El intendente Chiruchi está dispuesto a no renovar el contrato

Advertencia a Trenal SA

San José

 

La situación planteada entre Trenal y la Intendencia de San José, que aplicó sanciones al constatar irregularidades en el cumplimiento de la norma que rigen el tratamiento de residuos hospitalarios, llevó al jefe comunal, Juan Chiruchi, a advertir que en el futuro, de repetirse el caso, está dispuesto a no renovar el contrato.

La multa impuesta por la comuna, que entendió que las «graves irregularidades» constatadas significaban un serio riesgo medioambiental, es de 70 unidades reajustables. El pago deberá efectuarse antes de cumplidos 30 días luego de que el martes pasado se le notificara la decisión del ejecutivo maragato a la firma, a través de un telegrama colacionado. Fuentes comunales y un comunicado de prensa difundido a los medios locales desmintieron enfáticamente la versión de Trenal SA, que manifestó «no haber sido notificada en forma legal de las actuaciones y situaciones dispuestas por la Intendencia» en su contra, puntualizando además que «se enteraron de la sanción a través de la prensa». La comuna respondió «que no son ciertas las afirmaciones efectuadas por Trenal SA», y aseguró que ésta tuvo conocimiento de la inspección realizada a una de sus unidades de transporte de residuos hospitalarios el día 22 de febrero. Además –señala el comunicado–, con fecha 12 de marzo, la firma «presentó los descargos correspondientes a través de una nota» dirigida al intendente Juan Chiruchi. «Todas las actuaciones administrativas señaladas surgen del respectivo expediente y acreditan fehacientemente que Trenal SA ha sido notificada correctamente y ha tenido conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la intendencia en legal forma y no exclusivamente por los medios de prensa».

 

Antecedentes

En su edición del domingo 18 de marzo, LA REPUBLICA informó que la empresa Trenal SA tenía a su cargo el transporte de los desechos de residuos hospitalarios del departamento de San José hacia Salto –donde se encuentra la planta de tratamiento final–, pero en su accionar fueron constatadas «graves irregularidades» por la comuna departamental. El estado de la cámara de refrigeración donde se debían colocar los desechos suponía «un grave riesgo sanitario para la población». El tiempo límite en que los mismos podían permanecer en ella violentaba también las estrictas normas del Ministerio de Vivienda, ordenamiento Territotial y Medio Ambiente. Por otra parte, la Intendencia también acusó a Trenal de negarse «a brindar la información requerida por los funcionarios municipales que participaron de la inspección efectuada y estaban evadiendo todos los controles». Tampoco el transporte inspeccionado contaba con la debida «identificación de cartelería que debe señalar su contenido, ni tenía programa de ruteo», declaró el intendente maragato.

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