La falta de propuestas para combatir la delincuencia

Como consecuencia de la tan mentada globalización (que abarca tanto cuestiones económicas como culturales) Montevideo está pareciéndose a las grandes urbes del Primer Mundo desarrollado. No estamos hablando del desarrollo edilicio y urbanístico que a todos enorgullece. Nos referimos, por desgracia, a la inseguridad que viven sus vecinos.

Hechos que hace algunos años sólo eran imaginables en grandes urbes, y que conocíamos por referencias o por ser tratados en el cine, hoy dejaron de ser problemas de otras latitudes y estamos padeciéndolos en carne propia.

Hace un tiempo, un accidente de tránsito ocurrido en los accesos a la capital sirvió para poner al descubierto una nueva modalidad delictiva: la agresión a automovilistas. Desde los puentes que atraviesan la autopista, se arrojan piedras y otros objetos que obligan al conductor a detenerse, circunstancia aprovechada para hacerlo víctima de una rapiña. Ultimamente, la Policía alertó sobre la liberación de un grupo de menores con antecedentes de pedreas a vehículos, recomendando a los automovilistas que tomaran precauciones al respecto. Tal advertencia ha provocado una respuesta explicable de parte de los ciudadanos, que entienden que es a la Policía que compete velar por la seguridad de la gente.

Como es natural, la población se queja de la falta de seguridad y reclama acciones enérgicas del Estado; de la Policía, mayor vigilancia; y de la Justicia, mayor castigo. Decimos que es natural porque es la reacción primaria del ciudadano común, a quien poco importa la etiología del fenómeno pues lo único que pretende es poder circular con su automóvil sin que nadie lo agreda. Aspiración perfectamente legítima.

Sin embargo, en su afán por exigir seguridad –algo a lo que incuestionablemente tiene derecho– el ciudadano medio no vacila en exigir la máxima dureza en la represión de los delitos. Que la Policía actúe con presteza y eficiencia y que el juez haga caer todo el peso de la ley sobre quienes infringen las normas de convivencia. En estos días un lector reflexionaba sobre la paradoja que significa que la Policía, en vez de brindarnos protección nos aconseje protegernos por nuestros medios. Del mismo modo señalaba como absurdo que los vecinos se vieran obligados a enrejar sus viviendas para protegerse de los cacos en lugar de encerrarlos a éstos.

En definitiva, tanto da que enrejemos nuestras casas o que encerremos a los delincuentes tras las rejas de una prisión; en los dos casos, estamos levantando una barrera para separar a los habitantes del país en dos grupos: quienes están en condiciones de respetar las leyes (porque tienen trabajo, ganan un sueldo decoroso, tuvieron una educación conveniente) y aquellos que las transgreden porque se criaron en los cantegriles, se formaron en la calle, no tienen trabajo, y no están capacitados para lograrlo. Estos últimos prácticamente no tienen opción. ¿Es esa la solución? ¿Mantener a los excluidos por el sistema al margen de la sociedad de manera que no cometan tropelías contra el otro grupo?

Es opinón casi unánime entre los penalistas que la cárcel, como respuesta del Estado a los infractores, es no ya inoperante sino incluso contraproducente. Por ello, una auténtica política de Estado para combatir la delincuencia no debe limitarse a construir cárceles. Debe apuntar a las causas del fenómeno, lo que implica en primer lugar una mejora sustancial de las condiciones materiales de la población. Y luego, llevar a cabo una tarea verdaderamente educativa mediante la cual se pueda volver a insertar en la comunidad a aquellos que la propia sociedad excluyó.