Contra el plomo

Nicolás observa, abrazado a su abuela Rosa, cómo el fuego consume lentamente las cubiertas colocadas por los vecinos en la intersección de Carlos María Ramírez y Rivera Indarte, en protesta ante lo que, a esta altura, es considerado como «alerta ambiental». A pocos metros, un camión cisterna del Cuerpo de Bomberos se dispone a apagar el foco ígneo.

Nicolás posee el triste privilegio de ser uno de los protagonistas no deseados de una historia que mantiene en vilo a esta populosa barriada. Los resultados del examen de plombemia realizado en el menor detectaron 55 miligramos del metal por decilitro en su torrente sanguíneo. Y apenas tiene nueve años.

«La solución que nos proponen es que nos mudemos. ¿A dónde nos vamos a ir? Somos familias de bajos recursos», señala la abuela Rosa, mientras abraza a su nieto.

Otra vecina se acerca y acota: «Los niños de La Teja no son mariginados. En muchos barrios nos están mirando de otra manera. Ellos son inocentes, no tienen la culpa».

El dramático pedido se produjo 24 horas después de que el Ministerio de Salud Pública, integrante de la comisión interinstitucional que estudia el tema, diera a conocer en la Comisión de Medio Ambiente de Diputados los resultados de los estudios de plombemia realizado a menores de 12 años.

La preocupación que reina entre los manifestantes es perfectamente entendible: de un total de 284 niños examinados, el 79% presenta índices de plomo por encima de 10 miligramos por decilitro de sangre, límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sesenta niños presentan un índice de 9 miligramos por decilitro; 138 tienen entre 10 y 14 ml./dl.; 61 entre 15 y 19 ml./dl.; 23 entre 20 y 44 ml./dl., mientras que a dos niños se les detectaron índíces muy por encima del resto: 47 y 55 ml./dl., respectivamente.

El malestar de los vecinos parte de las polémicas declaraciones realizadas por el director nacional de Salud, Eduardo Touyá, quien, según los entrevistados, habría señalado como pragmática solución que «se mudaran de la zona».

De hecho, la madre del pequeño de dos años al que se le detectaron 47 ml./dl del metal en la sangre piensa mudarse a San José.

El martes, tras la reunión de la comisión interinstiucional y su par de Medio Ambiente, Touyá declaró que la situación «no era grave» y que se estaba haciendo «todo lo posible».

«Que vengan las autoridades»

Nicolás vive en Tres Ombúes, entre Carlos Lettelier y Agustín Muñoz. El lugar es atravesado por la cañada «Jesús María», sugestiva denominación para una zona poblada por construcciones modestas y gente humilde.

Según los vecinos, por la cañada corren desechos de productos químicos utilizados por las curtiembres de Nuevo París, que podría ser una de las causas de contaminación por plomo. También se pueden encontrar ratas y víboras entre sus aguas.

«Somos pobres pero tenemos el derecho a vivir como seres humanos. Queremos que los políticos vengan y vean el foco de contaminación que esto. Nunca entubaron la cañada y cuando llueve nuestras casas se indundan completamente», afirma Salman Ton, otro de los vecinos.

Según su testimonio, las seis policlínicas habilitadas en La Teja para la toma de muestras de sangre no son suficientes.

«Se examina a razón de 15 niños por día. Ahora nos dijeron que en semana de turismo no van a realizar extracciones. Cuando terminen de examinar a todos los niños y comiencen con nosotros, los van a tener que llevar al Iname, porque los adultos vamos a estar todos muertos. Ahora quieren que nos vayamos y dejemos las casas», afirmó Ton.

«Nosotros ya estamos entregados», señaló Rosa López, «ahora pensamos en los niños que están contaminados. Dicen que les mejoremos la alimentación, cuando el pueblo está muerto de hambre. Estos no son terrenos expropiados, pagamos nuestros impuestos y de acá no nos vamos. Esperamos que las autoridades nacionales y municipales vengan a ver cómo vivimos».

En tanto, representantes de la Comisión de Vecinos de La Teja, que viene trabajando en forma coordinada con la comisión interinstitucional, fueron recibidos este lunes por la Comisión de Salud Pública del Senado.

Pedro Mareco, uno de los delegados de la comisión vecinal, hizo referencia a la zona delimitada, 1.200 metros, para la realización de los análisis y solicitó que este límite se extienda a un radio de 2.000 metros, con el objetivo de que la extracción de sangre alcance a la mayor cantidad de habitantes posible.

«Queremos que a todos se les practique el análisis, desde los niños hasta las personas mayores porque todos sabemos que a determinada edad el cuerpo humano es más débil. También pretendemos que se haga un relevamiento de las zonas marginales, en la que el problema ha avanzado mucho. Hacemos hincapié no sólo en las fundiciones, que ya se cerraron, sino también en Ancap, para que den muestras de que no contaminan. La vocera vecinal Milka Pereyra pidió a los legisladores que se investigue a las curtiembres de la zona, otra de las hipótesis que se viene manejando como una de las posibles causas de contaminación.

Pereyra señaló que el grupo vecinal recibió información en torno a que curtiembres de la zona estarían trabajando con cueros lanares procedentes del exterior del país, que es procesado y curtido con productos que contienen plomo.

«Queremos plantear que se investigue a fondo y se nos informe si esto es así para tomar medidas», concluyó.

 

IMM distribuirá leche calcificada

La comuna capitalina distribuirá en los próximos días 70.000 litros de leche en guarderías, escuelas públicas y merenderos ubicados en la zona afectada.

El lácteo será complementado con hierro y calcio, dos minerales recomendados para combatir el «saturnismo», nombre con que se conoce a la intoxicación por plomo.

En cuanto a las extracciones de sangre que se vienen realizando el intendente Mariano Arana sostuvo que los organismos públicos involucrados «aún no están con posibilidades de hacer un control absoluto y genérico. Es bien sintomático que casi un 80% de los niños cuya sangre ha sido analizada está superando por escaso margen los límites considerados admisibles. Las soluciones tienen que ser múltiples, pero primero tenemos que determinar las causas».

El director nacional de Medio Ambiente, Daniel Sztern, catalogó la situación como el tema ambiental «más grave» durante la actual administración.

Sostuvo que se continúan procesando los muestreos realizados en coordinación con el MSP, la IMM y la Universidad, organismos que integran la comisión interinstitucional.

Informó que ante la situación, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha alterado los cronogramas previstos en materia de inversión y dedicación de sus funcionarios. «Esta problemática es la prioridad número uno del Ministerio», enfatizó el jerarca ministerial.