Uruguayos desamparados

Las alarmantes cifras surgen de una investigación realizada por el equipo de la representación de los trabajadores del BPS y el PIT-CNT, que está contenida en un trabajo denominado «Informalidad y Seguridad Social en Uruguay», presentado ayer en Fesur.

El documento deja al desnudo una dura realidad. En la última década, creció en 100.000 el número de trabajadores sin cobertura, que pasó de 406.000 a 496.000 entre 1993 a 1999. Ello representa el 41% de la población económicamente activa.

Solamente el 7% de los trabajadores cuentapropistas sin local tiene cobertura de seguridad social, lo que significa que 68.000 están en situación de desamparo.

Que en Uruguay no existan más excluidos de la seguridad social fue el eje de las exposiciones que realizaron ayer los responsables y colaboradores de este trabajo, elaborado por el equipo en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social que encabeza Ernesto Murro y el Instituto Cuesta Duarte del PIT CNT. En la presentación del trabajo, Murro hizo un breve resumen de varios «nuevos problemas» que surgen a raíz de este estudio. Mencionó, en tal sentido, el aumento de la desprotección social para los mayores de 45 años en la última década, afirmando que el régimen de seguro por desempleo está protegiendo en igual período solamente a un 18% de los inactivos. El estudio plantea diversas propuestas para extender este beneficio a otros sectores, privilegiando a los trabajadores mayores de 50 años que quedan sin trabajo y tampoco pueden acceder a la jubilación. Las propuestas tienden a considerar la desocupación según zonas geográficas, niveles de desocupación e ingresos familiares y otras que involucran a trabajadores en situación de precariedad, que tienen como objetivo bajar a 30 los años exigidos para la jubilación y realizar modificaciones en las jubilaciones por edad avanzada.

Al mismo tiempo, se plantean propuestas para el sector cuentapropista, con el propósito de extender las partidas de asignación familiar y lograr la flexibilización de sus derechos jubilatorios.

El acto estuvo encabezado por Ernesto Murro, el representante de la OIT, Oscar Hermida, los intendentes de Montevideo, Río Negro y Rocha, el presidente honorario del PIT-CNT, José D’Elía y Fernando Pereira de la central sindical, Martín Buxedas de Ciedur, Heinz Bongartz, director de Fesur, los decanos de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, Miguel Galmés y Jorge Landinelli y el economista Daniel Olesker.

Estuvieron presentes, asimismo, el vicepresidente del Banco de Previsión Social, Armando Quisique, el representante de los empresarios en el BPS, Roberto Acle, los diputados Julio Lara y Beatriz Argimón, y diversos representantes de organizaciones sociales. Los proyectos, concretados con la colaboración de la Universidad, la OIT, el instituto Ciedur y diversos profesionales entendidos en la materia, refieren a un trabajo sobre Uruguay que aborda tres sectores específicos de actividad como el servicio doméstico y la construcción.

El estudio muestra que el 36 % de los trabajadores asalariados no está amparado por la seguridad social y cuando son cuentapropistas, la no cobertura alcanza al 95% de los obreros.

También se plantea reformular el sistema de seguridad social para el sector doméstico, en el que se ha visto que solamente el 23% tiene servicio de salud. Para eso, proponen la creación de un régimen de salud y otro jubilatorio.

La investigación, que intenta dimensionar y calificar al sector informal con la intención de identificar las condiciones de cobertura de la seguridad social de los trabajadores del sector, muestra que los problemas de empleo aumentaron en la década, incrementándose del 50% de la PEA (Población Económica Activa) al 54%, lo que denota problemas de carácter estructural. El desempleo abierto ha crecido estructuralmente y es la variable más sensible a los ciclos recesivos. A su vez, el subempleo es de menor magnitud y tiende a comportarse en los ciclos siguiendo a los movimientos del desempleo. El documento concluye que el servicio doméstico es un sector que presenta problemas de diversas dimensiones: se combinan la precariedad laboral, el subempleo, la insuficiencia de ingresos, la escasa protección legal y la baja cobertura efectiva de seguridad social. El sector de trabajadores dependientes privados precarios combina falta de protección de la seguridad social con niveles de ingresos que se ubican en el 64% del promedio de ingresos de la economía. El 42,5% de este colectivo se ubica en microempresas, en que el 58% de los asalariados son precarios, principalmente por falta de cobertura de seguridad social. La realidad imperante, sostiene la investigación, son las relaciones de trabajo atípicas en el marco de la disminución del papel de los sindicatos.

Advierten en tal sentido, la creciente no efectivización de resultados en los expedientes de denuncias por irregularidades por parte de los organismos responsables, la cooperativización forzada con pérdida de derechos laborales y de seguridad social, el cuentapropismo disfrazado, la supuesta temporariedad y tercerización, el zafralismo disimulado, los contratos sin registro, los pasantes y becarios permanentes, la violación de los convenios colectivos y la reducción de sus beneficiarios.

Estudios del BPS estiman en 343.000 los trabajadores no registrados, pese a considerar como nula la evasión en el sector estatal, lo cual aparentemente es relativo.

 

Propuestas

Las medidas propuestas incluyen ampliar la cobertura obligatoria de los regímenes contributivos, promover la cobertura voluntaria de estos regímenes mediante las subvenciones públicas, establecer prestaciones o servicios universales financiados por los presupuestados del Estado, establecer prestaciones o servicios sujetos a una comprobación de los recursos, asistencia social o ampliarlos si ya existen, con cargo al presupuesto del Estado.

Propone cambios en la normativa para disminuir el desempleo, modificando la redacción del Decreto Ley 15.180 de 1981.

En cuanto a los trabajadores precarios, sugiere modificar las «rigideces» que incorporó la Ley 16.713, en cuanto a la adquisición de derechos, en particular la exigencia de 35 años de trabajo, que a entender de los autores del trabajo debe ser revisada.

También se propone el incremento a 15 años de trabajo y la edad de 70 años, para acceder a la jubilación por edad avanzada.