Familias enteras serán expulsadas a la calle

Los pobladores del asentamiento viven la incertidumbre y la angustia de quedar en la calle, luego de ser intimados a desalojar el predio en un plazo de dos semanas.

La situación pone al descubierto, una vez más, la problemática que padece un amplio sector de la sociedad imposibilitada de acceder a la vivienda propia.

El 3 de abril, el Poder Judicial envió un cedulón a la Comisión Directiva del asentamiento «20 de Julio», intimando al desalojo, luego del reclamo efectuado por la propietaria del terreno.

El asentamiento fue creado hace casi cuatro años en un terreno de dos hectáreas, donde antiguamente funcionaba una textil. Los vecinos dijeron a LA REPUBLICA que aspiran a que se les facilite la compra del terreno. Aquí nadie quiere estar al margen de la ley».

«Hemos construido nuestras casas con esfuerzo y trabajo. Ahora nos encontramos que en dos semanas podemos quedar en la calle. Tenemos derecho a vivir como seres humanos», afirmó Daniel Belloso, integrante de la comisión.

Otro vecino, César Quesada, explicó que los pobladores asumieron el compromiso de abrir una cuenta en el Banco Hipotecario en unidades reajustables para la compra del predio. «Estamos esperando que el Ministerio de Vivienda o el organismo que corresponda tome cartas en el asunto», señaló.

El barrio posee un salón comunal donde funciona, desde el año pasado, un merendero que atiende a más de cincuenta niños. También un maestro de la zona, en forma voluntaria, dicta clases de apoyo. El lugar además oficia de punto de encuentro de los pobladores en busca de una solución al problema de la vivienda.

El extenso predio cuenta con calles y cunetas construidas de material, gracias al trabajo mancomunado de sus habitantes.

«Para nosotros estas actividades son muy importantes y demuestran el espíritu solidario del barrio. Incluso, entre todos hemos marcado y construido las calles y mantenemos el terreno limpio, ya que el servicio de recoleción de basura es insuficiente. Aquí todas las viviendas tienen energía eléctrica y el 75% fue construido de material», señaló Daniel Silva, integrante de la comisión.

Quesada dijo a LA REPUBLICA que «las autoridades deben tomar en cuenta que esto, más que un asentamiento, es un barrio irregular.

Hemos realizado los trámites en OSE para el saneamiento y estamos haciendo un censo para saber, a ciencia cierta, cuántas personas viven. Somos gente de trabajo y estamos abiertos al diálogo para lograr una solución».