Rechazo a la dependencia
El pasado 17 de abril, en el marco del Día Internacional de Lucha Campesina, organizaciones campesinas, de productores agrícolas, sociales, ecologistas, y de consumidores de todo el mundo, rechazaron la importación de productos agrícolas «a precios por debajo de los costos de producción que destruyen la producción alimentaria local, contra los transgénicos y contra las patentes sobre la vida».
En nuestro país, organizaciones ecologistas y campesinas realizaron una jornada de sensibilización en la plaza Constitución, en la que se leyó una proclama a favor de una alimentación sana y al alcance de todas las personas. A su vez, se exigió «que los pueblos, países y regiones de todo el mundo sean soberanos para decidir sobre sus propios sistemas alimentarios», condenando «el poder y el control que un puñado de corporaciones agroalimentarias ejerce sobre los alimentos».
La iniciativa contó con el apoyo de Redes Amigos de la Tierra, la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias, la Asociación de Fomento y Defensa Agrícola Joanicó, el Centro Cooperativista Uruguayo, la Asociación de Productores Ecológicos de Bella Unión, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, y la Acción Internacional por los Recursos Genéticos.
Se expusieron diferentes alimentos de origen natural, como quesos, pan artesanal y verduras.
Carin Nansen, en representación de Redes Amigos de la Tierra, explicó a LA REPUBLICA que en la jornada que se realizó a nivel mundial el martes pasado, se planteó la necesidad de revertir las políticas sociales que están provocando la desaparición de los pequeños y medianos productores del campo, debido al dumping (venta de alimentos por debajo del costo de producción).
Denunció que los alimentos que ingresan a nuestro país en grandes cantidades, compiten en una situación de privilegio con la producción local, «porque el productor no puede producir a nivel de los precios que están planteados en el mercado».
Las organizaciones promueven la defensa de la producción local de alimentos, planteando que la alimentación es un «aspecto básico de la vida humana». Consideran que la producción tiene que ver con la cultura, «porque si desaparecen los productores, no solamente pierden sus puestos de trabajo, sino que se está perdiendo un elemento cultural fundamental para el país».
Carin Nanser afirmó que si el Uruguay importa alimentos y los productores siguen desapareciendo, la consecuencia directa será el aumento de la dependencia.
En lo que tiene que ver con la diversidad agrícola, explicó que ésta está siendo patentada por las grandes compañías transnacionales, «en función de enriquecerse cada vez más».
En cuanto a los alimentos transgénicos, Nansen manifestó que existe muy poco conocimiento sobre cuáles son los impactos que tienen sobre el medio ambiente y la salud, porque «es una tecnología nueva que está jugando con la genética a un nivel muy riesgoso».
Informó que, actualmente, en muchos países donde se aplican sistemas transgénicos, existen protestas contra los transgénicos, sobre todo de los consumidores.
En este aspecto, explicó que por ejemplo, Estados Unidos tiene un grave problema para su exportación de maíz que no logra colocar en el mercado internacional. Entonces, lo vuelca a través de programas de ayuda alimentaria a los países del Tercer Mundo.
«Aun así, en nuestro país, el presidente Batlle dice que va a apoyar los transgénicos, cuando desde el punto de vista económico va a signicar pérdida de mercados».
Por su parte, Uvaldo Delgado, representante de la Asociación de Remitentes de Conaprole y de la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias, explicó por qué las organizaciones sociales, ecologistas, sindicales, de consumidores, campesinas, de productores familiares, de derechos humanos e indígenas, rechazan el ALCA.
Las organizaciones denuncian que en dicho bloque económico se negocia a puertas cerradas, acusándolo de «degradar aun más los derechos laborales y las condiciones de trabajo».
Otro de los peligros derivados de esta situación, es la eventual desaparición de los productores familiares, la privatización de los servicios públicos, la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y la paulatina desaparición de la industria nacional.
En opinión de los auspiciantes de la jornada, si se profundizan aun más los lazos de dependencia, aumentará la pobreza y la desigualdad.
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