Dos días de plazo

«No podemos ver morir a nuestros hijos. Hasta ahora, nadie se hizo presente para interiorizarse de nuestra situación. Si en 48 horas no tenemos soluciones, se elegirá un grupo de padres para el cuidado de los niños y el resto comenzaremos la huelga de hambre», afirmó Clelio Salmantón, padre de un niño discapacitado al que se le detectaron 17 microunidades de plomo por decilitro de sangre.

La zona, donde viven cientos de familias humildes, es atravesada por la cañada Jesús María donde, según los manifestantes corren desechos de productos químicos utilizados por las curtiembres de Nuevo París.

Angela Martínez, madre de un niño de 4 años que posee 33.7 microunidades de plomo por decilitro de sangre, narró a LA REPUBLICA que en tres oportunidades concurrió al Hospital Pereira Rossell, donde funciona un servicio de policlínica para la atención de menores de 12 años afectado por esta problemática, pero el pequeño no fue atendido, porque «las salas no estaban prontas».

«Fui con el pase que me dieron en la policlínica y no me atendieron. Mi hijo se queja de que tiene dolores en los hombros, pero nadie se hace responsable de nada. Lo único que te dicen es que no es grave», afirmó.

Marilú Carballo, madre de tres niños que registran la presencia del metal entre 17 y 28 microunidades por decilitro de sangre, realizó un dramático pedido que pone al desnudo la situación de los humildes habitantes de la zona, que se ven imposibilitados de acceder a un tratamiento adecuado.

«En la policlínica del Cerro me dijeron que internara a la nena de tres años, luego que el resultado del análisis le diera 27.9 microunidades de plomo. Mi hija se queja que le duela la cabeza pero no la puedo internar. Mi marido es hurgador y no tenemos medios.

Hoy tenía 10 pesos y compré un litro de leche para los tres, cuando recomiendan dos litros por niño. Alguien tiene que hacer algo», señaló.

Sin embargo, la versión del Ministerio de Salud Pública difiere sustancialmente de lo narrado por los manifestantes.

Un comunicado, emitido ayer por el organismo, expresa que se ha habilitado un servicio de policlínica en el centro asistencial que «atenderá exclusivamente a los niños afectados por la situación» y serán recibidos «por los más calificados profesionales de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina. Allí serán monitoreados y controlados en su evolución, aplicándosele las técnicas médicas necesarias».

También se informa que en coordinación con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), perteneciente al Ministerio de Taabajo y Seguridad Social, se implementará en próximos días un programa de tratamiento alimenticio, según indicación de los médicos actuantes.

En tanto, el senador de Asamblea Uruguay Alberto Cid, anunció ayer a LA REPUBLICA que solicitará este lunes en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento que el Poder Ejecutivo destine parte del dinero del Fondo Extraordinario para Emergencias, para el traslado de las familias afectadas que vivan en asentamientos irregulares.

El legislador, que además es médico, sostuvo que las normas higiénicas y de alimentación implementadas por la comuna capitalina y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no podrán efectivizarse en ciertas zonas, especialmente en aquellas donde existen asentamientos irregulares con viviendas precarias.

«Es evidente que estos pobladores no van a poder seguir las normas higiénicas pautadas y, por lo tanto, esa gente debe ser trasladada algún lugar en un barrio que tenga seguridad desde el punto de vista medioambiental. Todo eso exige un aporte de dinero, incluso para estudios más exhaustivos, que hoy no se están realizando», afirmó Cid.

 

Comisión preinvetigadora

La edila, Cristina Ferro (Foro Batllista) solicitó a la Junta Departamental de Montevideo la creación de una comisión preinvestigadora para estudiar las medidas implementadas por la comuna en la situación que afecta a miles de vecinos de La Teja.

El pedido, solicita que se investigue si existió responsabilidad de la Intendencia en la contaminación por escoria de los predios donde se ubican afincamientos humanos y cuáles han sido las medidas adoptadas para la detección y erradicación de vectores de diversas fuentes contaminantes presentes en La Teja y adyacencias. Otros de los puntos hace referencia a que se examine lo actuado en referencia a la contaminación de los cursos de agua, arroyos y cañadas que presenten niveles de contaminación denunciados por vecinos de la zona, así como información sobre la disposición final de los residuos emergentes de actividades que suponen riesgo ambiental.

El organismo, integrado por tres curules, tendrá un plazo de 48 a 72 horas, para estudiar el tema y de creerlo conveniente, podrá expedirse sobre la constitución de una comisión investigadora.

El director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Daniel Sztern, desmintió la existencia de un informe reservado como trascendió en una radio.