"Dios no nos escuchó"

Mario Delgado Gerez

 

» Papi, ¿dónde dormimos esta noche?», preguntó un niño. «En la calle m’hijo», fue la respuesta.

» Y ustedes ¿qué van a hacer ahora?», le preguntó LA REPUBLICA a uno de los desalojados. «No sé, por ahora vamos a levantar el rancho en la calle. Después veremos», fue la respuesta.

Estas dos frases se repitieron ayer, constantemente, mientras los ocupantes del predio ubicado en el barrio NuevoLecocq desarmaban sus precarias viviendas hechas con costaneros y cartón, las quemaban o, en un momento de rabia y amargura, arrancaban de cuajo las débiles paredes de los ranchos que construyeron hace dos meses.

Una decisión judicial determinó que 119 familias debían abandonar el predio donde habían levantado sus viviendas en forma ilegal. Las 15 horas de ayer era el tiempo límite según lo dispuesto por el juez Roberto Timbal. Por eso durante la mañana y las primeras horas de la tarde todo era frenesí en el terreno de 37.200 metros cuadrados que pertenece a la congregación de Hermanas del Huerto del Colegio San Luis, ubicado en Lecoq y Edison.

Vecinos y curiosos se agruparon en la calle para ver qué sucedería a la hora marcada para el desalojo.

Pasada las tres de la tarde, un patrullero y una camioneta celular de la Seccional 21ª se hicieron presentes en el lugar.

Del primero de los vehículos descendió el titular de la comisaría, Alvaro Vergara, junto al subcomisario y un sargento.

Alguien que conocía a Vergara dijo: «Este es un tipo que sabe de esto y de los problemas sociales de la gente».

Como que con su presencia estaba avalando que nada duro podía suceder contra los ocupantes del predio.

«Si me permiten, después quiero hablar con los 14 procesados. Ahora voy a cumplir con el mandato judicial», dijo el jerarca policial apenas se enfrentó con los desalojados.

Acto seguido caminó por el predio para recabar datos de quienes aún permanecían allí desmontando sus viviendas.

 

Testimonios

En la calle, donde se había reunido la mayoría de las familias que ocupaban el terreno, vecinos y curiosos, se escuchaba todo tipo de comentarios, mientras Walter Martínez, «el brasilero», uno de los 14 procesados sin prisión por el delito de usurpación de propiedad privada, al igual que su señora e hijo, repartía un guiso de arroz, cocinado en una olla de hierro.

«Yo hace cuatro meses que estoy en Montevideo. Me vine de Artigas después del problema de la aftosa y del contrabando. Ahora trabajo en la construcción pero creo que el lunes ya estoy sin laburo por todo esto».

Patricia Barrios estaba desarmando su vivienda de costanero cuando LA REPUBLICA llegó al lugar. Momentos antes la Policía le había tomado sus datos.

Patricia está embarazada de seis meses y vivía el momento con indisimulada amargura. «De aquí me iré para la casa de mi madre, que vive en Conciliación. La cosa aquí estuvo bastante embromada, con muchos problemas. No hay otra que aguantárselas, pero creíamos que acá estaba la solución a nuestro problema de vivienda», narró.

Antonio Acevedo, cabizbajo y solitario, parecía buscar una explicación al drama.

Acevedo vino de Solís de Mataojo. Tiene cuatro hijos, de 4, 5, 6 y 7 años, que van a la escuela de Colón. No tiene trabajo fijo, por lo que vive de changas. «Lo que gano no alcanza para el alquiler, por eso me metí acá. ¿Qué hago ahora?», se preguntó angustiado, para enseguida responderse: «Me voy a quedar aquí, levanto el rancho en la calle y ya está».

A todo esto, el oficial de Policía Vergara ya había terminado con la recorrida por el terreno. En la calle dialogó con una de las familias, que desde ayer decidió levantar su rancho en la acera, pero no conversó con los procesados. Después se subió al patrullero y se fue.

En la calle, que se había convertido en el centro de todas las opiniones de los que ocupaban y de los curiosos, los más chiquitos dormían en improvisadas camas.

En el predio aún permananecían en pie algunos ranchos ya sin ocupantes o en otros casos solamente su esqueleto. «Dios, que creíamos que era quien repartía justicia, no nos escuchó.

Queríamos otro tipo de solución y no que nos echaran del terreno, dejándonos sin techo. Parece que nadie de la clase política se acuerda de los desposeídos. Porque ningún sector político ni el gobierno se acordó de nosotros, como ha sucedido con tantos otros uruguayos», fue el lacónico comentario que disparó un amargado ocupante.

«Ahora hay que comenzar la lucha de nuevo, como lo hemos hecho tanta veces», aseveró.

 

Arana-Stirling

El intendente de Montevideo, Mariano Arana, señaló que en este caso «se estaba ante una situación irregular y donde hay decisiones judiciales no será el municipio ni nosotros» quienes las cuestionemos.

Consideró que «desgraciadamente» las intendencias en el Uruguay no tienen responsabilidades y competencias en lo que tiene que ver con la vivienda popular y aseguró que quisiera tener esa competencia como la tuvieron antes los municipios. Con la creación del Ministerio de Vivienda, la competencia estricta está ahora bajo esa órbita.

El intendente dijo, además, que no le dará la espalda al problema sino por el contrario buscará acuerdos con el Ministerio de Vivienda para que haya construcciones en tierras municipales aptas para poblar.

Por su lado, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, afirmó que la decisión judicial «fue realmente oportuna porque el derecho a la propiedad privada estaba siendo fisurado y los propietarios no tenían ningún respaldo frente a la expropiación».

De cualquier manera llamó a no entrar en el juego de qué derecho debe primar (el de propiedad o el de la vivienda) porque se entraría en un caos jurídico que no podemos permitir.

Dijo que hay que darle respaldo a los propietarios en su derecho de propiedad y también dar respuesta a aquellos que tienen necesidad de viviendas.

El ministro consideró que hay distintos componentes que hacen pensar que pueda haber organizaciones destinadas a promover este tipo de ocupaciones.