Con el ALCA en el horizonte

La reunión de los treinta y cuatro vicecancilleres de América que se realiza en Buenos Aires como instancia previa a la III Cumbre de América que tendrá lugar dentro de 15 días en Québec, ha colocado nuevamente en el tapete la cuestión de las relaciones económicas internacionales.

Decenas de organizaciones sociales de la región y miles de manifestantes convocados por las centrales obreras argentinas expresaron su repudio al avance de las negociaciones para la constitución de una gran Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La iniciativa norteamericana en esta materia ha sido retomada con entusiasmo por la nueva administración presidida por George Bush, quien ha anunciado su propósito de que el pacto que instalaría la libertad de comercio de un extremo a otro del continente, de Alaska a Tierra del Fuego, se adelante de 2005 a 2003.

La discusión del tratado encuentra al Mercosur, y a nuestro país dentro del Mercosur, en medio de grandes dificultades. Lejos están los tiempos de las doradas ilusiones que tanta seducción supieron adquirir. La pregonada «apertura para los productores uruguayos de un mercado con 200 millones de consumidores» se ha transformado, por ejemplo, en las dificultades que enfrentan las exportaciones uruguayas de arroz al Brasil o las trabas impuestas a las exportaciones de la empresa Motociclo a la Argentina.

Esto sin entrar en los cuestionamientos más generales que se han expresado en las inflexiones impuestas por el nuevo hombre fuerte de la economía argentina, Domingo Cavallo, referidas al arancel externo común.

La idea –por demás razonable– de enfrentar la acometida norteamericana desde una posición común de los países del Mercosur tropieza con grandes obstáculos y el Presidente de la República se ha apresurado a mostrarse como un partidario entusiasta e irrestricto de la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas.

Los anuncios realizados en este terreno, sumamente discutibles, vienen a reafirmar una línea impulsada por los sucesivos gobiernos blancos y colorados en lo atinente a las cuestiones derivadas de la firma del Tratado de Asunción en 1990.

Allí se apeló reiteradamente a la figura retórica de «las políticas de Estado» para encarar los sucesivos avatares que conllevaba el proceso de integración «mercosuriana».

La intención declarada era que el conjunto de los partidos –y no sólo los que estaban en el gobierno– participaran en el delineamiento y en la adopción de decisiones referidas a la política externa del país. Esta búsqueda de consensos nacionales para la política exterior nunca tuvo lugar, o no lo tuvo para las cuestiones decisivas, en los diez años que han trascurrido de la firma de los acuerdos de Asunción.

Algo aún más pronunciado en esa línea de exclusión está ocurriendo ahora con el empuje presidencial a favor del ALCA.

Esta propuesta norteamericana ha venido levantando una oposición cada vez más enfática y extendida en toda la región. Con toda razón, las organizaciones sociales representativas del mundo de trabajo advierten acerca de los resultados en materia de empleo que un tratado como el que se viene discutiendo tendría como resultado. La experiencia mexicana, en ese sentido, ha quedado plasmada a partir de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, con el crecimiento en picada de la desocupación.

No sólo las organizaciones obreras han mostrado su desaprobación, también los productores y organizaciones empresariales. Sin llegar a la posición que se va perfilando en Brasil, donde hasta el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se muestra contrario a los plazos y modalidades que impulsan los EEUU, en distintos países de la región se han alzado voces que señalan las devastadoras consecuencias que sobre los aparatos productivos de los países más débiles tendría una política de libre comercio con la poderosa y expansiva economía norteamericana.

En ese contexto, cuando todo parece indicar que hay sectores dirigentes que están dispuestos a hacer marchar a los pueblos casi a ciegas hacia el abismo, adquieren pertinencia las propuestas de discutir la incorporación al ALCA como una gran preocupación nacional y decidirlo en un plebiscito, como han planteado las organizaciones sindicales.