Al límite

Danilo Albín – Canelones

 

IPSA está ubicado en una zona alejada del centro de Pando, una localidad que durante los últimos meses ha sufrido el cierre de varias fábricas, lo que agravó la crisis comercial y trajo aparejado el crecimiento de los barrios marginales que rodean la, alguna vez llamada, «ciudad industrial».

Aproximadamente nueve meses atrás, este frigorífico fue visitado por varios medios de prensa capitalinos interesados en conocer los motivos por los que sus propietarios habían decidido paralizar la producción y enviar a la totalidad de los trabajadores al seguro de paro. Las importantes deudas mantenidas con instituciones bancarias que se arrastraban desde la administración de los anteriores dueños fue la razón esgrimida por los empresarios.

Actualmente la planta no tiene luz, teléfono ni agua. Ayer, el dirigente de la Federación Obrera de la Carne (Foica), Luis Centurión, afirmó a LA REPUBLICA que en diciembre pasado surgió la posibilidad de arrendar el frigorífico a capitales nacionales que se mostraron interesados. Sin embargo, los posibles arrendatarios no estarían dispuestos a enfrentar las millonarias deudas existentes con varias instituciones financieras y organismos públicos, entre ellos la Dirección General Impositiva (DGI).

Según explicó, en las últimas horas venció la prórroga de 90 días del seguro otorgada a las dos centenas de funcionarios. Ante esa situación, el pasado martes Centurión y dos representantes de la comisión de conflictos del PIT-CNT se entrevistaron con el director de Trabajo, Gonzalo Irrazábal. «Aquí corren peligro las fuentes de trabajo», alertó el sindicalista, destacando que la solución «pasaría por una decisión política» que determine la condonación de las deudas a nivel estatal.

 

Discriminación

Además de las dificultades laborales que enfrentan desde el pasado año y que podrían agravarse en los próximos días, la mayoría de los obreros de Ipsa fue contagiada de brucelosis, una enfermedad transmitida por los cerdos (brucelosis porcina) y originada por una bacteria del género brucella.

Centurión aseguró que de 256 casos de esa afección registrados por el Banco de Seguros del Estado (BSE) a nivel nacional, 120 pertenecen a la actual planilla de personal del frigorífico pandense. Esa cifra, indicó, aumenta si se tiene en cuenta a varios empleados que en los últimos años debieron jubilarse por sus problemas de salud. Tales índices se deben a la faena de cerdos contaminados que durante varios años ingresaron a Uruguay a través de la frontera. A su criterio, la infraestructura edilicia –áreas estancadas sin ventilación– del Ipsa permitió que la enfermedad se propagara rápidamente.

El gremialista indicó que los trabajadores enfermos que intentan obtener trabajo en otro frigorífico son sometidos a un análisis de sangre, cuyo resultado determina que sean rechazados por los empresarios. Para Centurión, esos análisis sanguíneos son «inconstitucionales», pues significa que las personas que padecen brucelosis sean discriminadas.

 

Sin medicamentos

Asimismo, adelantó que el secretariado ejecutivo del PIT-CNT solicitará audiencias al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP) para analizar las situaciones de los funcionarios afectados, quienes quedarían sin cobertura médica al caducar un convenio realizado entre la empresa y una mutualista de Pando.

Centurión señaló que en el marco de esas conversaciones, la Foica propondría realizar un censo para saber cuántos trabajadores fueron afectados de brucelosis, dado que la lista del Banco de Seguros «no coincide» con la del MSP.