Democracia alimentaria

La proclama, que será impulsada el viernes a las 12.30 horas en la plaza Constitución, cuenta con el apoyo de Redes Amigos de la Tierra, La Mesa Coordinadora de Gremios Agropecuarios, La Asociación de Fomento y Defensa Agrícola Joanicó, el Centro Cooperativo Uruguayo, la Asociación de Productores Ecologistas de Bella Unión, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas y Acción Internacional de los Recursos Genéticos.

En la proclama, las organizaciones adherentes exigen una alimentación sana y al alcance de todos, así como que los pueblos, países y regiones de todo el mundo «sean soberanos para decidir sobre sus propios sistemas alimentarios».

Asimismo, se condena «el poder y el control que un puñado de corporaciones agroalimentarias ejerce sobre los alimentos, con el beneplácito de los gobiernos, que claudican y obedecen sin resistencias las normas impuestas por Organización Mundial de Comercio (OMC) y demás acuerdos de libre comercio, normas principales injustas con los países y sectores de la población más empobrecidos».

Expresan que en el Día Internacional de Lucha Campesina, organizaciones campesinas, de productores agrícolas, sociales, ecologistas y de consumidores de todo el mundo, protestan en contra de las importaciones de productos agrícolas «a precios por debajo de los costos de producción, que destruyen la producción alimentaria local, contra los transgénicos y las patentes sobre la vida». La plataforma que apoyan las organizaciones sociales adherentes demanda la «exclusión de la Organización Mundial de Comercio de toda negociación relacionada con la producción de alimentos».

Asimismo, se denuncia a la OMC «como un instrumento aitidemocrático, al servicio de las multinacionales que nos están imponiendo la política de liberalización de los mercados. Los tratados de libre comercio y el acuerdo de agricultura de la OMC están desviando la producción doméstica hasta la producción intensiva de exportación y forzando a millones de productores agropecuarios, campesinos y pueblos indigentes a la bancarrota total». En otro orden, se reclama la aplicación del «principio de soberanía alimentaria como base de las políticas agrícolas», «las cuales tienen que garantizar la sustentabilidad de la producción campesina familiar y diversificada de alimentos sanos y precios que remuneren el trabajo agrícola, reactivando la política de reformas agraria, regulando los mercados para evitar excedentes y frenando la concentración de la producción». En otro orden, se exige la abolición de las subvenciones y otras ayudas a la exportación, «como parte de las medidas para evitar el dumping y la importación a precios por debajo del costo de producción».

En otro orden, se reclama que quede sin efecto la normativa que obliga a aceptar en forma irrestricta un mínimo del 5% (del total del consumo) de productos agropecuarios importados. «Cada país debe tener y aplicar el pleno derecho a proteger su producción alimentaria contra las importaciones. Hay que parar la apertura forzada de nuestros mercados a las importaciones, a precios por debajo del costo de producción, que destruyen la producción alimentaria y aumentan aún más la miseria y el hambre en los medios rurales».

Otro aspecto de la proclama refiere a los denominados alimentos transgénicos, a los que consideran «lesivos para los agricultores, los consumidores y el medio ambiente».

Finalmente, se demanda la abolición de «las patentes de vida y el reconocimiento de las semillas y otros recursos genéticos como patrimonio de la humanidad. No puede ser que esta riqueza y diversidad desarrollada por los propios campesinos y productores agropecuarios, se convierta en propiedad privada de algunas empresas transnacionales».