta el presente se aliaron con Estados Unidos en las negociaciones sobre el clima. Para que el protocolo entre en vigor, es necesario que los países firmantes que lo ratifiquen representen el 55% de las emisiones de dióxido de carbono en 1990.

Esta regla otorga –de hecho– un derecho de veto a Estados Unidos, que emitió el 36,1% del CO2 de los países desarrollados en 1990, si la UE (24,2% de las emisiones) no obtiene el apoyo de Rusia (17,4%) y de Japón (8,5%). El acuerdo de los países del este europeo candidatos a integrarse a la Unión Europea y cercanos a las posiciones europeas (7,4%) se considera adquirido.

Si la ecuación es técnicamente simple, no lo es tanto en el plano ambiental, político y económico: ¿un acuerdo de lucha contra el recalentamiento climático tiene sentido si no es aplicado por Estados Unidos, que produce 25% de la contaminación planetaria? ¿Vale la pena sacrificar estrechas relaciones globales con Washington en el altar del clima? La respuesta varía según provenga de un Jefe de Estado o de gobierno, de un ministro de Relaciones Exteriores, de ministros de Economía y Finanzas o finalmente de un ministro de Medio Ambiente.

Gerhard Schroeder y Bush admitieron su desacuerdo sobre el clima durante una reciente visita del jefe de gobierno alemán a Washington y «luego pasaron a otros temas», observó un alto funcionario que sigue de cerca las discusiones y solicitó conservar el anonimato.

Australia anunció el jueves por medio de su ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Downer, que rechazaría «una confrontación con Estados Unidos en el tema del clima». Canadá, otro estrecho aliado de Washington, se posiciona de igual forma.

Los dirigentes japoneses multiplicaron sus llamados públicos a Estados Unidos para que revisen su posición, pero en privado explicaron a una delegación de la UE que viajó a Tokio el 9 de abril que les sería difícil ratificar el tratado sin Estados Unidos, según una fuente europea.

En el plano económico los japoneses y europeos temen experimentar pérdidas de competitividad frente a Estados Unidos si las firmas estadounidenses no son obligadas a limitar sus emisiones de CO2 y se interrogan sobre el eventual impacto de la decisión de Washington sobre los futuros permisos comercializables para emitir CO2.

Rusia, cuya posición no parece definitivamente adoptada, suma incertidumbre, ya que tiene márgenes disponibles sobre su cuota de reducción de emisiones y jugará un papel importante sobre esos nuevos mercados financieros.

Como se recordará, LA REPUBLICA reprodujo una intervención del senador del Frente Amplio-Encuentro Progresista, Marcos Abelenda en la cámara Alta, quien advirtió las graves consecuencias del recalentamiento global de la Tierra en nuestro país, afirmando que ello provocaría fuertes impactos ambientales en el sector agrícola y en las playas de Colonia, San José, Maldonado, Montevideo, Canelones y Rocha, algunas de las cuales podrían desaparecer. En su exposición, Abelenda citó un informe de la Comisión Nacional sobre Cambio Global que funciona desde 1994 en la égida del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

El estudio analiza, principalmente, la vulnerabilidad de nuestros recursos costeros y agropecuarios, proponiendo algunas medidas de adaptación para enfrentar dichos cambios climáticos.