Rechazo a rebajas salariales pone en riesgo la estabilidad
Las rebajas salariales en el mutualismo alcanzaban hasta el 25% de los ingresos mayores de $40.000 de médicos y no médicos, según una de las 28 medidas surgidas del primer documento de la Comisión Multisectorial para superar la crisis mutual y mantener el empleo.
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), las Sociedades Anestésico Quirúgicas (SAQ), el Plenario de IAMC que nuclea a 16 entidades y la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU) que reúne a cuatro mutualistas, revelaron su desacuerdo con la rebaja salarial que se negociaba en la comisión.
Con esta nueva realidad «ahora no hay un convenio colectivo que impida que la mutualista pueda despedir funcionarios médicos y no médicos», dijeron distintas fuente ministeriales.
El primer documento consignaba que «la adecuación de la masa salarial será transitoria hasta que se logre un nivel de endeudamiento menor a dos meses del ingreso total de la IAMC y resultados económicos positivos. También las mutualistas deberán asumir un compromiso de estabilidad laboral, por el período de vigencia del acuerdo, es decir, que no se podrá despedir a ningún funcionario».
La oposición
En respuesta a ese primer informe, el jueves pasado el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay votó por unanimidad retirarse de la Comisión por considerar que las medidas para superar la crisis giraban «sólo en torno a las rebajas salariales». No obstante, fuentes del gremio médico señalaron a LA REPUBLICA que «en parte se llegó a esta resolución debido al advenimiento de las elecciones en el SMU», que se celebrarán el próximo 31 de mayo.
Cirujanos y anestesistas también ratificaron su oposición a las rebajas salariales. Adujeron que «no son responsables de la crisis», por tanto la consultora que los representa en la Comisión, «asiste de oyente porque no hay nada que discutir», dijo la semana anterior a LA REPUBLICA su ex presidente, Gustavo Bogliachini. Además las Sociedades Anestésico Quirúrgicas habían manifestado la intención de plebiscitar la medida de adecuación salarial –entre los médicos de su sector– si tal disposición se pactaba en la Comisión.
Con un Plenario de IAMC y por lo menos una de las grandes instituciones que integra la Unión de la Mutualidad del Uruguay en contra, el punto de las rebajas salariales o adecuación no fue acordado, fundamentándose que «el tema salarial no se debería discutir en la Comisión».
Por su lado, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), si bien señala que las rebajas salariales no deben ser el camino de solución, no impugnó frontalmente las reducciones tal como estaban previstas en el documento original de la comisión multisectorial, porque básicamente afectaban a quienes tienen mayores ingresos.
Paradoja
Cinco de las seis mutualistas en riesgo de cierre «están encaminadas para salvar sus puestos de trabajo, mediante la complementación de servicios hacia una posible absorción», expresaron fuentes del MSP.
Sin embargo, en el resto de las instituciones «no están garantizados los puestos de trabajo, porque no hubo acuerdo en el ámbito del Ministerio. Las mutualistas podrían decidir recortar fuentes de trabajo, ya que en algunas instituciones la masa salarial representa el 70% del presupuesto aunque también, obviamente, podrá recortar otros rubros».
Eliminación
Sobre la contramarcha que parece haber dado el MSP al haber incluido el tema salarial primero y luego haberlo retirado, jerarcas ministeriales respondieron que «no se trata de una marcha atrás en el entendido de que el MSP no impondrá soluciones. Si no se llegó a un acuerdo el punto se saca», señalaron.
Hoy terminarían de discutirse los otros aspectos del documento original que en un principio contó con el beneplácito de las partes en lo referente al modelo asistencial y el de gestión. En cuanto a las condiciones para redistribuir el personal en caso de absorciones y/o eventuales cierres, los distintos sectores resolvieron dar prioridad a los funcionarios no médicos que perciban hasta $6.000 y médicos que ganen hasta $10.000. En segundo lugar, redistribuir a los no médicos que perciban entre $6.000 y $36.000 y médicos que tengan un salario entre $10.000 y $36.000. Por último, reubicar a los funcionarios que ganen más de la última cifra.
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