Es improbable que todos los trabajadores sean reubicados

Fusiones y cierres de mutualistas generarían inestabilidad laboral

«Pese a que un grupo de instituciones de asistencia médica colectiva procuran absorber a otras, la pregunta es cómo absorberán sus pasivos, aunque éstos sean renegociados», indicó a LA REPUBLICA Natalio Blankleider.

El viernes próximo, seis mutualistas deficitarias presentarán sus proyectos de factibilidad de absorción o complementación de servicios, que englobarán los preacuerdos a los que se haya arribado en material laboral y con los acreedores de las instituciones mayormente desfinanciadas.

La mutualista Cudam presentará una iniciativa con el propósito de absorber a Central Médica y la mutualista Universal un informe de complentación de servicios con la Cooperativa Médica Uruguay España (Comue).

A su vez, la Cooperativa Médica de Empleados Civiles (Comaec) y la Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU) deberán demostrar que su acuerdo con Casmu es factible e Impasa intentará hacer lo mismo con Gremca.

Por su parte, Oca Larghero también deberá presentar en forma independiente un proyecto de viabilización, pues esta entidad cuenta con la anuencia del Ministerio de Salud Pública para no ser absorbida por ninguna otra institución. La salvedad se genera en las características de los usuarios, pues su mayor porcentaje procede de convenios con el Banco República y el Banco Central, además de los usuarios derivados del Banco Hipotecario y Ancap, entidades que con sus propios equipos médicos arriendan infraestructura de la institución asistencial.

Las 18 instituciones de Montevideo asisten a 967.000 personas. El presidente del plenario advirtió que el panorama es muy complejo, «si no se introduce circulante (dinero) a las IAMC y no se mantiene el cobro de la sobrecuota equivalente a $8″. Blankleider estimó que «deben autorizarse créditos garantizados por el cobro de esa sobrecuota y/o incrementar la cuota mutual».

En torno a los puestos de trabajo de médicos y no médicos, Blankleider comentó que «parece improbable que puedan reubicarse todos los puestos de trabajo en caso que existan absorciones o clausuras de instituciones».

El total de puestos de trabajo en el sector asciende a 27.657, subdivididos 10.100 médicos , 6.200 trabajadores de enfermería, 3.000 de técnicos no médicos, 3.500 administrativos y 4.000 de servicios generales. La masa salarial representa, aproximadamente, más del 60% del presupuesto de las IAMC.

El 4 de abril se firmó el documento que nació de la comisión multisectorial, sin la rúbrica del Sindicato Médico del Uruguay que someterá la decisión a la asamblea del 23 próximo y de las Sociedades Anestésico Quirúrgicas. Entre otras medidas, el informe establece pautas para redistribuir al personal en caso de absorciones o cierres de entidades. «El personal será incorporado en base al crecimiento absoluto de afiliados, dependiendo de la cantidad de usuarios que reciba la entidad que absorbe a otra». El documento agrega que «se priorizarán los trabajadores médicos y no médicos que tengan antigüedad mínima de un año en el cargo, titulares que cumplieron por lo menos un 80% de las horas contratadas en los últimos 12 meses y los suplentes que en el último año cubrieron en promedio el 80% de la carga horaria establecida en el laudo».

Por otra parte, tendrán prioridad médicos y no médicos que perciban hasta $17.000 y $6.000, respectivamente. En segundo lugar, se reubicarán técnicos y no técnicos que tengan ingresos hasta $36.000 a partir de los montos anteriores y luego, en tercera instancia, quienes tengan ingresos superiores a $36.000.

En marzo pasado, el Parlamento aprobó un impuesto específico a la salud del 3%, aplicado sobre el sector privado, que comenzará a recaudarse en mayo próximo. Los usuarios del sistema mutual «financiarán un impuesto que será transferido a otros rubros que no pertenecen a la salud», enfatizó Blankleider, quien subrayó que «el dinero recaudado no irá al sector que más le importa a la gente que es, en este caso, el sistema mutual».

Añadió que «estamos en contra de las ideas del presidente Jorge Batlle de concentrar el sistema en cuatro o cinco instituciones y el resto volcarlo al mercado de los seguros de salud, que lucran con la misma».

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